El Senado volverá a prorrogar el plazo para cubrir una vacante del TC por falta de acuerdo
El periodo que tienen las regiones para proponer candidatos finaliza el 12 de diciembre. Hasta ahora, solo Aragón ha puesto un nombre sobre la mesa
Acceso al Tribunal Constitucional, que mantiene una plaza vacante. | The Objective
No hay dos sin tres. El Senado volverá a prorrogar el plazo para cubrir la vacante que le corresponde en el Tribunal Constitucional, que finaliza el 12 de diciembre. La decisión depende de la Mesa de la Cámara Alta, que se reúne ese mismo día para prolongar el periodo del que disponen las comunidades autónomas para proponer candidatos, tal y como ha solicitado Extremadura. La falta de acuerdo entre los dos grandes partidos ha provocado la dilación de una decisión que debería haberse cerrado en octubre. Hasta el momento, solo Aragón ha planteado un nombre, aunque el PP ha declinado su elección.
El Senado es la institución encargada de elegir al sustituto del magistrado conservador Alfredo Montoya, que dejó su puesto en el Constitucional en julio por enfermedad. La Cámara territorial abrió el proceso en verano y puso a las regiones el 11 de octubre como fecha límite para hacer llegar sus propuestas.
La mayoría aguardaron acontecimientos, ya que PP y PSOE habían retomado las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó hace cuatro años. Los líderes políticos acordaron desde el principio que la negociación del Constitucional y del órgano de gobierno de los jueces fuesen de la mano. La intención era incluir criterios de «idoneidad» para los candidatos y analizar un cambio de modelo en la elección con un informe de los propios vocales.
La mayoría del Senado
Los populares confiaban en que, una vez garantizada la mayoría progresista en el Constitucional, el PSOE les permitiera mantener la plaza que dejó desierta Montoya por enfermedad, que fue propuesto por el PP pero solo cumplió cinco de los nueve años de mandato. Para elegir a un sustituto es necesario que el candidato obtenga una mayoría cualificada, por lo que es necesario el voto favorable de PP y PSOE, que suman 217 de los 265 miembros que conforman el Senado.
La decisión de Alberto Núñez Feijóo de suspender las negociaciones para renovar el CGPJ con la excusa de la reforma del delito de sedición dio al traste con las intenciones de las comunidades autónomas. Vuelta a empezar. Algunas se adelantaron a ese escenario y días antes de cumplirse el primer plazo, el 11 de octubre, pidieron una prórroga. Lo hicieron dos regiones gobernadas por los socialistas como Valencia y Extremadura. Otras, como Madrid o Asturias, rehusaron proponer nombres. El resto, ni siquiera contestó a los requerimientos de la Cámara Alta.
Durante estos dos meses las comunidades autónomas han mantenido el asunto en stand by. Ni una nueva propuesta a la ya existente de Aragón. Con las posiciones de PP y PSOE alejadas, Extremadura ha vuelto a solicitar una nueva moratoria, como avanzó este diario. La Mesa de la Asamblea regional acordó en una sesión celebrada el 8 de noviembre solicitar una nueva prórroga al Senado. El texto firmado por su presidenta, Blanca Martín, está fechado en Mérida el 14 de noviembre, pero fue registrado en la Cámara Alta el día 21.
El documento demanda más tiempo para que los grupos parlamentarios extremeños consensuen el nombre de un único candidato para cubrir la vacante del Constitucional que debe decidir el Senado. El motivo que se alega, entre otras causas, es «el calendario de tramitación de leyes y, sobre todo, a la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2023».
Aragón propone a De Prada
La Mesa, conformada por tres miembros del PSOE, otros tres del PP y un senador del PNV, se reunirá el mismo día 12 para decidir si prorroga el plazo por segunda vez para que las regiones envíen su propuesta de candidatos. Una opción que, las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, dan por segura.
De momento, solo Aragón ha propuesto candidato, José Ricardo de Prada, aunque tiene pocos visos de ser elegido. Para conseguirlo necesita el consenso de los dos grandes partidos, ya que son necesarios tres quintos de la Cámara. Parece poco probable, ya que el magistrado tiene la vitola de bestia negra del PP. No en vano fue uno de los autores de la sentencia que le condenó por la trama Gürtel, que propició la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa.
La dificultad de encontrar un candidato de consenso es una evidencia. La clave estriba en lo complicado que resulta sumar los votos necesarios. La decisión del PP de suspender las negociaciones de forma unilateral y las prisas del Gobierno por nombrar a los dos magistrados que le corresponden (unido a los dos que debe promocionar el CGPJ) aboca a una amplia mayoría progresista en el Tribunal Constitucional.
Si los miembros del Senado sigue sin ponerse de acuerdo supondría una mayoría progresista aún mayor, de siete magistrados por cuatro de los conservadores en el órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes. Por eso, para equilibrar las fuerzas, los populares necesitan activar el proceso.
Una vez concluido el plazo de candidaturas, que podría prorrogarse hasta febrero, el Senado convocará la Comisión de Nombramientos para que los aspirantes comparezcan y expongan sus méritos. El elegido debe contar con la aprobación del Pleno, donde es necesaria una mayoría cualificada de tres quintos. Ninguna propuesta saldrá adelante sin el voto favorable de PP y PSOE, que suman 217 de los 265 miembros que conforman la Cámara.
