El Gobierno paga casi 10.000 euros al año por el mantenimiento de la tumba de Franco
Así lo ha explicado el Ejecutivo de Pedro Sánchez en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press
Un agente de la Policía Nacional vigila el panteón donde está enterrado el cuerpo de Francisco Franco. | Europa Press
El Gobierno ha informado que el mantenimiento de la tumba del dictador Francisco Franco en el cementario de El Pardo-Mingorrubio supone a las arcas públicas un gasto anual de 9.225,9 euros por el servicio de seguridad, la gestión y la limpieza del panteón en el que está enterrado tras su exhumación del Valle de los Caídos. En términos mensuales, el gasto es de 829,46 euros.
Así lo ha explicado el Ejecutivo de Pedro Sánchez en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press y confirmando así la información adelantada por THE OBJECTIVE en noviembre de 2022, al senador de Compromís, Carles Mulet, que pedía conocer el coste anual o mensual que suponía el mantenimiento del panteón de Franco.
Además, el senador valenciano había preguntado al Gobierno si había planteado con los familiares del dictador entregar sus restos mortales para que sean sepultados en unidades de enterramiento de la familia y no del Estado, algo a lo que el Ejecutivo ha eludido responder.
En cualquier caso, sí que ha detallado los gastos que genera al Estado la administración y el mantenimiento de la unidad de enterramiento de Franco. Lo que más cuesta es la seguridad del panteón, unos 8.569,44 euros al año, que al mes suponen unos 714,12 euros.
Y la administración y gestión del panteón, que está encargado a SEGIPSA, tienen un gasto de 222,46 euros al año para el Estado, lo que es unos 18,54 euros al mes. En limpieza, el Gobierno estima unos gastos de carácter no recurrente en el entorno de 430 euros al año, lo que equivale en unos 35,8 euros al mes.
Eso sí, el coste del mantenimiento de la tumba de Franco ha aumentado más de 220 euros al año respecto a 2021, cuando el Gobierno también informó que el montante anual que suponía al Estado era de 9.000 euros. Ahora, en esta respuesta parlamentaria fechada en el 27 de abril de 2023, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha cifrado actualmente este coste en 9.225 euros anuales.
