El restaurante ilegal de los antidisturbios lleva una contabilidad B que gestiona el jefe de la UIP
Administra toda la recaudación en efectivo del restaurante ilícito. Después, emite las facturas a nombre de la Dirección General para pagar a los proveedores
El restaurante ilegal de la sede de la Unidad de Intervención Policial (UIP) del complejo de Moratalaz (Madrid), desvelado este miércoles por THE OBJECTIVE, funciona a través de una contabilidad paralela gestionada directamente por la jefatura de los antidisturbios, en este caso por el comisario Francisco López Gordo. Y antes de él, por sus predecesores, entre ellos, el comisario José Miguel Ruiz Igusquiza, destinado ahora como consejero de Interior de la Embajada de España en Moscú. Así lo atestiguan tanto las fuentes policiales consultadas como los documentos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Este establecimiento hostelero, que da trabajo a siete policías antidisturbios, sirve una media de 200 menús al día, por cinco euros cada uno, para distintos agentes y mandos policiales de la UIP de lunes a viernes. La recaudación mensual del restaurante está en torno a los 20.000 euros al mes, unos 240.000 euros anuales, indican fuentes policiales. Todo ello sin contar que en ocasiones puntuales se deben preparar más comidas si llegan más funcionarios desde otras comunidades autónomas para operativos especiales en la capital española.
Así las cosas, prosiguen las mismas fuentes, cada día la secretaría del comisario de la UIP, de nombre Patricia, recoge el dinero de la recaudación, siempre en efectivo, en una caja de madera de manos de los ‘antidisturbios cocineros’. Esta última se encarga después de comprar con ese mismo cash todos los alimentos y bebidas para la cocina en función de la demanda de los cocineros, que calculan lo que es necesario. Esta trabajadora se ocupa, en definitiva, de administrar todos los movimientos de dinero.
A la hora de adquirir los productos, la jefatura de los antidisturbios, con el objetivo de hacer pasar como legales las compras, emite las facturas a nombre de la Dirección General de la Policía. El código de identificación fiscal (CIF), según se detalla en las mismas, es el de esta institución. La Dirección General figura como «cliente» en todas las facturas, pero solo en algunas se especifica que los productos se han entregado en la sede de la UIP, en la madrileña calle La Tacona s/n. En ningún caso se concreta que los productos sean para un restaurante o negocio hostelero, como realmente ocurre.
Helados, pollo, macarrones…
En cualquier caso, la lista de alimentos y refrigerios que compra, a través de su secretaria, el jefe de las UIP, ya deja entrever que no están destinados a un consumo puntual o para una ocasión especial. En las facturas constan pedidos de todo tipo a distintos establecimientos. Entre ellos, por ejemplo, destaca uno de 400 helados, por 439,88 euros; otro de 24 de botellas de vino para cocinar, nueve de aceite de oliva, 10 kilos de arroz, otros 31 de tomate frito o 24 paquetes de macarrones, entre otros, por 537,20 euros. También uno de 60 kilos de pollo y de cientos de huevos y tortillas, por 1.657,98 euros.
Cabe recordar que todos estos productos se adquieren como materia prima de un establecimiento que no existe en ningún censo de servicios de hostelería. Según ha podido comprobar este periódico a través del portal urbanístico del Ayuntamiento de Madrid, no consta que se haya adjudicado licencia de actividad alguna en este complejo policial. Del mismo modo, en los listados del Consistorio sobre la inspección sanitaria de la hostelería madrileña en 2022, así como de años previos, a los que ha accedido este diario, este restaurante tampoco consta entre los que han superado este examen obligado por ley.
Desfase en las cuentas
El beneficio que se obtiene de este negocio irregular, unos 10.000 euros al mes, según esgrimen las fuentes policiales, se había utilizado para costear un ágape para todos los antidisturbios en la celebración del día de la Policía Nacional, cada 2 de octubre. En la última época, sin embargo, los mandos, según denuncian las mismas fuentes, han empleado el excedente del restaurante ilegal para comprar la comida y el alcohol de las fiestas que celebran cada viernes en el centro, según desveló este miércoles THE OBJECTIVE.
Un desfase en las cuentas que ha creado un ‘agujero’ de 3.000 euros. Al percatarse de esto, sin embargo, la jefatura de la UIP ha acusado a los agentes de robar el dinero y los ha expulsado de la cocina. La Dirección General de la Policía ha abierto a siete policías una información reservada por estos hechos, el paso previo a ser investigados y posteriormente, si procede o no, ser sancionados. La unidad de Asuntos Internos y de Régimen Disciplinario indagan estos hechos en torno a los funcionarios, pero explican estas fuentes, no iniciado actuación alguna sobre el agente que controla la caja en el restaurante ilegal. Mientras tanto, el jefe de los antidisturbios ha decidido subir a 5,35 euros el precio de los menús que se sirven para que el restaurante vuelva a funcionar.