Enésimo varapalo a Interior por las oposiciones a Policía: deberá aprobar a miles de aspirantes
La Justicia también avala a los opositores que no recurrieron ante los tribunales el test de ortografía para acceder a la Policía Nacional en 2019
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. | EP
Desde Melilla a Bilbao, pasando por Menorca y Coruña. La Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior, también deberá admitir en el próximo proceso selectivo para la Escala Básica, previsto para 2023, a miles de aspirantes que se quedaron fuera de la oposición en 2019 por suspender la prueba de ortografía, y que no recurrieron en alzada ni ante los tribunales las cuatro polémicas palabras del examen, como sí hizo medio millar de opositores bajo la plataforma Justicia 36.
En mayo, después de tres años de litigio contra la Administración, la Justicia falló a favor de los aspirantes que interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra la Policía Nacional por haber establecido como incorrectas cuatro palabras de la prueba que la Real Academia de la Lengua Española (RAE), en un informe que remitieron los afectados, daba por correctas. Una cuestión que incluso el tribunal, tras tumbar el examen, llegó a calificar de «inadmisible» por parte de Interior.
En la sentencia, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) estimó parcialmente el recurso de los candidatos y ordenó al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska que corrigiese dicha decisión. Lo que implica que, una vez se actualicen las puntuaciones, si superan la nota de corte establecida en el test ortográfico (6,2), los afectados podrán ser readmitidos en el proceso y realizar las pruebas de la oposición que no pudieron completar por haber suspendido: la entrevista personal, un reconocimiento médico y un test psicotécnico. Los beneficiados en este caso se cuentan por cientos.
Extensión de efectos
No obstante, no serán los únicos. Ahora, este mismo tribunal ha ido más allá y ha reconocido en 50 resoluciones judiciales el derecho de que aspirantes que no acudieron a los juzgados pasen directamente a la siguiente fase del próximo proceso selectivo de la Policía Nacional, como los que le ganaron el pleito la pasada primavera a la Dirección General. En los autos, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el TSJ de Madrid estima la extensión de efectos de la sentencia para aquellos que, tras el pronunciamiento del juzgado, solicitaron formalmente al mismo que se les reconociera la posibilidad de dar por válidas las cuatro polémicas palabras.
De este modo, si consiguen la puntuación mínima en la prueba de ortografía, sacarán ventaja al resto de aspirantes que se presenten en 2023, teniendo aprobada la fase de pruebas físicas y la de conocimientos, puesto que la Policía ha eliminado la prueba de ortografía definitivamente en las oposiciones y ahora se integrará, aunque de manera residual, en la prueba teórica.
En el escrito judicial, los jueces mencionan la legislación reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que, en su artículo 110.1, señala que en materia tributaria y de personal al servicio de la Administración Pública los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas podrán extenderse a otras cuando concurran una serie de circunstancias. Entre ellas, que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo.
600 demandas
En este aspecto, el tribunal no alberga dudas. Apunta que estos últimos perjudicados, al igual que los beneficiados en la sentencia, eran aspirantes a ingreso en la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía y «todos ellos realizaron el mismo ejercicio de ortografía en el mismo proceso selectivo, el cual se corrigió de manera errónea». «La comparación de datos expuestos permite afirmar, sin temor al equívoco, la identidad de situaciones jurídicas comparadas, por lo que la extensión de efectos pretendida, en consecuencia, resulta completamente viable», sentencia la sala.
«Todo ha sido posible gracias a la Plataforma Justicia 36. Es un éxito de grupo, de muchos jóvenes que han confiado en la Justicia» manifiesta Ángel Galindo, abogado de este grupo de opositores. Actualmente, los tribunales han estimado todas las demandas de extensión de los aspirantes. Medio centenar de las más de 600 que lleva este letrado, y cuya resolución se espera en los próximos meses.
LGTBI, ciberataque o reditar
La polémica prueba constaba de cien ítems y tenía como objeto conocer los conocimientos de ortografía de los aspirantes tomando como base el Diccionario de la Lengua Española, obra lexicográfica de la Real Academia Española (RAE). Debían indicar si se trataba de una palabra escrita de forma correcta o incorrecta. Los aspirantes disponían de ocho minutos para completarlo y los errores penalizaban.
Tras los resultados, los opositores vieron claro que cuatro palabras inducían al error (LGTBI, ciberataque, prominente y reditar), pues aunque estaban marcadas como incorrectas, en realidad, eran correctas. Y así lo avalaron después ante el tribunal examinador con un informe de la RAE. Un documento que fue ignorado por la Policía Nacional, pero que el TSJM consideró totalmente válido. Es más, calificó de «inadmisible» considerar esas palabras como incorrectas, cuando no lo eran.
