El Ministerio del Interior oculta información sobre la trama del 'caso Mediador'
El área dirigida por María Gámez sigue sin dar explicaciones sobre las reuniones que la trama corrupta mantuvo durante dos años en la dirección de la Guardia Civil
La lista de mandos de la Guardia Civil implicados en causas de corrupción relacionadas con el Cuerpo es cada vez más extensa. En las últimas semanas, al general de división Francisco Espinosa, único imputado en prisión por el caso Mediador, se han sumado los nombres de tres jefes más por el caso Cuarteles: Pedro Vázquez Jarava, ex subdirector general jefe del Mando de Apoyo; Carlos Alonso, exjefe de la Comandancia de Ávila, y A. L., otro comandante de Alicante.
A estos últimos se les investiga por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obra en 13 casas-cuarteles, que dan nombre a la causa, entre 2008 y 2019. Valorados en 3,3 millones de euros, todos fueron otorgados a empresas administradas por el constructor Ángel Ramón Tejera de León, conocido como ‘Mon‘, siguiendo siempre supuestas directrices de la cúpula de la Guardia Civil. Un empresario que a su vez aparece en el sumario del caso Mediador por su estrecha relación con Francisco Espinosa.
La directora de la Benemérita se enfrenta posiblemente al escándalo de mayor dimensión de todo su mandato. Sin embargo, cuando se cumple un mes de la detención del general por su papel en la presunta trama de corrupción, la Dirección General de la Guardia Civil sigue guardando silencio sobre ciertos aspectos de la investigación. Entre ellos, las reuniones que este último organizaba en la sede central del Cuerpo, con empresarios imputados del caso Mediador.
Reuniones en la Guardia Civil
Pese a que se presupone un acceso restringido a estas dependencias, situadas en la madrileña calle de Guzman el Bueno, los investigadores detallan en distintos informes, incorporados al sumario judicial, numerosas citas de miembros de la trama con el general Espinosa en su despacho de la Dirección General. También visitas a otros mandos, como Antonio Tocón Díez, general de división jefe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) hasta 2021, según publicó THE OBJECTIVE; o recorridos por otras estancias, como la capilla de la Virgen del Pilar.
El sumario judicial no cuantifica los cónclaves de la trama en la sede central del Instituto Armado, en los que el mando debía aparentar seriedad y garantizar posibilidades de gestión y éxito a los empresarios. Hasta ahora, el área de María Gámez tampoco lo ha hecho. Tampoco ha explicado cómo pudieron dilatarse durante 2020 y 2021, los dos años en los que el juzgado circunscribe los delitos a los 12 implicados en el caso Mediador.
Sobre esto, precisamente, el Partido Popular también ha querido saber más, pero por el momento no ha obtenido respuesta. El grupo parlamentario popular pidió hace dos semanas la comparencia de la directora general de la Guardia Civil en el Congreso de los Diputados para que diese cuenta de los casos judiciales que implican a su departamento. También para saber, según reza la pregunta parlamentaria, si María Gámez conocía las reuniones de la trama en la sede del Instituto Armado o si participó en alguna entre el verano de 2020 y la actualidad.
Por otro lado, el PP también ha registrado este viernes una solicitud de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Senado para que aclare su participación en relación con la investigación de la trama Mediador y si facilitó información privilegiada a algún cargo del PSOE antes de hacerse público el caso.
«Ausencia y silencio»
Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), organización decana del Cuerpo, señala que la «ausencia y el silencio» de los responsables políticos de la Guardia Civil «es irresponsable». También lamentan «la inacción» que están mostrando tanto el Ministerio del Interior como la Dirección General del Instituto Armado, que «aún no aún no ha tomado medidas para suspender en funciones a los múltiples altos mandos investigados por corrupción acusados de graves delitos penales por supuesta pertenencia a organización criminal, estafa y cohecho».
Hasta ahora, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska solo ha cesado de su destino al coronel jefe de la Comandancia de Tenerife, Jose María Tienda Serrado, por «pérdida de confianza». Su nombre aparece vinculado en las dos causas por corrupción en el Cuerpo que se investigan en los juzgados. «Nos preguntamos a qué están esperando los máximos responsables de la Guardia Civil para tomar medidas tras la grave alarma social y trascendencia de estos hechos», critica la AUGC.