Sánchez subleva al Poder Judicial: «Quiere convertirnos en un apéndice del Gobierno»

Indignación en un amplio sector del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en las asociaciones mayoritarias de jueces con la última maniobra con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende forzar y acelerar el vuelco progresista en el Tribunal Constitucional (TC). Las enmiendas registradas por PSOE y Podemos para maniatar a ambos organismos y que no puedan impedir la llegada al TC de los dos nuevos magistrados nombrados por el Gobierno, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, han hecho saltar las alarmas.

«Nos quieren convertir en un apéndice del Gobierno y arrumbar por completo la separación de poderes», señala a THE OBJECTIVE uno de los nueve vocales CGPJ que este viernes solicitaron la celebración de un Pleno extraordinario con carácter urgente para intentar esquivar la reforma propuesta por PSOE y Unidas Podemos. Otras fuentes del órgano de gobierno de los jueces hablan de «chantaje», de «injerencia demoledora» y de un intento del Gobierno de «copar las instituciones que no controlan».

La batería de enmiendas presentadas por PSOE y Podemos, aprovechando la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición, suprime la necesidad de que el CGPJ nombre a sus candidatos para el TC con una mayoría de tres quintos y establece un mecanismo exprés que impedirá al tribunal de garantías examinar la idoneidad de los candidatos propuestos por el Gobierno. Además, se amenaza con ejercer acciones penales contra los vocales del órgano de gobierno de los jueces si se mantiene el bloqueo a la renovación del TC.

Alarma entre las asociaciones de jueces

Una serie de medidas que limitan el papel de contrapeso del Poder Judicial sobre el Ejecutivo y el legislativo, lo que ha hecho saltar las alarmas también entre las organizaciones mayoritarias de jueces. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) cree que el Ejecutivo se está «saltando» las «normas básicas del Estado de Derecho» al rebajar las mayorías exigidas al CGPJ para nombrar a los magistrados del TC.

Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) tacha de «situación de alarma» para el estado de Derecho la reforma del TC y del CGPJ planteada por el Gobierno, eludiendo las recomendaciones de la UE y las obligaciones del Congreso y el Senado para renovar ambos organismos, y «alterando los equilibrios institucionales». «Cuando le quitas al TC la facultad de verificar los requisitos de nuevos magistrados estás desapoderando a un órgano que no está sujeto al control del gobierno. Se está alterando la posición constitucional del órgano. Es algo terrible», según Jorge Fernández Vaquero, portavoz nacional de la AJFV.

Para intentar que la renovación del TC se lleve a cabo con la normativa vigente y esquivar las enmiendas presentadas por PSOE y Podemos, nueve vocales del CGPJ solicitaron la celebración de un Pleno extraordinario en un plazo de tres días hábiles. Es decir, los 18 miembros del órgano de gobierno de los jueces se reunirán la próxima semana para votar a los dos candidatos a magistrados del TC que les corresponde nombrar por cuota. El objetivo es hacerlo sin que el Gobierno les imponga la rebaja de mayorías que contempla en su nueva reforma.

Renovación del TC

Con esta reunión urgente, los conservadores logran que se adelante así el Pleno ordinario previsto para el próximo día 22 de diciembre, en el que se iban a votar candidaturas a las dos plazas del TC que le corresponde nombrar por cuota al CGPJ. Por parte del sector progresista el aspirante elegido es José Manuel Bandrés, si bien en el ala conservadora sigue sin definir nombres de posibles aspirantes al tribunal de garantías. 

La elección de los dos magistrados en ese Pleno extraordinario solo se podrá llevar a cabo si un candidato recibe el apoyo de tres quintos de los 18 vocales que conforman actualmente el CGPJ. Los conservadores llegarán a la reunión sin un candidato único, salvo que se produzca un giro de última hora en los acontecimientos. Cada vocal podría proponer un candidato diferente. Y los progresistas necesitarían el ‘sí’ de al menos tres vocales conservadores para que Bandrés sea elegido. La renovación del TC, por lo tanto, sigue en el aire.

A los vocales ya no les sorprende la técnica parlamentaria empleada vía enmiendas a una proposición de ley, sin informes preceptivos de los órganos consultivos, porque ven claras las prisas del Gobierno en lo que anticipan como una jugada a dos bandas. Por un lado, creen que el Ejecutivo pretende que se nombre al candidato propuesto por el sector progresista. Los conservadores se oponen al perfil de Bandrés, al que consideran marcadamente procatalanista.

Por otro lado, con esta reforma, Moncloa se garantiza la entrada de los ex altos cargos del PSOE Juan Carlos Campo y Laura Díez en el TC. Y, de paso, se aseguran de que el magistrado Cándido Conde Pumpido presida el Tribunal Constitucional. «Les va todo en ello», indica un vocal en referencia a los recursos pendientes de ser resueltos en la corte de garantías sobre la agenda social del Gobierno y los asuntos relacionados con los líderes del ‘procés’ independentista.