El Gobierno presenta una enmienda para obligar al CGPJ a renovar el Constitucional
El Gobierno espera que con esta reforma se desbloquee la situación actual en tan solo 11 días hábiles desde la publicación en el BOE de la norma
Reunión del CGPJ con Rafael Mozo como presidente. | Europa Press
El Gobierno que dirige Pedro Sánchez da un paso más para forzar un vuelco progresista en el Tribunal Constitucional (TC). Según adelantó este jueves ‘El Diario’, PSOE y Unidas Podemos han decidido mover ficha y este mismo viernes tienen previsto presentar dos enmiendas a la reforma del Código Penal, que se tramita actualmente en el Congreso, para lograr cuanto antes los nombramiento de los dos candidatos designados por el Consejo de Ministros, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez. Su objetivo: sortear el bloqueo impuesto por el Consejo General del Poder Judicial.
En concreto, con la primera de las enmiendas pretenden cambiar la mayoría de tres quintos que debe sumar el CGPJ en la elección de los dos magistrados al Constitucional que le corresponden, de manera que partir de ahora baste con mayoría simple. Además, se busca que los vocales o el presidente del CGPJ que bloqueen la renovación incurran en responsabilidades penales de desobediencia o prevaricación omisiva.
Según apunta eldiario.es, la primera de las modificaciones incluye un nuevo redactado del artículo 599.1.1ª de la Ley del Poder Judicial para que en el plazo de cinco días hábiles, «los vocales del Consejo puedan proponer a la presidencia candidatos a magistrado o magistrada del Tribunal Constitucional». Cada vocal podrá proponer un máximo de un candidato pero, cerrado el plazo de presentación de candidaturas, la persona que ejerza la presidencia, en el plazo de tres días hábiles, «tendrá la obligación de convocar un Pleno extraordinario para proceder a la elección de los dos magistrados».
«Dicho Pleno» –añade la enmienda según el medio que dirige Ignacio Escolar– «se celebrará en el plazo máximo de tres días hábiles desde su convocatoria». Una vez se celebre la reunión, las candidaturas presentadas se someterán a votación de los vocales presentes, como hasta ahora, pero sin necesidad de un quorum mínimo y en una votación única, que no tendrá carácter secreto.
De esta manera, cada vocal podrá votar a un solo candidato, resultando elegidos los dos magistrados o magistradas que hayan obtenido un mayor número de votos. Es decir, que no hará falta sumar tres quintos de los sufragios emitidos, como ocurría hasta ahora. En sentido, las fuentes de eldiario.es entienden que, con la nueva redacción de la ley orgánica, los nuevos plazos y el cambio de mayorías, en aproximadamente 11 días hábiles desde la publicación en el BOE de la reforma prevista podría haberse resuelto el desbloqueo actual.
Además, con el objetivo de forzar que la renovación sea en el plazo que establece la nueva redacción de la ley, se pretende reforzar el carácter imperativo del procedimiento con una cláusula de cierre que recuerda que, en caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidades «de todo orden, incluida la penal», lo que podría implicar que, a los vocales o al presidente del Consejo que persistan en el bloqueo tras la aprobación de la reforma, se les pueda imputar los delitos de desobediencia o prevaricación omisiva.
Sortear el bloqueo
El paso dado por el Gobierno supone un movimiento más en contra del máximo órgano de gobierno de los jueces. Y es que, tras meses de amenazas, el Gobierno decidió proponer a finales de noviembre a Díez y Campo sin esperar a que el CGPJ designe a los dos candidatos al TC que le corresponden por cuota. Moncloa asegura que sus aspirantes pueden tomar posesión como magistrados del tribunal de garantías en sustitución del actual presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y del magistrado Antonio Narváez, cuyo mandato caducó el pasado mes de junio.
Sin embargo, se trataba de una maniobra de dudoso encaje constitucional, según diversos juristas, ya que la Constitución Española establece que los doce magistrados del tribunal de garantías deben renovarse por tercios (grupos de cuatro) cada tres años.
La actual renovación corresponde a partes iguales al CGPJ y del Gobierno, y hasta ahora debería realizarse de forma simultánea, según fuentes del TC consultadas por este diario. De ahí que el tribunal de garantías hubiera puesto freno al nombramiento de los candidatos propuestos por Sánchez. En conreto, el TC había optado por aplazar el nombramiento de los dos aspirantes del Gobierno para dar tiempo a que el CGPJ designe a los otros dos. Una situación que ahora puede dar un vuelco radical.
