El Gobierno admite el castigo al sector crítico del TC: «Los actos tienen consecuencias»

A finales del mes de diciembre, muchos se preguntaban por las prisas de Pedro Sánchez para ‘colar’ en su reforma del Código Penal una reforma del sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC). Las prisas respondían a la información que le llegaba al Ejecutivo sobre las presiones que recibía el TC para resolver, bajo mayoría conservadora, los recursos pendientes de muchas de las Leyes del Gobierno de coalición. Este es el motivo de que el cambio de mayorías se convirtiera en el objetivo número del presidente del Gobierno. Uno de los objetivos más complejos de la legislatura y de mayor trascendencia política, una codiciada pieza de caza mayor en la medida en que la nueva presidencia se extenderá hasta la próxima legislatura, gobierne quien gobierne. Y, por ello, el ánimo gubernamental tras coronar esta semana la presidencia del TC con el candidato de Pedro Sánchez, Cándido Conde-Pumpido, es absolutamente triunfalista.

Tras casi dos años de modificaciones legislativas para sortear el bloqueo del PP al Consejo General del Poder Judicial: la ‘reforma dura’ de la justicia para rebajar las mayorías en la elección de los vocales (tumbada por Bruselas), la ‘reforma blanda’ que paralizaba los nombramientos en los órganos judiciales; o la modificación posterior, que presentaba excepciones a la parálisis de nombramientos para los candidatos del Gobierno al TC, así como las insólitas enmiendas al Código Penal para cambiar las mayorías de elección de los magistrados del Constitucional, que el propio tribunal de garantías paralizó antes de su aprobación en el Senado. 

Un pedregoso y arriesgado camino de innovaciones legislativas que siempre pretendió cumplir con el objetivo que Pedro Sánchez encomendó a los suyos: forzar una presidencia progresista antes de finales de año. Con apenas diez días de margen de error, el presidente socialista cumplió una vez más sus deseos colonizando el Constitucional con una victoria cuantitativa y cualitativa. Con seis votos frente a cinco, Sánchez logró colocar a Cándido Conde-Pumpido en la presidencia del TC, uno de los perfiles de mayor solvencia jurídica y de mayor afinidad política de cuántos se recuerdan al frente del tribunal. Un jurista que se vio forzado a pedir perdón hace meses por calificar de «juristas de salón» a sus compañeros magistrados del TC en el voto particular contra la sentencia de declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma, un progresista que no necesita directrices políticas para cumplir con la voluntad del presidente ni saciar las ansias de venganza del Gobierno por la «primera injerencia del poder judicial en el legislativo» en lo que hace semanas calificó el Gobierno inicialmente de «golpe de estado».

La vendetta gubernamental

Hoy el Gobierno admite abiertamente a THE OBJECTIVE: «Los actos tienen consecuencias». Porque, de una forma u otra, el Ejecutivo consumaría su propósito de forzar la mayoría progresista. Fuentes gubernamentales explican que «la proposición de Ley con el plan B del Gobierno estaba preparada», como adelantó este periódico, con la intención de aprobarse en un pleno extraordinario en el mes de enero. Pero la sorpresa en la elección de los dos magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez  por parte del Consejo General del Poder Judicial obró el milagro y evitó al Ejecutivo tener que recurrir a la polémica Ley. 

Se obró el milagro y se sirvió la venganza, como siempre, en plato frío. Esa victoria cualitativa, con Cándido en la presidencia, dio la orden de romper el consenso histórico de que la vicepresidencia recayera en la corriente contraria a la de la presidencia. «¿De verdad alguien pensaba que después de paralizar el trámite legislativo en el Senado les íbamos a regalar la vicepresidencia del TC?», se jactan desde el Gobierno donde niegan directrices a los magistrados progresistas. «Quien piense que se le pueden dar órdenes a Cándido es idiota», alegan fuentes socialistas. Tampoco hace falta. El flujo de información y la politización del organismo viene de la mano de otras piezas de refuerzo de esa victoria cualitativa: el ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la ex directora de Moncloa, Laura Díez. 

En Moncloa permanecieron silentes durante toda la jornada de votación el pasado miércoles, pero no albergaron duda alguna de su éxito. Tenían información puntual de cuál sería la estrategia de los progresistas respecto a la alternativa a Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, quien optaba al puesto con el aval el sector conservador quien, a su vez, proponía a Ricardo Enríquez para la vicepresidencia. Pero los progresistas cumplieron las directrices y aplicaron el rodillo contra quienes, en palabras del Gobierno, decidieron «secuestrar al Parlamento», paralizando las enmiendas de reforma del Poder judicial de Sánchez en el Senado y se hicieron con la vicepresidencia para la también progresista Inmaculada Montalbán. «Los actos tienen consecuencias» repiten desde el Ejecutivo borrachos de victoria. 

En privado se hablaba de «prevaricación»

Se consuma así la vendetta gubernamental que se ha gestado en silencio. A las 24 horas de que el TC paralizara sus medidas, Pedro Sánchez corrigió el paso de su incendiaria denuncia de un «complot de la derecha judicial y política» contra su Gobierno legítimo y, desde entonces, la prudencia ha sido la consigna gubernamental. Mesura con la vista puesta en Bruselas, salvo por una excepción, la de un ministro que a finales de año ponía voz al sentir gubernamental acusando de «prevaricación» a los jueces conservadores del TC y calificando lo sucedido de «estado judicial fallido» en una conversación informal. Verbalizaba lo que piensa el Gobierno pero no dice, más que en privado. 

En Moncloa se respiran aires de victoria tras una dura batalla. Pero, sobre todo, ante lo que está por venir. Las prisas que le entraron a Pedro Sánchez para consumar el cambio progresista del TC respondían a supuestas presiones que, según llegaban a oídos de los estrategas monclovitas, sufría el TC para comenzar a pronunciarse sobre los 14 recursos pendientes a leyes emblemáticas de este Gobierno: eutanasia, aborto, estados de alarma… Dicen los expertos que tras el espectáculo de los últimos meses, el Constitucional ha perdido una oportunidad de oro para demostrar imparcial y sanear su politizada imagen; pero el Gobierno ha ganado la tranquilidad de saber que no habrá sobresaltos ni sorpresas. Al menos, en el TC. Otros, en cambio, cuestionan si este ensañamiento contra los conservadores no tendrá consecuencias de cara a la aplicación de la reforma de la malversación y las temidas revisiones a la baja de condenas a los corruptos.