Un año decisivo: las diferentes elecciones marcarán un 2023 clave a nivel político
Los comicios de mayo y diciembre protagonizarán gran parte de la política española, aunque también habrá que estar atentos a los diferentes procesos judiciales en marcha
Los leones situados a la entrada del Congreso de los Diputados. | Europa Press
El año 2023 está marcado en rojo en el calendario de todos los partidos políticos españoles. Aunque la sucesión de crisis, ya sean sanitarias o económicas, además de la teórica debilidad parlamentaria del primer Gobierno de coalición de la historia de nuestro país habían hecho a muchos dudar sobre su capacidad para mantenerse en el poder, Pedro Sánchez ha cumplido con lo que prometió cuando fue investido y agotará el tiempo de su mandato. Un hecho que se traduce en una más que probable convocatoria de elecciones generales en diciembre de 2023, lo que unido a la ya previstos comicios municipales y autonómicos de mayo hacen del año que arranca un auténtico maratón electoral que tendrá una enorme influencia en el futuro inmediato de España.
La campaña parece haber arrancado ya, si es que alguna vez terminó. Los llamados de los partidos de la oposición a acabar con la «era Sánchez» se han sucedido durante casi toda la legislatura, incluyendo varias apelaciones a una moción de censura. Pero la actual aritmética parlamentaria ha evidenciado que la única manera de lograr un cambio político será a través de las urnas. En primer lugar, con la celebración de unas elecciones municipales y autonómicas que no solo servirán para decidir quién liderará las principales urbes del país y los gobiernos de doce comunidades autónomas, sino también para tomar el verdadero pulso político del país.
Las regiones que están llamadas a las urnas son Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y, en gran parte de ellas, los sondeos prevén contiendas muy reñidas o incluso posibles vuelcos: de acuerdo con el CIS, el PP podría quitarle al PSOE la presidencia en Valencia, Toledo, Santander o incluso Mérida, uno de los mayores feudos socialistas desde la vuelta de la democracia. Eso sí, alguna encuestas indican también que podría producirse un vuelco en sentido contrario en Madrid, aunque la carambola que necesitarían las izquierdas para desbancar a Isabel Díaz-Ayuso parece todavía algo improbable.
De lo que den de sí estas elecciones regionales y también los resultados en las principales urbes españolas, con Madrid y Barcelona a la cabeza, dependerán en gran medida las sensaciones de los dos grandes partidos de cara a las generales. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no se cansa de repetir que espera que las urnas le hagan «una moción de censura» a Sánchez en mayo, precisamente porque en Génova son conscientes de que una victoria en varias regiones les proporcionaría una inercia positiva que podría ser decisiva a la hora de decantar la balanza en unas generales que aún no tienen fecha fija, pero serán casi con toda seguridad a comienzos de diciembre.
La lucha por el tercer puesto
En esa contienda, será clave también la lucha por ser el tercer partido de España, que podría incluso determinar el Gobierno más que el primero. Por un lado, habrá que ver qué hace exactamente la vicepresidenta Yolanda Díaz con Sumar, y si esta formación supone la integración de todas las fuerzas a la izquierda del PSOE o por el contrario habrá una nueva división en el espacio con dos listas, que debilitaría considerablemente las opciones de Sánchez de repetir en Moncloa. Por otro, la fuerza que tenga Vox podrá ser también determinante para saber si la derecha suma una mayoría absoluta para volver al Ejecutivo, en coalición gubernamental o parlamentaria, o se queda a las puertas. Y es que la ya casi segura desaparición electoral de Ciudadanos deja a Feijóo sin muchas opciones de pacto más allá del partido liderado por Abascal, aunque también habrá que estar pendiente del siempre cambiante PNV.
Eso sí, en el PSOE no están solo pendientes de lo que pase a su izquierda o en la derecha nacional, sino que también intentarán capitalizar al máximo el hecho de que a España le tocará la presidencia rotatoria de la Unión Europea entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023. Una oportunidad perfecta para el lucimiento de Pedro Sánchez, que ya ha demostrado moverse como pez en el agua en los ambientes internacionales y seguro aprovechará la ocasión para hacer campaña desde Bruselas. Desde la capital europea podrá también situarse en primera línea de la lucha contra la posible crisis económica y la ya presente espiral inflacionaria, que serán claramente determinantes en la política del año que viene toda vez que la guerra en Ucrania no tiene visos de acabar pronto.
