Sánchez pide a ERC que tome la iniciativa para reformar la malversación antes de 2023
El partido independentista estudia presentar una enmienda a la reforma de la sedición y que el texto definitivo se vote la última semana de diciembre
ERC tiene el compromiso de Moncloa de emprender una reforma del delito de malversación antes de que finalice este año. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es partidario de llevar a cabo una modificación de este delito en los casos en los que no exista lucro personal ni de terceros, pero con la condición de que no se demore hasta el último año de legislatura. Fuentes de ERC consultadas por THE OBJECTIVE explican que el jefe de Gobierno quiere que la última etapa de la legislatura se centre en la «recuperación económica» y evitar que «Cataluña vuelva a incendiarse», ya que el cambio del delito de malversación beneficiará a decenas de ediles y cargos de ERC que tienen juicios abiertos por este delito en los juzgados 13 y 18 de Barcelona.
Desde el Gobierno hace tiempo que intentan reivindicar su gestión -en contraposición a la del anterior Ejecutivo del PP- con la afirmación de que han contribuido a «desinflamar Cataluña». Y la consigna del presidente es llegar a 2023 sin imprevistos y exhibiendo estabilidad. A diferencia de hace unos meses, Sánchez ya no esconde sus alianzas con ERC o EH Bildu y busca que esta eventual reforma de la malversación se interprete como una consecuencia de la deliberación parlamentaria. Aunque desde Moncloa negaron esta posibilidad, como ya ocurrió con los indultos o la sedición, los pronunciamientos públicos de los portavoces del PSOE y del mismo presidente pueden dar a la cuestión un vuelco de 180 grados en cuestión de horas.
ERC debe «tomar la iniciativa»
Las negociaciones van en la dirección de que ERC «tome la iniciativa» de esta reforma, ya que Unidas Podemos, en su estrategia de desmarcarse de Yolanda Díaz, no parece estar por la labor y una parte del PSOE tampoco se siente muy cómoda con la posibilidad de que sea su partido quien lidere esta modificación del Código Penal.
Como informó este periódico, el líder del PSOE andaluz y senador Juan Espadas envió una directriz interna a sus 61 parlamentarios para impedirles firmar el indulto a Griñán. Una parte del partido teme que les pueda pasar factura de cara a las elecciones municipales. En cambio, si se convierte en una consecuencia indirecta de reformar la malversación, puede ser más llevadero para los barones del partido.
El partido independentista no tiene ningún inconveniente en abanderar la modificación del delito de malversación. Se aprovechará de que la reforma de la sedición se tramita por el procedimiento de urgencia para que se apruebe antes de finalizar el año.
Este martes 29 de noviembre concluye el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad y el 9 de diciembre, el plazo de enmiendas al articulado. El 10 de diciembre la ponencia de la comisión de justicia creada a tal efecto emitirá su informe, que se llevará al Senado. Antes de este trámite en la Cámara Alta, ERC podrá introducir enmiendas en la reforma de la sedición que sirvan para actualizar el delito de malversación en la dirección que solicitan. Y una vez regrese al Congreso, se producirá la votación definitiva, la penúltima o última semana de diciembre.
Normalización de las relaciones
Desde la salida de Junts per Catalunya del Ejecutivo catalán, las relaciones de ERC con el Gobierno central se han consolidado e incluso se abren a pactar los presupuestos catalanes con el PSC, algo inasumible pocas semanas atrás. A través de de contactos frecuentes, el partido independentista ha ido limando las diferencias con el PSOE y el jefe de filas de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ya se desmarca de Jaume Asens, de los comuns y su supuesto «papel de puente» entre los independentistas y los socialistas.
Las fuentes consultadas también afirman que si la reforma del delito de sedición sale finalmente adelante, también lo hará la reforma del delito de malversación. Al PSOE le interesa que Cataluña no vuelva a ser un problema ni en las instituciones ni en las calles. Un objetivo que también comparten los republicanos, que no quieren que Junts y, en concreto, Carles Puigdemont vuelvan a resucitar la insurrección si siguen las condenas a ediles y cargos independentistas por su implicación en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Como es sabido, Junts reprocha a ERC que el deshielo institucional entre gobiernos no haya servido para avanzar en las exigencias de autodeterminación. Y en su particular pugna por ocupar la hegemonía en el espacio nacionalista, los posconvergentes aprovecharán cualquier causa judicial -ya sea la de Puigdemont en Luxemburgo o la de los ediles del 1-O- para desacreditar la vía pragmática de los republicanos.
Elecciones generales
La Moncloa presume de haber vuelto a alinear los astros a su favor. Después de su cara a cara con Alberto Núñez Feijóo en el Senado, el nombramiento este fin de semana de Sánchez como líder de la Internacional Socialista y las buenas relaciones con sus principales socios externos ha insuflado ánimos en las filas socialistas.
Queda por delante un mes de periodo de sesiones en el Congreso para culminar la tramitación final de los Presupuestos Generales del Estado y otras leyes pendientes, aunque en Moncloa enfilan el final de la legislatura con la vista puesta en el calendario electoral.
Como avanzó en exclusiva THE OBJECTIVE, el Gobierno baraja convocar a los españoles a las urnas el próximo 10 de diciembre de 2023. Se trata de una fecha clave, antes de las fiestas de Navidad y poco después de la paga doble que cobran alrededor del 25 de noviembre todos los pensionistas del país. El objetivo, según fuentes de ERC, es llegar a estas fechas sin que Cataluña ocupe el centro del debate.
