El 10% de los electores de Melilla se queda sin votar tras el fraude en el voto por correo
Los votantes que han decidido abstenerse tendrían en su mano «la designación de tres o cuatro» de los 25 concejales que conforman la Asamblea de Melilla
Miles de votos por correo se quedarán en el limbo en Melilla. La mayoría de quienes lo solicitaron han rehusado (o no han podido) enviar la papeleta. El plazo para hacerlo expiró este jueves. Solo 5.814 de las 11.727 personas que lo pidieron han ejercido finalmente su derecho. Los 5.913 electores que han descartado emitirlo en tiempo y forma, un 9,6% del censo, se quedarán sin votar el 28-M, porque una vez iniciado el proceso a través del servicio postal no se puede participar de forma presencial. Supone uno de cada 1o ciudadanos con derecho a voto.
El artículo 73.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg) establece que «recibida la solicitud a que hace referencia el artículo anterior (voto por correo), la Delegación Provincial comprobará la inscripción, realizará la anotación correspondiente en el censo a fin de que el día de las elecciones no se realice el voto personalmente, y extenderá el certificado solicitado».
Las cifras que arroja Correos son demoledoras. La mitad de quienes solicitaron esta modalidad de voto en Melilla no han depositado finalmente su papeleta, por lo que tampoco podrán hacerlo el domingo. Esto supone que uno de cada 10 votantes de la ciudad autónoma no podrá elegir a sus representantes públicos en unos comicios marcados por las sospechas de fraude electoral. En España, casi un millón de ciudadanos ha votado por correo, un 6,4% más que hace cuatro años.
Fraude en Melilla
En Melilla están llamadas a votar 61.126 personas, de las que 11.707, el 20% del censo, solicitó hacerlo a través del servicio postal. Una cifra muy superior a la media nacional, que no alcanza el 4%, y tres veces superior a las elecciones de 2019. El 9,6% de electores que se quedan sin votar en la ciudad autónoma tras solicitar la modalidad postal hay que añadir la abstención de la jornada electoral.
Las fuentes consultadas explican a THE OBJECTIVE que esos votantes que han decidido abstenerse tendrían en su mano «la designación de tres o cuatro» de los 25 concejales que conforman la Asamblea de Melilla. En los anteriores comicios, Ciudadanos cosechó 1.800 papeletas, lo que le sirvió para conseguir un concejal. Eduardo de Castro le valió ese único acta para alzarse con la presidencia gracias al apoyo de PSOE y Coalición por Melilla, que se convirtió en el principal partido de gobierno.
Las elecciones las ganó el PP, que con 12.943 votos obtuvo 10 concejales. Las sospechas de fraude se ciernen sobre los procesos de la ciudad autónoma desde que en 1989 se tuvo que repetir la votación. En esta ocasión las pesquisas se centran en Coalición por Melilla, partido que lidera Mustafa Aberchán, que no ha podido presentarse a este proceso electoral al estar inhabilitado por la compra de votos por correo en las generales de 2008.
La Policía Nacional ha detenido por el momento a una docena de personas, dos de ellas vinculadas a esta formación local fundada en 1995. Entre los arrestados se encontraba Mohamed Ahmed Al-Lal, que fue cesado el miércoles como consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana.
Las pesquisas de los agentes están dando resultados, aunque de momento parciales. Han localizado el 25% de los votos por correo que, supuestamente, habría comprado la trama a miles de ciudadanos a cambio de dinero y otras promesas. Otras 6.000 papeletas permanecen en paradero desconocido. Los investigadores creen que gran parte de esos votos podrían estar ocultos en territorio marroquí o haber sido enviados a otros puntos de nuestro país.
Para evitar un posible fraude masivo, la Junta Electoral de Zona obligó la semana pasada a los electores a identificarse a la hora de depositar el sobre, un requisito que no era necesario. La decisión fue avalada un día después por la Junta Electoral Central, que amplío la medida a todas las oficinas de Correos de España. Tanto la Delegación del Gobierno como el Ministerio del Interior sostienen que hay garantías para celebrar unas elecciones limpias, aunque el PP no descarta impugnar el resultado.