Teresa Ribera aboga por que el Supremo unifique doctrina sobre la 'ley del solo si es si'
La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, defiende que «jueces y tribunales deben determinar y fijar un criterio de interpretación»
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera | Alberto Ortega (Europa Press)
Las ministras socialistas Teresa Ribera y Raquel Sánchez han cerrado este viernes filas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al defender la necesidad de esperar a que el Supremo unifique doctrina sobre la aplicación de la ley del solo si es si, antes de adoptar otras medidas.
«Es un tema especialmente sensible. Es muy importante esperar a ver cómo se pronuncia el Supremo y cómo se unifica doctrina. El objetivo está claro, garantizar la máxima protección a las mujeres», ha explicado Ribera en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.
Respecto al coste político que pueda provocar para el Gobierno la reducción de penas a condenados por delitos sexuales, Ribera ha defendido «el compromiso del gobierno con la protección de las mujeres», que, según ha afirmado, «es incuestionable» y ha añadido que la voluntad del ejecutivo es «mantenerse en esa dirección».
«Esperemos que a ver qué es lo que ocurre en este pronunciamiento del Tribunal Supremo para reconducir a una única interpretación, la más garantista con las víctimas, y continuemos esta senda inmediatamente después, pero es precipitado buscar esa primera respuesta destructiva en relación con el Gobierno», ha añadido la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico y vicepresidenta del Gobierno.
La ministra Raquel Sánchez también defiende esa postura
Por su parte, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha rechazado, en una entrevista en La 2 y Radio 4, atribuir responsabilidades a los jueces por las rebajas de penas a violadores apelando a la entrada en vigor de esta norma.
Así, ha insistido en que la voluntad del Gobierno con esta nueva ley es tipificar como delitos conductas que antes no lo eran y ha considerado que «jueces y tribunales deben determinar y fijar un criterio de interpretación» que responda a la protección de las víctimas.
