El Estado lleva un año sin pagar la maternidad que la Justicia extendió a una madre soltera
La mujer consiguió ampliar el permiso por nacimiento de hijo tras una sentencia pionera. Su abogada achaca el retraso a la falta de personal en la Seguridad Social
Una madre coge en brazo a su bebé. | Jonathan Borba (Unsplash)
Ana (nombre ficticio) celebró la piel del oso antes de cazarlo. Una sentencia pionera en España le permitió ampliar su permiso de maternidad de 16 a 28 semanas por ser madre soltera. Sin embargo, un año después de que la sentencia se convirtiese en firme, la mujer no ha cobrado ni un solo euro de la prestación reconocida. Su abogada, Lydia Mora, lo achaca a la falta de personal que padece el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Ha presentado ya dos escritos al juzgado para que el fallo se haga efectivo.
Desde enero del año pasado, ambos progenitores pueden disfrutar de un permiso de 16 semanas por nacimiento de hijo. Las seis primeras, las inmediatamente posteriores al parto, la suspensión del trabajo es obligatoria para los dos. Estos pueden distribuir las 10 semanas restantes a su voluntad durante un año, especifica el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores.
La norma establece que ese derecho es individual y que no puede transferirse. Sin embargo, no hace ninguna referencia a las familias monoparentales. En las últimas semanas, en España se ha producido un goteo de sentencias que reconocen el derecho de las madres solteras a disfrutar de una extensión del permiso de maternidad para dedicarse a la crianza de sus hijos. La Convención de los Derechos del Niño y la UE estiman que lo contrario supondría una discriminación para los menores que no tienen dos progenitores.
La nueva maternidad
La primera sentencia en nuestro país se emitió en el País Vasco a finales de 2020. La mujer ganó en primera y segunda instancia, pero ahora el caso se encuentra en el Tribunal Supremo, que puede crear jurisprudencia. Ana, de 43 años, siguió sus pasos el año pasado. Un juzgado de lo Social le dio la razón en abril, pero la Seguridad Social recurrió la sentencia, que fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en octubre.
Un mes más tarde, el fallo se convirtió en firme. Sin embargo, el organismo público aún no le ha pagado los casi 10.000 euros que le fueron reconocidos. Su abogada, Lydia Mora, letrada en Gran Vía 63, considera que esta demora es «inaceptable». Ha protestado elevando dos escritos al juzgado para pedir que el Instituto Nacional de la Seguridad Social cumpla con la sentencia, la primera en junio y la segunda en octubre.
En el último auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la letrada no solo manifiesta su «disconformidad» con la situación, también solicita «que se identifique al funcionario que tramita el procedimiento». «La respuesta que ha dado la Seguridad Social es que la prestación se abonó. Lo que ha pagado es una parte de la cuantía que le corresponde por la segunda hija que ha tenido en este tiempo mi clienta», explica Mora.
El organismo público achaca que su incumplimiento se debe a que Ana ha suspendido el contrato de trabajo en los 12 meses inmediatamente posteriores al nacimiento de su hijo. Sin embargo, esta madre soltera esgrime que tiene dos hijos y que ha solicitado una excedencia de su puesto tras el nacimiento del segundo vástago. La prestación por maternidad reconocida y aún sin abonar pertenece al primero.
Colapso de la Seguridad Social
«Con esas alegaciones, el Instituto Nacional de la Seguridad Social parece que quiere hacer un nuevo juicio. El fallo es firme desde noviembre del año pasado», insiste la abogada. Mora afirma que el organismo público confunde la fecha de nacimiento del primer hijo con el del segundo, «que nada tiene que ver con la sentencia que nos ocupa». En el escrito al juzgado, pide que este traslade el escenario que sufre su clienta al Ministerio Fiscal y que se estime el pago de los intereses de demora.
La situación que vive la Seguridad Social es delicada. De hecho, los sindicatos se han concentrado este viernes frente al Ministerio de Inclusión para denunciar «el deterioro del servicio público». Afirman que el ente público está a punto de colapsar y que es incapaz de tramitar gestiones básicas de 20 millones de afiliados, 10 millones de pensionistas y 1,4 millones de empresas.
El problema no es nuevo. Los trabajadores alegan que falta personal, ya que la plantilla apenas cuenta con 25.500 efectivos, mientras que hace una década superaba los 30.000. De ahí que se produzcan retrasos en la atención con cita previa y «demoras de tres meses en la gestión de la jubilación y el cobro de prestaciones».
En el caso de Ana, la dilación alcanza el año, aunque las fuentes consultadas señalan que pueden existir otros motivos, ya que la Seguridad Social «está recurriendo todos los procedimientos» que interponen las madres solteras para disfrutar de una ampliación de los permisos de maternidad, al no existir una pareja que pueda suplirla.
En España existen casi dos millones, el 81% constituidas por madres solteras. Llevan años reclamando la extensión de sus permisos remunerados de maternidad porque, en caso contrario y como afirma la UE, se está discriminando a aquellos menores que no cuentan con dos progenitores. Un modelo de familia que «no está regulado ni es visible», lamentan las asociaciones.
En 2020, casi 40.000, lo que supone el 10% de todos los nacimientos y adopciones que se produjeron en España, según el Instituto Nacional de Estadística. Si al Estado cada permiso le cuesta una media de 10.000 euros, como el de Ana, eso significaría que España debería dedicar una partida extra de 400 millones de euros a este cometido. Pero no son solo los cuidados del niño, también es la protección laboral y económica del colectivo.
