El Gobierno investiga los últimos homenajes a la División Azul en Madrid
El Ejecutivo investiga si los actos pueden ser sancionables de acuerdo a la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre pasado
El Gobierno investigará los homenajes a la División Azul del pasado fin de semana en las calles de Madrid y el Cementerio de la Almudena por si pudieran ser sancionables de acuerdo a la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre pasado.
Fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática han confirmado a Efe que han solicitado a la Delegación del Gobierno en Madrid toda la información disponible tanto de la concentración del viernes en el camposanto municipal como de la marcha silenciosa del sábado en el distrito de Ciudad Lineal en recuerdo de la división militar española que luchó encuadrada en el Ejército de la Alemania nazi.
Convocada por Juventud Patriota de Madrid para conmemorar también el 80 aniversario de la batalla de Krasny Bor, la «última gran gesta» de la unidad española, la marcha del sábado desde el metro de Ascao hasta la puerta principal del Cementerio de la Almudena sí fue comunicada a la Delegación del Gobierno, que lo puso en conocimiento de la propia Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
Ni una ni otra vieron en la convocatoria, que se repite cada año, algo que pudiera afectar o restringir los derechos de manifestación o reunión, según fuentes de la Delegación del Gobierno, que ha pedido informes a la Policía para su posterior remisión a la Secretaría de Estado.
El Ayuntamiento, en la diana
Las competencias sobre el cementerio corresponden al Ayuntamiento de la capital y así se le trasladó desde la Delegación del Gobierno a Juventud Patriota de Madrid, cuya manifestación concluyó dentro del recinto funerario.
La Delegación del Gobierno solo fue informada de esta marcha, no de la concentración del viernes dentro de La Almudena, en la que algunos asistentes, con el brazo derecho en alto, entonaron el Cara al sol, según vídeos difundidos en las redes sociales.
Unas acciones que podrían ser susceptibles de la apertura de un expediente sancionador similar al primero abierto en virtud de la Ley de Memoria Democrática cuando el pasado 20N hubo en Madrid diversos actos de exaltación de la dictadura franquista.
La Ley de Memoria Democrática, impulsada por el Ministerio de Presidencia, considera infracción muy grave sancionable con multas de entre 10.001 y 150.000 euros las convocatorias de actos que en sus elementos sonoros o en sus imágenes inciten a la exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares.