El Gobierno presenta dos reformas sorpresa para forzar el cambio de mayoría en el TC
PSOE y Podemos propondrán cambiar las leyes que regulan el CGPJ y el TC para que estas instituciones no puedan bloquear las intenciones del Ejecutivo
Juan Carlos Campo y Laura Díez, magistrados elegidos por el Gobierno para el TC. | EP
Los grupos parlamentarios de los dos partidos que forman el Gobierno, PSOE y Podemos, tienen previsto presentar este viernes en el Congreso de los Diputados la reforma de dos leyes clave en la Justicia española: las que regulan el funcionamiento tanto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como del Tribunal Constitucional (TC). El objetivo en ambos casos es maniatar a esas instituciones para que no puedan impedir la llegada al TC de los dos nuevos magistrados nombrados por el Gobierno y, como resultado de ello, que cambie la actual mayoría conservadora que controla el Alto Tribunal.
El mecanismo elegido para acometer los cambios, desvelado a última hora de la noche del jueves a través de ‘El Diario’, es el mismo que para reformar el delito de malversación: una enmienda aprovechando el cambio del Código Penal con motivo de la supresión del delito de sedición. Es decir, en el último día hábil para presentar enmiendas el Gobierno se descuelga con una triple reforma sorpresa: la malversación y los cambios en el CGPJ y el TC.
Con la primera enmienda, la que sirve para cambiar la ley 6/1985 que regula el Poder Judicial, el Gobierno suprime la necesidad de que el CGPJ nombre a sus candidatos para el TC con una mayoría de tres quintos, y establece un mecanismo exprés que permitirá que en apenas 11 días estén elegidos sus dos nombres. Valdrá una mayoría simple, no hará falta un quórum mínimo en la reunión en que se tome la decisión y la votación será a viva voz para que, quien no cumpla lo establecido, pueda ser procesado por un delito de desobediencia.
De esta forma, el Gobierno se garantiza que en un breve plazo de tiempo queden nombrados los dos magistrados que faltan para completar el lote de cuatro que, según fija la Constitución, son necesarios para poder proceder a la renovación de un tercio de los miembros del TC. El Gobierno ya ha nombrado sus dos magistrados, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exsecretaria general de Presidencia del Gobierno Laura Díez, pero el texto de la Carta Magna impide que puedan acceder al TC sin que estén los otros dos del CGPJ elegidos, y que el Gobierno ha intentado varias veces sin éxito que queden nombrados ante la resistencia de ese organismo.
El TC pierde el control de acceso
Con la segunda enmienda, que modifica la ley 2/1979 que regula el Tribunal Constitucional, el Gobierno suprime el requisito de que este órgano dé el visto bueno a sus nuevos integrantes una vez que han sido nombrados por la institución correspondiente. Según la reforma prevista, el TC ya no tendrá que velar por la idoneidad de los candidatos propuestos, sino que lo harán quienes los nombren, en este caso el Gobierno y el CGPJ.
Con este último cambio, el Gobierno se asegura que el TC no podrá bloquear el nombramiento de Campo y Díez. Y, de hecho, y por si la primera enmienda falla, el Ejecutivo también propone que se puedan elegir los magistrados de dos en dos, y no de cuatro en cuatro como establece la Constitución.
Con esta doble maniobra, el Gobierno se garantiza que Campo y Díez llegarán al TC y, una vez que ello suceda, quedará el campo expedito para que el tribunal pueda elegir a un nuevo presidente, que en ese caso ya será de corte progresista al cambiar definitivamente la correlación de fuerzas. En este sentido, el eterno aspirante al puesto es Cándido Conde Pumpido, exfiscal general del Estado. Sin embargo, también podría recaer la presidencia en María Luisa Balaguer, más próxima a Podemos y opción que podría apoyar el sector conservador para evitar la entronización de Pumpido, mucho más conectado teóricamente con Pedro Sánchez.
