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La Fundación Franco solo podrá recurrir los cambios en el callejero que aludan al dictador

El Tribunal Supremo desestima un recurso de la organización contra los cambios de nomenclatura que realizó Manuela Carmena cuando era alcaldesa de Madrid

La Fundación Franco solo podrá recurrir los cambios en el callejero que aludan al dictador

Franco recibe a Saddam Hussein durante su visita a España en 1974. | Europa Press

El Tribunal Supremo pone límites a la Fundación Nacional Francisco Franco. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado una sentencia en la que confirma su falta de legitimidad para recurrir los cambios en el callejero que no afecten a calles y plazas que aludan a la figura del dictador. El fallo aplica la Ley de Memoria Histórica y confirma una resolución anterior dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que no admitió el recurso de la organización contra el cambio de nombre de 52 vías de la capital con referencias franquistas que llevó a cabo Manuela Carmena como alcaldesa.

La Fundación Franco recurrió la sentencia al Supremo, que ahora desestima el recurso. La magistrada María del Pilar Teso recuerda que para poder recurrir un acto administrativo «no basta» con discrepar de ese acto o que se considere que no es legal, sino que «es necesario» que exista «una relación concreta y determinada» entre quien promueve el recurso y el objeto del proceso «que le proporcione un beneficio o la evitación de perjuicio en función de la estimación o no del recurso contencioso-administrativo».

Los jueces del Alto Tribunal consideran que la Fundación Franco no ha concretado en qué consiste el beneficio que obtendría la sociedad si se revirtieran los cambios de denominación ni el daño que supone mantener los nuevos nombres, «salvo el sentimiento de nostalgia que produce», según el recurso de casación al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

El legado de Franco

El fallo señala que «no puede configurar un interés que pueda ser tildado de legítimo porque el legado del dictador se concreta «con la actuación de destacados militares o en hechos significativos acaecidos durante la sublevación militar y la Guerra Civil». La organización que preside Juan Chicharro alegó que su cometido «va más allá de la del nombre de Francisco Franco y lo concerniente a su persona» porque se trata de la «protección de su legado como Jefe de Estado».

Los magistrados consideran que extender la legitimación activa de la Fundación Franco «más allá de su figura, para alcanzar a la preservación de su legado, sin identificar en qué consiste exactamente ese legado, ni  por qué considera que es digno de trasmitirse a las generaciones posteriores, supondría expandir el ámbito de la legitimación activa a una pluralidad de ámbitos sectoriales ilimitados». Por eso desestima el recurso contra la sentencia del TSJM, excepto las que aluden al dictador.

El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó en abril de 2017 eliminar 52 nombres de vías y plazas que homenajeaban a personas o acontecimientos relacionados con el franquismo, entre ellas la Plaza del Caudillo y la Travesía del General Franco. La decisión, con la que desaparecían las menciones al general Mola o los caídos de la División Azul, contó con el respaldo de todos los grupos municipales excepto el PP, que se abstuvo.

El cambio fue pilotado por el Comisionado de la Memoria Histórica, un órgano independiente creado por Carmena. Estaba integrado por siete personas de reconocida . El Consistorio revirtió algunos cambios de nombre en 2001 al restituir a los Hermanos García Noblejas y al Crucero Baleares en el callejero a pesar de las críticas de las víctimas del franquismo.

La sentencia incluye un voto particular discrepante formulado por José Luis Requero. El magistrado sostiene que debió de estimarse el recurso de la Fundación Franco y anularse la sentencia recurrida con la consiguiente devolución de actuaciones al TSJM para que resolviese sobre el fondo en la parte que no lo hizo. Requero aprecia «un interés legítimo» para oponerse a un acto dictado en aplicación a la ley de Memoria Democrática de 2007.

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