Por último, también será relevante el año que viene las decisiones que adopten los partidos independentistas de Cataluña, principalmente ERC, y la relación que tengan con el Gobierno de Pedro Sánchez. Este último decidió concentrar una serie de medidas a favor de los condenados del procés, como la reforma de la sedición y la malversación, a finales de 2022 para intentar reducir el coste electoral de unas decisiones nada populares en la mayoría de España. Sin embargo, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ya ha asegurado que su objetivo es una consulta de autodeterminación, un extremo que aunque el PSOE rechaza tajantemente podría acabar convirtiéndose en una patata caliente a lo largo del año, sobre todo según se acercan las generales.
La renovación del CGPJ y los principales juicios
En cuanto a la situación judicial, el año 2023 también será clave en una serie de procesos ya abiertos en los que habrá que estar pendiente de diferentes resoluciones de tribunales que podrán marcar también la actualidad nacional. Aunque el primer tema que seguirá con toda certeza coleando el año que viene no tendrá un carácter judicial, sino también político: la todavía pendiente renovación del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace años y sin la capacidad de realizar nombramientos por una reforma del Gobierno de coalición, lo que tiene a instancias como el Tribunal Supremo casi al borde del colapso.
Aunque es cierto que finalmente se ha logrado desbloquear la situación en el Constitucional, que a partir de 2023 tendrá una mayoría progresista y será presidido por el ex Fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, la situación en el órgano de Gobierno de los jueces es distinta y parece lejos de resolverse. En principio, el bloqueo se mantendrá, por lo que el Gobierno podría estar tentado de reformar la ley para cambiar las mayorías que permiten la elección de sus vocales, como ya amagó con hacer el año pasado. Desde Europa, que pide mejorar el sistema para garantizar un mayor autogobierno de los jueces, estarán seguro vigilantes.
También en el plano europeo, una de las grandes incógnitas jurídicas que atañen a la relación entre Bruselas y Madrid se resolverá en principio a comienzos de año: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene previsto abordar el próximo 31 de enero la cuestión prejudicial que elevó el juez del Supremo Pablo Llarena sobre el alcance de las euroórdenes, una decisión clave para una eventual extradición del expresident Carles Puigdemont a España. En paralelo a esto, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) tiene pendiente resolver sobre el recurso que Puigdemont y los exconsellers y eurodiputados de JxCat Toni Comín y Clara Ponsatí presentaron contra la decisión del Parlamento Europeo de retirarles la inmunidad, después de que el Tribunal Supremo solicitara el suplicatorio para poder extraditarlos y juzgarlos en España.
De vuelta en España, el independentismo también tendrá un importante protagonismo judicial, ya que el Supremo tiene previsto emitir una sentencia en 2023 sobre los indultos concedidos por el Gobierno a los líderes independentistas encarcelados a causa del ‘procés’. Aunque en un primer momento se dijo que los recurrentes —entre ellos PP, Vox y Ciudadanos— no estaban facultados para emprender esta acción judicial por carecer de interés legítimo, el tribunal finalmente rectificó y ahora apunta a pronunciarse sobre el fondo del asunto, en una decisión que podría tener importantes ramificaciones políticas.
Fuera del Supremo y el independentismo, hay varios casos mediáticos que seguirán su camino en los tribunales a lo largo del 2023 de los que también habrá que estar pendientes. La trama Kitchen, en la que investiga una supuesta operación de espionaje ilegal perpetrada por el Ministerio del Interior entre 2013 y 2015 para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentos que pudiera comprometer al gobierno de Rajoy, seguirá su fase de instrucción con nombres propios como el del exministro Jorge Fernández Díaz o José Manuel Villarejo como protagonistas. Una operación a la que está también directamente vinculado el caso Tándem, en la que se acusa al comisario jubilado de presuntos delitos de blanqueo y organización criminal
Por otro lado, también continuará avanzando en los juzgados la trama Púnica, en la que se investiga una supuesta trama de corrupción masiva en la Comunidad de Madrid. Aunque grandes nombres políticos como Esperanza Aguirre o Ignacio González ya han sido exonerados, otros como el de Francisco Granados siguen todavía en el ojo del huracán. Además, también este 2023 se juzgará al expresidente valenciano Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama ‘Gürtel’, del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.
Por último, habrá que estar pendientes del desarrollo del caso Emperador, en el que al empresario chino Gao Ping y las otras 106 personas acusadas, incluido el actor porno Nacho Vidal, se les atribuye una «actividad sistemática» de fraude fiscal y blanqueo de capitales que habrían desarrollado entre 2010 y 2012 a través de una macroorganización criminal liderada por Gao Ping, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita 47 años de cárcel.
