Víctimas del franquismo acusan al Gobierno de doble moral tras desclasificar papeles de Chile
La ARMH critica que España mantenga en vigor la Ley de Secretos Oficiales de 1968, aprobada en plena dictadura
Carmen Montón entrega al representante de Chile en la OEA los documentos. | Flickr
El gesto fue muy aplaudido. La observadora permanente de España ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carmen Montón, entrega a su homólogo chileno unos documentos desclasificados por el Gobierno español sobre el golpe militar que acabó con el Gobierno de Salvador Allende en 1973. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) elogia la decisión, pero critica «la doble moral» del Ejecutivo, que mantiene la Ley de Secretos Oficiales de 1968. La norma, en vigor desde la dictadura, les impide conocer con detalle los crímenes cometidos por el franquismo.
La entrega de los documentos tuvo lugar el pasado martes en Washington. El Gobierno español decidió desclasificarlos en un intento de «recuperar la memoria democrática». Lo hace justo cuando se cumple medio siglo de uno de los sucesos más graves en la historia de Chile. El golpe de Estado de Augusto Pinochet derrocó al dirigente socialista para instaurar una dictadura militar durante 17 años.
La ARMH aplaude la decisión y solicita que se entregue a Chile «lo que haga falta». No obstante, reprocha al Gobierno su «doble moral». «Llama la atención que ofrezca documentación clasificada sobre el golpe de Estado de Pinochet mientras mantiene en España una Ley de Secretos Oficiales del año 1968 y, por tanto, redactada por la dictadura de Franco», lamenta Emilio Silva, presidente de la asociación que desde 2000 localiza y recupera víctimas de la Guerra Civil y la represión sin ayudas públicas.
El gesto del Gobierno
Silva sostiene que el Gobierno mantiene clasificados «muchísimos documentos que nos permitirían conocer verdades sobre la represión de la dictadura y la corrupción política y económica en tiempos de Franco». El presidente de la ARMH considera que esa doble moral no es casual: «Años atrás (octubre de 1998), la justicia española detuvo a Pinochet en Londres, pero jamás ha juzgado ni ha condenado a ningún responsable de la dictadura española, en la que desaparecieron más de 100.000 civiles».
La entrega de documentos desclasificados se produjo en la reunión ordinaria de la OEA, que conmemoró el 50 aniversario del golpe de Pinochet. Montón lo consideró «un gesto de afecto y amistad» que abre la puerta a analizar y estudiar «muchos» papeles sobre la asonada y las relaciones de Chile con la OEA en los años 1972, 1973 y 1974. Justo lo que las víctimas del franquismo demandan al Gobierno en España.
Entre los documentos desclasificados se encuentra la conmovedora carta de despedida de Luis Herrera, embajador de Allende ante la OEA, dos semanas después del golpe. «La Historia dirá si los planteamientos fueron justos o equivocados, pero nos fuimos con la conciencia limpia», escribió el diplomático chileno.
Montón reconoció que Allende sigue siendo «una fuente de inspiración para las fuerzas políticas progresistas que defienden la justicia social, el crecimiento económico sostenible y la democracia». En su opinión, «sigue vigente el mandato irrenunciable de proteger a la mayoría social, la clase media y trabajadora». Además, subrayó que la iniciativa del Gobierno español contribuía a «recuperar la memoria democrática» y a construir un futuro «preñado de libertad, paz y prosperidad».
Búsqueda de desaparecidos
El representante permanente de Chile ante la OEA, Sebastián Kraljevich, agradeció el gesto. Tras recibir unos sobres de la propia Montón, afirmó el «grave impacto» que tuvo el golpe y las casi dos décadas de dictadura, no solo en su país, sino en todo el continente americano. «Las consecuencias siguen presentes hoy en los más variados ámbitos de la vida social, política, económica y cultural». Y apostilló: «Ocho de cada 10 familias de desaparecidos todavía siguen buscándolos».
Una situación muy similar a la que vive España, donde las asociaciones memorialistas estiman que existen más de 100.000 desaparecidos. Con la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en octubre, el Estado asume de forma expresa su búsqueda, que hasta ahora realizaban organizaciones sin ánimo de lucro, en muchos casos sin ayudas públicas, como la ARMH.
En junio, tras siete años de trabas burocráticas, el Gobierno inició los trabajos para exhumar a 133 personas del Valle de los Caídos (ahora Cuelgamuros). Sus restos han sido solicitados por las familias, aunque en el complejo yacen más de 33.000 víctimas, algunas trasladas sin permiso. Ha tenido que pasar casi medio siglo. Chile, en cambio, inauguró un Museo de la Memoria para repararlas simbólicamente en 2010, apenas dos décadas de que Pinochet abandonara el poder.
