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La Audiencia Nacional rechaza abrir una nueva pieza para investigar el patrimonio de Villarejo

Los magistrados ordenan al juez García Castellón indagar en las líneas de investigación ya existentes en la ‘operación Tándem’

La Audiencia Nacional rechaza abrir una nueva pieza para investigar el patrimonio de Villarejo

José Manuel Villarejo tras declarar en la Audiencia Nacional en junio. | Carlos Luján (Europa Press)

La Audiencia Nacional acota las pesquisas iniciadas por el juez Manuel García Castellón sobre los pagos y cobros de las empresas de José Manuel Villarejo. La Sala de lo Penal de este órgano judicial ha estimado parcialmente un recurso del comisario jubilado, por lo que rechaza abrir una nueva pieza específica y ordena al magistrado a indagar las líneas de investigación ya existentes en la operación Tándem. García Castellón incoó en septiembre una pieza separada, la 35, con el objetivo de averiguar el patrimonio del acusado tras los efectos intervenidos en uno de los registros y rastrear los pagos de posibles clientes.

En el auto emitido este viernes, y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal dan la razón al juez porque se trata de averiguaciones pertinentes, pero «no con la amplitud con que se concibe». Explican que, para acordar la práctica estas diligencias se requiere que el juzgado previamente realice una ponderación sobre la proporcionalidad y argumente la necesidad de las mismas».

«Por ello, y en aras de solventar la tacha de prospectivas o excesivas que se efectúa por los recurrentes, la resolución por la que se acuerda la apertura de la pieza global de averiguación patrimonial deberá ser revocada, debiendo el juzgado acordar en cada una de las piezas separadas ya existentes, en relación con los concretos hechos y el periodo temporal allí objeto de investigación, requerir un informe o certificación de la Agencia Tributaria», señala la resolución.

Las sociedades de Villarejo

El objetivo de la pieza que abrió García Castellón era verificar pagos y cobros a través de determinadas sociedades vinculadas a Villarejo en las diferentes piezas separadas que todavía se encuentran en fase de instrucción. La intención del magistrado era identificar las nueve sociedades identificadas en la órbita del comisario jubilado y requerir a la Agencia Tributaria el modelo 347 de todas ellas para conocer las operaciones que se realizaron entre los años 2004 y 2017.

La Audiencia Nacional no se opone a que se realicen diligencias para rastrear las transacciones, tan solo señala el procedimiento. Ese es el motivo por el que los magistrados de la Sala de lo Penal han ordenado revocar el auto que acordaba la apertura de la pieza global por parte de García Castellón. En lugar, le obligan a actuar «en cada una de las piezas separadas ya existentes, en relación con los concretos hechos y periodo temporal allí objeto de investigación».

Villarejo abandona la Audiencia Nacional en junio. | Foto: Carlos Luján (Europa Press)

La iniciativa de incoar la pieza 35 corresponde a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, a la que García Castellón solicitó una lista de todos los proyectos de Villarejo en los que existían indicios ilícitos. En ella figuraban 70 casos, aunque algunos no pasaban de ser meras propuestas. La relación se construye a partir del material que se encontró en la casa de Rafael Redondo, socio del comisario retirado, durante los registros efectuados en noviembre de 2017.

Durante el primer juicio por el caso Tándem, el inspector que dirige las pesquisas de Asuntos Internos reveló que todavía hay mucho material pendiente de revisión. Al avanzar en ese examen documental, los agentes se toparon con lo que describen como encargos de clientes privados que no estaban en el radar judicial, por lo que remitieron varios oficios policiales a la Audiencia Nacional para dar cuenta.

García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, señaló que los hechos puestos de manifiesto por Asuntos Internos en sus informes «presentan caracteres de delitos de cohecho y de descubrimiento y revelación de secretos». De momento se han identificado más de 80 nuevos proyectos.

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