Interior 'protege' al mando destituido por el 'caso Mediador' y se niega a sancionarle
El Instituto Armado señala que retiró de su puesto al coronel Tienda por pérdida de confianza, y que no está imputado en ninguna investigación judicial
El excoronel de la Comandancia de Santa Cruz, José María Tienda Serrano. | GC
La Dirección General de la Guardia Civil descarta por ahora sancionar disciplinariamente al excoronel jefe de la Comandancia de Santa Cruz Tenerife, José María Tienda Serrano, al que el propio Ministerio del Interior destituyó a principios de este mes por su implicación en el caso Cuarteles, la causa judicial que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de obras de mantenimiento en decenas de dependencias de la Guardia Civil, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes del Instituto Armado.
Sus vínculos con el caso Mediador, el otro caso de corrupción que salpica a la cúpula de la Guardia Civil, también precipitaron su salida como máximo responsable de la comandancia canaria. Informes y audios aportados a este causa revelaron que Tienda Serrano guardaba gran amistad con varios imputados, entre ellos, el general retirado Francisco Espinosa. De hecho, Asuntos Internos indaga si Tienda pudo avisar a este último de que estaba siendo investigado por su participación en la trama criminal, que obtenía mordidas a cambio de facilitar contratos públicos a empresarios.
Regímen sancionador
En un oficio, al que ha tenido acceso este periódico, el Instituto Armado argumenta que el cese del coronel Tienda Serrano como jefe de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife se debió a una pérdida de confianza, una opción que contempla la ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil para los cargos de libre designación.
De este modo, desde este departamento niegan la posibilidad de sancionar al afectado con la suspensión de funciones, tal como solicitó la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), porque para «su aplicación es necesario que se adopte una medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal». Una circunstancia que no se dado, señala la Administración; o que se hubiese incoado «un expediente disciplinario por falta muy grave» contra el mando, cuestión que tampoco se ha producido.
Respecto a la petición de impedir su destino como responsable a cualquier otra comandancia, la Dirección General de la Guardia Civil, en este caso, recuerda que todos los puestos a los que tiene acceso el mando cesado, son también de libre designación y que la legislación prevé «la adjudicación de destinos cuando necesidades del servicio lo aconsejen». «La Administración cuenta con herramientas suficientes en caso de tener que adoptar medidas de este tipo», zanja.
Los agentes de la valla
Frente a esto, fuentes del Cuerpo critican «la doble vara de medir» del Ministerio del Interior respecto a las sanciones a los agentes del Instituto Armado. Estas mismas fuentes recuerdan que el departamento dirigido —desde hace una semana— por Mercedes González sí estudia interponer medidas disciplinarias contra los agentes que presuntamente tiraron piedras contra los inmigrantes en la valla de Melilla el pasado 24 de junio, pese a que la Fiscalía no les imputó ningún delito.
De hecho, la insistencia por parte la cúpula de la Guardia Civil para que se ejecutasen dichas sanciones contra los guardias civiles por los sucesos en el perímetro fronterizo precipitó la salida jefe de la Comandancia de Melilla, Jesus Vicente Torresano, tres meses después de ser nombrado por María Gámez. El coronel siempre mantuvo el mismo criterio. «No estaba dispuesto a castigar o a poner en tela de juicio el trabajo de los agentes», según señalaron altos mandos del Instituto Armado a THE OBJECTIVE.
La Dirección General abrió el pasado enero una información reservada para investigar si los guardias civiles habían incurrido en una infracción disciplinaria durante su actuación en el paso fronterizo. Lo hizo después de que, en su decreto de archivo sobre la investigación de la tragedia de Melilla, el Ministerio Público alertase de que en las imágenes y vídeos estudiados un grupo de agentes de la Guardia Civil arrojaba piedras contra los migrantes.
«Un ataque proporcional»
Para concluir dichas pesquisas y con ello abrir el expediente sancionador, la Dirección General dio parte de las mismas al jefe de la Comandancia de Melilla, Jesús Vicente Torresano. La cúpula de la Guardia Civil no puede actuar de oficio en este caso. Según explican las fuentes consultadas, dicho procedimiento debe pasar siempre por el mando orgánico. El coronel, sin embargo, siempre se negó a acometerlo, ante la sorpresa de sus superiores.
Torresano siempre defendió la actuación de los agentes. También en reuniones con la Dirección General en Madrid. «Él argumentó que, en determinado momento, las personas que intentaban saltar la valla melillense lanzaron primero piedras contra los guardias civiles. Y por tanto, que el hecho de que algunos agentes se las devolviesen era proporcional. El no estaba dispuesto, bajo ningún concepto, a penalizarlos», señalaron las mismas fuentes.
