Defensa choca con Interior y se opone al cupo de mujeres en la Guardia Civil
El ministerio que dirige Robles cuenta con dos asientos en el Consejo de la Benemérita y han rechazado la propuesta al entender que es inconstitucional
La ministra de Defensa, Margarita Robles, junto al responsable de Interior, Grande-Marlaska. | Europa Press
El Ministerio de Defensa ha votado en el Consejo de la Guardia Civil contra la propuesta del Ministerio del Interior de facilitar el acceso de la mujer dentro de la Guardia Civil incluyendo en la Ley de Personal una cláusula por la que pueden tener preferencia sobre los candidatos varones siempre que, superado el aprobado, la diferencia de puntos entre ambos no sea superior al 15%.
Según han explicado a Europa Press fuentes de Defensa, los dos representantes en el Consejo de la Guardia Civil se han desmarcado del proyecto de modificación de la Ley de Personal al entender que podría ser inconstitucional en los términos en que se plantea lo relativo al acceso de las mujeres.
Las citadas fuentes del Ministerio que dirige Margarita Robles han señalado que Defensa no había sido consultada sobre la medida para incentivar el número de mujeres a través del acceso libre, que representa el 50% de los candidatos y candidatas que optan por oposición. Los militares tienen reservado el 40% de las plazas y los hijos de guardias civiles el restante 10%.
El Consejo de la Guardia Civil está compuesto por 16 representantes de la administración y otros 16 vocales de asociaciones profesionales de la Guardia Civil, quedando el eventual voto de desempate en manos de la presidencia que ostenta la directora general, María Gámez.
Según fuentes conocedoras de la votación celebrada este jueves, el proyecto de Ley de Personal ha salido adelante contando con el sí de todos los representantes de la administración –excepto los dos de Defensa– y de la asociación AUGC. La asociación de cabos se ha abstenido y los restantes, entre ellos la mayoritaria JUCIL, han votado en contra.
Acción positiva temporal
En un comunicado, la Guardia Civil ha defendido el cambio normativo porque se trata de una medida de «acción positiva temporal», es decir, «de aplicación hasta asegurar la existencia de una masa crítica de mujeres, en este caso, del 40%».
Entonces, hasta alcanzar el porcentaje que se fije cada año –por ejemplo, un 25%, un 30% o un 40%–, «las mujeres tendrán preferencia sobre los aspirantes hombres siempre que, superado el aprobado, la diferencia de puntos entre ambos no sea superior al 15%».
El proyecto, defendido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ahora seguirá la tramitación de cualquier ley ordinaria hasta su aprobación definitiva.
En línea con la tesis de Defensa, las asociaciones profesionales que se oponen a la norma señalan que es inconstitucional porque no garantiza la igualdad en el acceso al cuerpo, de acuerdo al mérito y la capacidad de los candidatos y candidatas.
La Guardia Civil, por su parte, ha justificado este jueves la necesidad de aplicar este tipo de medida. «La incorporación de más mujeres a la Guardia Civil es una necesidad; no se trata solo de que los porcentajes están alejados de nuestra realidad social, sino de que existe un déficit operativo de plantilla femenina», ha apuntado.
En los últimos doce años, entre 2010 y 2022, la presencia de mujeres en la Guardia Civil ha aumentado apenas tres puntos para representar del 6% al 9% actual. El Instituto Armado calcula que a este ritmo serían necesarias casi cuatro décadas para alcanzar un 30% de agentes femeninos.
Además, cuanto más elevado es el empleo, menor es el porcentaje. En la Escala de Cabos y Guardias, un 26,65% del alumnado de la actual promoción son mujeres: la cifra va aumentando poco a poco, y esta es la más elevada que se ha registrado hasta ahora, pero la masa de personal es tan grande, que las entradas de agentes femeninas se diluyen y «cuesta mucho aumentar las cifras globales», según este cuerpo.
Readmisión de sindicalistas
El proyecto de Ley de Personal incluye, además de estas «medidas de acción positiva para las mujeres en el ingreso en la escala de cabos y guardias y para los procesos de promoción profesional», la adaptación de la equivalencia de la enseñanza de formación de las distintas escalas y el reconocimiento de la misma protección a las víctimas de acoso que para las de violencia de género, entre otras medidas.
Una de estas medidas, mediante disposición adicional, es la que afecta a una antigua reivindicación del asociacionismo para «rehabilitar» a los cuatro representantes del movimiento asociativo que fueron expulsados del cuerpo en los años 80 y 90, cuando promovieron el clandestino Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC).
Esto implica reconocer a los guardias civiles expulsados el empleo que les hubiera correspondido por antigüedad, así como «actualizar las pensiones que se vieran afectadas por este reconocimiento de servicios».
El Consejo de la Guardia Civil, presidido por la directora general, ha debatido en la reunión del Pleno Ordinario la modificación de 38 artículos, además de incorporar cinco artículos nuevos, cuatro disposiciones adicionales y dos transitorias.
