Limpiadoras de prisiones denuncian a Interior impagos y retrasos desde hace una década
Trabajadoras de las cárceles de Valdemoro y de Huelva denuncian que la empresa subcontratada por Interior no les paga desde hace meses
El servicio de limpieza del Congreso de los Diputados. | EP
Las trabajadoras del servicio de limpieza del centro penitenciario de Madrid III-Valdemoro han dicho basta. A través de un escrito remitido al Ministerio del Interior, estas profesionales denuncian impagos y retrasos en las atribuciones por parte de la empresa a la que adjudicó el servicio el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska en diciembre de 2022. No obstante, revelan que no se trata de la primera vez que ocurre. Sino que, más bien, se trata de una tónica habitual que sufren al igual que ellas también compañeras de otras prisiones españolas desde hace más de una década.
En el documento, al que ha tenido acceso THE OBJETIVE, las afectadas detallan por año y empresa todas las irregularidades de las que son —o fueron— víctimas. En primer lugar, hacen mención a la empresa Do Not Look Back S.L., que resultó adjudicataria del contrato de servicio de limpieza de oficinas y otras dependencias de la prisión de Valdemoro hace cinco meses. Entre los cuales «ha incurrido en impago respecto a los haberes de las trabajadoras correspondientes al mes de marzo de 2023, y se retrasó hasta 14 días en el abono de los correspondientes a los meses de enero y febrero». Incumpliendo con ello «el convenio colectivo».
La cuestión no queda ahí. Hace dos años, la contratista Yoku Hoy S.L., que ejecutó el mismo servicio público entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, también dejó de abonar a las limpiadoras las tres últimas nóminas. Una situación, esgrimen en su denuncia, que llevaron a la jurisdicción laboral, en la cual vieron estimadas sus pretensiones pero no de forma completa, puesto que la compañía se declaró insolvente. Entre tanto, las afectadas sospechan que esta empresa está ligada con la que tiene el servicio actualmente, por lo que dan por hecho «que los impagos seguirán produciéndose».
A este última, añaden, le sigue Modis Servicios & Solutions S.L. que, de igual modo, dejó de retribuir las gratificaciones extraordinarias de Navidad entre 2013 y 2015 a estas profesionales y las estipuladas en el convenio colectivo. O la compañía Servicios de Limpieza y Operaciones de Mantenimiento S.L., quien «se retrasaba repetidamente en el pago de los salarios abonándolos hasta con más de un mes de demora».
La prisión de Huelva
Ellas no son las únicas. Según revelan algunas de las afectadas en conversación con este diario, este tipo de prácticas con trabajadoras subrogadas es algo habitual en su sector. «A las compañeras de la prisión de Huelva, contratadas con la misma empresa, tampoco les han pagado en los últimos meses, y si lo han hecho ha sido con retrasos. Es difícil saber si ocurre en todas las prisiones, pero hemos tenido conocimiento de muchos casos similares tras ponernos en contacto con ellas», explican.
Estas profesionales califican de «intolerable» esta situación pues, «teniendo conocimiento de esto, el órgano de contratación», este es, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias o el Ministerio del Interior, «ser permisivos con ella puede dar lugar a contribuir a un escenario en el que las trabajadoras están siendo explotadas y sus derechos laborales violados».
Beneficio para la Administración
Y es que la realidad que se esconde detrás de todo esto, según denuncian en el escrito estas limpiadoras, es un beneficio directo para la administración. De este forma, argumentan, «obtienen un ahorro para su erario a base de otorgar contratos públicos guiándose exclusivamente por el criterio económico y adjudicando el contrato a la oferta económicamente más ventajosa, sin tener en cuenta que en muchos casos, estas ofertas no son sostenibles ni realistas en términos de costes reales de los servicios ofrecidos».
Otra cuestión a la que se han enfrentado estas trabajadoras es que cuando se acerca el plazo de vencimiento del contrato, las empresas dejan de pagar a sus trabajadores y entran en liquidación. Poco después, se vuelven a presentar a licitaciones posteriores bajo a otra apariencia: una jurídica diferente, y otro nombre y razón social. «Esto no puede continuar así, el Gobierno debe garantizar unas condiciones dignas de las trabajadoras», demandan.
Por otro ello, además de volver a recurrir a la vía judicial para reclamar sus nóminas de 2023, a través de este escrito, solicitan al Ministerio del Interior que intervenga para que a través de un mecanismo elabore «un protocolo de contratación» o un código de buenas conductas» que evite la repetición de estas dinámicas laborales y del todo anómala en la adjudicación de los contratos a las empresas.
