Sánchez sigue gobernando a golpe de decreto: 81 veces desde que convocó las elecciones
El Gobierno saca adelante cambios legislativos sin que exista la urgencia exigida por la Constitución
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una reciente comparecencia. | Agencias.
Pedro Sánchez ha acelerado el final de la legislatura con una abultada agenda normativa. En los últimos 37 días se han aprobado 239 acuerdos, 45 decretos, 36 reales decretos, un decreto ley y se ha dado tramitación urgente a otros seis cuerpos legales, según los datos cribados por THE OBJECTIVE. Es el mismo tiempo que ha pasado desde la convocatoria anticipada de las elecciones generales el 29 de mayo y la disolución de las Cortes, por lo que estas normas no pasarán por el trámite parlamentario ordinario.
En solo seis consejos de ministros (uno en mayo, cuatro en junio y otro en julio) se han aprobado proyectos tan relevantes como el acuerdo marco de publicidad institucional, la adenda del Plan de Recuperación y Resiliencia, soluciones para facilitar el acceso a la cultura, el plan de prevención y lucha contra los incendios forestales para 2023, la renovación de las principales medidas de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania, una nueva regulación para las inversiones extranjeras y el fin de las mascarillas en hospitales y farmacias.
Una mezcla de medidas electoralistas, aprobación de una veintena de grandes proyectos de obras públicas y una quincena de nombramientos de altos cargos, que han pasado mayoritariamente desapercibidas y que confirman una efervescencia normativa que ha sido incluso superior a lo que ha registrado este Gobierno desde que llegara a La Moncloa. Un paquete de cambios regulatorios sin contar con el Parlamente disuelto y con la opinión pública centrada en la precampaña electoral.
«Urgente necesidad»
Se trata de una situación que confirma a Pedro Sánchez como el presidente en democracia con mayor número de decretos ley promulgados. La Constitución Española establece que éstos se utilizarán solamente «en caso de extraordinaria y urgente necesidad». No obstante, en el Gobierno actual no han sido normas ni de carácter provisional, ni utilizadas en casos extraordinarios, sino que se han utilizado para salvar la precaria mayoría parlamentaria con la que se ha contado durante toda la legislatura.
Con el Congreso funcionando, los grupos parlamentarios no pueden incluir enmiendas en la tramitación parlamentaria de los decretos ley -o se aprueba todo o nada- y su contenido no pasa por los órganos consultivos, como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o el Consejo Económico y Social.
De esta manera, entre julio de 2018 y finales de 2022, Sánchez aprobó el 56% de todas las iniciativas legislativas mediante decreto ley, con una amplia diferencia sobre su más cercano seguidor: Mariano Rajoy con un 37%. Un total de 239 iniciativas normativas, de las 134 se han hecho por esta vía. El Plan Anual Normativo de este año 2023 preveía 117 propuestas normativas de las que 81 serían por decreto, el 69% del total.
81 decretos
Este es un plan que se ha visto trastocado por la convocatoria anticipada de elecciones, seis meses antes de lo previsto, y que ha obligado a acelerar la promulgación de leyes. En este sentido, en solo cinco semanas y seis consejos de ministros se ha dado luz verde a 81 decretos en total, un decreto ley y se han acelerado otras seis leyes mediante el procedimiento de tramitación urgente.
Con las Cortes disueltas, la Diputación Permanente debe validar estas normativas con una representación equivalente a la de la última legislatura. Una composición que garantiza la convalidación de estas normas, pero sin ningún tipo de discusión parlamentaria ni sometimiento a algún órgano de control. Tras la convocatoria de elecciones, este organismo se encuentra compuesto, entre otras, por las ministras María Jesús Montero o Ione Belarra.
Es así como el 29 de mayo el mismo consejo de ministros en el que se convocaron las elecciones y se disolvieron las Cortes, el Gobierno aprobó el acuerdo marco de publicidad institucional bianual por valor de 440 millones de euros. Una reunión en la que validaron 34 acuerdos, dos decretos, nueve reales decretos y cinco grandes contratos de obra pública.
Consejos de ministros
El 6 de junio se aprobó el II Plan Nacional de Derechos Humanos y la adenda del Plan de Recuperación anunciada seis meses antes y con la que se solicitará a la Unión Europea 84.000 millones de créditos de los fondos Next Generation. Un plan salpicado de polémicas en el que las autonomías pidieron mayor participación y donde la oposición pidió sin éxito que se tuvieran en cuenta sus propuestas. En este consejo se aprobaron 36 acuerdos, 10 decretos y dos reales decretos.
El 13 de junio se aumentó el número de empresas beneficiarias del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos y se reguló la concesión directa de subvenciones a salas de exhibición cinematográfica para fomentar el acceso al cine de las personas a partir de 65 años. En este consejo de ministros se aprobaron 38 acuerdos, 12 decretos y siete reales decretos, además de 10 nombramientos y una decena de obras públicas.
Últimos decretos
En el consejo del 20 de junio el Gobierno actualizó la normativa básica de Protección Civil, se autorizaron ayudas para los afectados por 80 emergencias y coordinó los planes de actuación para el verano. En total, se aprobaron 45 acuerdos, 10 decretos y cinco reales decretos. Por su parte, el 27 de junio el Ejecutivo extendió hasta el 31 de diciembre la rebaja del IVA de alimentos básicos, las ayudas para la bonificación del transporte público y la suspensión de desahucios de familias vulnerables. Además, puso en marcha la nueva línea de avales ICO para la adquisición de vivienda. Se aprobaron 45 acuerdos, tres decretos y cinco reales decretos.
Finalmente, el 4 de julio (último consejo de ministros hasta la fecha) se aprobó la norma para regular las inversiones extranjeras y endurecer y prolongar el escudo antiopas vigente desde el comienzo de la pandemia y se dictaminó el final de la crisis sanitaria con el final de la obligación de utilizar mascarillas en centros sanitarios y farmacias. Se aprobaron un total de 41 acuerdos, ocho decretos y 8 reales decretos.
