Las feministas piden que se retrase la 'ley trans' para evitar errores como los del 'solo sí es sí'
FEMES y Contra el Borrado de las Mujeres piden al Gobierno que tome nota de lo ocurrido con la norma de Irene Montero y escuchen a los expertos en lo sucesivo
La ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Congreso de los Diputados. | Eduardo Parra (Europa Press)
Las feministas clásicas consideran que los efectos negativos de la ley del solo sí es sí, que ha derivado en una cascada de rebajas en las condenas por delitos sexuales, deberían servir de precedente para que el Gobierno de España retrase la tramitación de la ley trans. O incluso la retire. Así lo defienden en conversación con THE OBJECTIVE los dos principales colectivos: la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres y la Asociación Española de Feministas Socialistas (FEMES).
«Es dramático asistir a algo de lo que veníamos alertando durante meses, y es muy decepcionante constatar que realmente en aquel momento se desoyó a las voces expertas. Esto nos trae al presente, con la ley trans, porque durante meses llevamos alertando de sus efectos y no se nos está escuchando; ni a las feministas ni a los distintos sectores. Se está legislando de espaldas a la ciudadanía y a los expertos, sin escuchar a los profesionales que saben calcular las consecuencias que implican las leyes», denuncia Alicia Miyares, filósofa y escritora integrante de FEMES.
Una postura similar a la que adoptan desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que publicaba este miércoles un mensaje en Twitter denunciando que «se han ignorado las alarmas del movimiento de mujeres y despreciado las advertencias de juristas», pero informando en sentido positivo de que «en la ley trans aún hay tiempo»: «Haría bien Moncloa en rectificar antes de volver a equivocarse».
La periodista Carme Freixa, integrante de la alianza antes mencionada, lamenta que «todo lo que decíamos las plataformas feministas sobre la ley del solo sí es sí se ha cumplido», y que eso demuestra que «todo lo otro que denunciamos sobre la ley trans pasará»: «Todo lo que no iba a pasar va a pasar, porque no hay nada peor que cambios legislativos en nombre del nuevo terraplanismo: el transgenerismo».
Desde el Ministerio de Igualdad tildaron todas las advertencias respecto a la ley ya aprobada de «bulos machistas»; y en eso siguen aún cuando se ha demostrado que son ciertas. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha culpado de la rebaja en las penas por violación a la Justicia «machista» y «reaccionaria», y ha eximido de responsabilidad a una norma «magnífica». La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha desautorizado a sus socios de Unidas Podemos, y ha avanzado que la modificarán.
Alicia Miyares pide al Departamento que lidera Irene Montero que deje la «confrontación» y la «beligerancia constante», y que «asuma que no todo tiene por qué estar bien»: «Si aquello que ha sacado como ley tiene efectos adversos, tiene que tener capacidad, como declaró el PSOE, de revisar aquellos aspectos que realmente dejaban lagunas. Es cometido prioritario del Gobierno rectificar cuando han dejado lagunas para que suceda lo que está sucediendo». Y zanja: «No se puede legislar de espaldas a la ciudadanía y a los expertos, que son necesarios cuando plantean cuestiones adversas».
Efectos de la ‘ley trans’
¿Cuáles son estos efectos adversos de la ley trans? Los que ha venido advirtiendo THE OBJECTIVE a lo largo de estos últimos meses, y que han llevado a países como Finlandia, Suecia y Reino Unido a rectificar y dar marcha atrás en su legislación. Algunos tienen que ver con lo que Carme Freixa califica como «inseguridad jurídica», y que tiene que ver con la disolución de la Ley Integral de Violencia de Género o del deporte femenino, dado que se fundamentan en la división por sexos biológicos.
Pero los efectos que más preocupan a los expertos son los relativos a los tratamientos hormonales que se ofrecen a los menores de edad para completar la transición, ya que se emplean medicamentos que figuran como «no recomendados» para ellos en la ficha de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Concretamente, algunos agonistas de la GnRH (hormona liberadora de la gonadotropina) como la triptorelina y la leuprorelina.
Un reciente estudio publicado por Lesbians United, una organización lésbica con sede en Estados Unidos, demostró que los medicamentos que bloquean el desarrollo de la pubertad tienen consecuencias muy negativas en los menores. Entre ellas destacan las ligadas «al esqueleto, el sistema cardiovascular, la tiroides, el cerebro, los genitales, el sistema reproductivo, el sistema digestivo, tracto urinario, músculos, ojos y sistema inmunológico». Además, los agonistas de la GnRH «pueden ser perjudiciales para la salud mental y aumentar el riesgo de suicidio».
Por todo esto, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, ante la negativa del Ministerio de Igualdad a reunirse con ellas, planteó el pasado mes de septiembre llevar expertos (en los ámbitos de la Medicina, Psicología, Pediatría, Leyes, Biología, Estadística y otras áreas afectadas por la ley trans) a las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Desde FEMES, por otro lado, solicitaron en octubre al presidente Pedro Sánchez una reunión para solicitarle su paralización que aún no se ha producido.
Retraso en la ‘ley trans’
La postura del PSOE, según adelantó El Español y ha podido ratificar este medio, es la de incorporar a voces expertas a la tramitación parlamentaria de la norma, para contentar al colectivo feminista y rebajar algunos de sus puntos más polémicos. Esto podría postergar su concepción hasta febrero. Desde Unidas Podemos, sin embargo, creen que detrás de esta postura se esconde la intención de posponer la aprobación de la norma sine die, con el riesgo de que no llegue a ver la luz en esta legislatura.
Sea como fuere, no cabe duda de que la ley trans plantea mucho debate interno en el seno del PSOE, que podría tomar nota de lo sucedido con la ley del solo sí es sí para ser más prudentes con la próxima norma preconizada por Irene Montero. Por lo pronto, el Partido Popular ha presentado una avocación para que la norma no sea aprobada por la Comisión de Igualdad y tenga que volver al Pleno del Congreso de los Diputados.
