PP, Cs y Vox cargan duramente contra la «tropelía» de Sánchez: esperan que la UE actúe

Los nombramientos del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y de la asesora de La Moncloa, Laura Díez para el Tribunal Constitucional han despertado el recelo de gran parte de los partidos de la Congreso de los Diputados, sin importar si forman parte de la oposición o si son socios parlamentarios del Gobierno. Los más duros han sido PP y Ciudadanos, que han señalado que la «tropelía» del Gobierno irá acompañada de una respuesta por parte de la Unión Europea.

El vicesecretario general institucional del PP, Esteban González Pons, ha considerado que ambos candidatos «no son idóneos» para formar parte del Tribunal Constitucional (TC), porque les considera «enviados del Gobierno» para «colonizarlo».

González Pons, que negoció de forma fallida con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, la renovación de este órgano, ha señalado en una entrevista en Onda Cero su objeción a los dos juristas que la Moncloa ha confirmado que propondrá para el Constitucional. Al dirigente popular le parece que son «dos miembros del Gobierno entrando a cumplir una misión en el Tribunal Constitucional, que es salvaguardar la legislación del propio Gobierno», aunque Campo dejara el cargo de ministro hace año y medio.

Una respuesta de Europa

Pons ha señalado que espera que la Unión Europea reaccione y ha advertido de que si son nombrados «tendrán que abstenerse» ambos en las deliberaciones del Constitucional que atañan a las decisiones del Gobierno.

Pons ha dicho que el Gobierno envía a Campo al Constitucional para que sea un «sheriff», lo que va, a su juicio, en contra de la separación de poderes, porque, ha dicho también, lo envía «como un explorador para colonizar» el tribunal, «haciendo entrismo en otro poder del Estado».

Bravo lo relaciona con el CGPJ

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha señalado que quizás ahora entienden por qué el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no quería» el acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, y es que este «hubiera limitado estos nombramientos» del Gobierno para renovar sus magistrados del Tribunal Constitucional.

Ha recordado que el «pacto de regeneración y de reforma» de la Justicia que presentó Alberto Núñez Feijóo para lograr un acuerdo con el Gobierno para renovar el órgano de elección de los jueces planteaba, entre otras cuestiones, una mayor independencia.

En estos términos se ha expresado el dirigente ‘popular’ en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press. «Lo que cualquiera puede ver es que, en primer lugar, con el tema de la sedición todo el mundo o gran parte de la sociedad ha entendido el planteamiento del presidente Feijóo, que proponía un pacto por la justicia, y una de las cosas que planteaba es la independencia. Creo que con estos nombramientos va en sentido contrario», ha señalado Bravo.

Bravo ha subrayado que incluso el CGPJ está pidiendo al Ejecutivo que le retorne aquellas competencias «que le han sido privadas para que no solo se limite al ámbito del TC, sino al general». «Creo que estas decisiones ponen de manifiesto cómo entiende un partido la forma en la que debería ser la justicia y la que tiene otro», ha añadido.

Ciudadanos, contra la «tropelía» del Gobierno

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, considera «una tropelía» que el Gobierno haya nombrado al exministro de Justicia Juan Carlos Campo para convertirse en nuevo magistrado del Tribunal Constitucional y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar «desguazando la democracia para convertirla en su propia terminal política.

«Se desjudicializa la política politizando la Justicia, este trabalenguas debe ser lo que está en la mente del Gobierno», ha denunciado Bal en una rueda de prensa en el Congreso, en la que ha criticado que, «con el carné del PSOE en la boca» Campo pasará directamente del Ministerio de Justicia a la Audiencia Nacional y ahora vaya a recalar en el Constitucional. «De cumplir órdenes en la Moncloa a cumplir órdenes en el Constitucional», ha resumido.

En este contexto, ha apuntado que Sánchez va a «pasar a la historia» pero no por haber sacado a Franco del Valle de los Caídos sino por ser el «presidente más nocivo para la democracia y la división de poderes». «¿Hasta dónde puede llegar para mantenerse con comodidad en el poder este año que queda de legislatura?», se ha preguntado.

Vox pide que el PP «tome distancias»

Vox se ha sumado a la oleada de protestas contra esta decisión unilateral de la parte socialista del Gobierno. En rueda de prensa, Iván Espinosa de los Monteros ha asegurado que el Ejecutivo trata de «manipular» la institución y ha pedido al PP que no firme ningún acuerdo con el ellos.

«Invocamos al PP a que empiece a tomar un poco más de distancia con este Gobierno», ha reclamado a los de Alberto Núñez Feijóo acusando al Ejecutivo de coalición de no dejar ninguna institución «por manipular».

«Es cada vez más evidente este PSOE tiene aires totalitarios y desea controlar todos los órganos de nuestra democracia», ha alertado tras la decisión del Gobierno. Abascal también ha reaccionado a esta información a través de un tweet en el que ha afirmado que «el exministro de Justicia, el mismo que redactó los indultos a los golpistas, ahora es colocado en el Constitucional».

«El autócrata sabe que solo podrá destruir España si destruye la independencia de todas las instituciones que aún quedan en pie. Solo cabe una oposición frontal», ha zanjado.

Los socios de Sánchez recelan de la medida

Dentro de la propia coalición existen recelos acerca de los nombramientos del PSOE. La elección de Campo es, para Unidas Podemos, una «puerta giratoria» para el exministro de Justicia. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha asegurado que el nombramiento del exministro Campo y de Díez para el Tribunal Constitucional (TC) es una decisión unilateral del PSOE, que ha calificado de «contrasentido» y un ejercicio de «puerta giratoria».

Así lo ha trasladado en rueda de prensa en el Congreso para informar que el ala socialista del Ejecutivo informó a «última hora» de ayer de estas dos propuestas al tribunal de garantías, que no es fruto de un pacto de la coalición y no han participado en esa deliberación.

En THE OBJECTIVE te hemos desvelado que la advertencia del PSOE fue una decisión unilateral comunicada «después de la medianoche» y en la que la cuota socialista del Gobierno ninguneó a Podemos negándose a pactar internamente los nombramientos con el socio minoritario. 

«El PSOE está tensando demasiado la cuerda», dicen fuentes moradas, que han mostrado malestar por el nombramiento de Campo que, a su juicio, evidencia que «lo que vale para el PSOE no vale para Podemos» porque el perfil político fue el argumento que blandieron desde el PSOE para descartar el nombramiento de la delegada del Gobierno para la violencia de género, Victoria Rosell.

Por tanto, ha considerado que es era un «paso necesario» que el Gobierno haya decidido «cumplir la ley» y plantear a dos magistrados del TC, que debía haberse efectuado en septiembre tras la reforma ‘exprés’ del Ejecutivo.