Ribera cobra una tasa por exhumar a tres víctimas del franquismo en terrenos públicos

Las víctimas del franquismo no salen de su asombro. La Confederación Hidrográfica del Duero, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica que lidera Teresa Ribera, ha cobrado una tasa a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) por unos trabajos en terrenos públicos que tenían como objetivo exhumar a tres republicanos asesinados en Candemuela, una aldea situada en la comarca de Babia (León). El importe llegó con un recargo, ya que no se abonó durante el periodo voluntario. La organización memorialista sostiene que nunca le notificaron el asunto y carga contra el Gobierno: «Nos penaliza por buscar a las víctimas en lugar de facilitarnos las cosas».

«Nunca nos notificaron la tasa, y cuando lo hacen, es con recargo. No es por el dinero, que no es mucho, sino por una cuestión de procedimiento. Ya que no nos ayudan, que no nos cobren por hacer un trabajo que estamos haciendo gratis y que debería estar realizando el Estado», afirma Emilio Silva, presidente de la ARMH. No es la primera vez que les ocurre y se temen que tampoco será la última, aunque los dirigentes políticos llevan años asegurándoles que iban a terminar con este tipo de impuestos.

La providencia de apremio de la Delegación de la Agencia Tributaria en Castilla y León llegó en mayo. El plazo de pago en periodo voluntario finalizó a principios de enero. La Confederación Hidrográfica del Duero les solicitó 67,27 euros para acceder a los terrenos, una finca colindante al río de Torrestío. A esa cantidad hay que añadir un recargo de apremio ordinario del 20%, esto es, 13,45 euros más, lo que eleva la deuda a 80,72 euros.

Crímenes del franquismo

La ARMH inició en octubre del año pasado la búsqueda de tres hombres asesinados por un grupo de falangistas tres meses después de comenzar la Guerra Civil. Sus cuerpos fueron arrojados a una fosa común en Candemuela, una aldea situada en el municipio de San Emiliano, en León.

Las víctimas del franquismo eran Alipio Alonso, de 33 años; Víctor Alonso, de 71; y Manuel García, de 70. La exhumación apenas duró unos días. Para recuperar sus restos 86 años después de su asesinato fue preciso abrir varias zanjas con retroexcavadoras. Unos detectores de metales encontraron tres casquillos de fusil Mauser idénticos a otra bala hallada durante una prospección inicial desarrollada mesas antes. Sin embargo, los voluntarios no dieron con el rastro de otra mujer desaparecida, hermana de Alipio e hija de Víctor.

Antes de acometer los trabajos, la ARMH solicitó a la Confederación Hidrográfica del Duero en mayo del año pasado un permiso para realizar el desbroce de la maleza del terreno y la prospección mecánica para buscar la ubicación exacta de la fosa común. Tras meses de espera, la asociación recibió el 1 de septiembre la autorización, aunque fueron advertidos por teléfono de que esta conllevaba una tasa «que se genera automáticamente».

La sorpresa es que, meses después, se encontraron con una deuda de 80,72 euros por no pagar a tiempo la tasa. La organización memorialista ha recurrido la decisión argumentando que no se la habían notificado. Denuncian la injusticia del pago de un tributo por realizar unas labores que le corresponden al Estado. La ARMH lleva más de dos décadas recuperando víctimas del franquismo de las fosas, más de un millar sin ningún tipo de ayuda pública.

«Es una vergüenza que siga ocurriendo esto cuando hace meses nos dijeron que este tipo de tasas iban a desaparecer», lamenta Silva. E insiste: «Les niegan a las familias de los desaparecidos del franquismo el acceso a la justicia y el Gobierno nos penaliza por buscarlos en vez de facilitarnos las cosas». Este diario ha tratado sin éxito de conocer los motivos por los que el Ministerio para la Transición Ecológica cobra esta tasa.

No es la primera vez que les sucede. En 2021, la ARMH recibió otro permiso de la Confederación Hidrográfica del Duero que incluía una tasa de 199,21 euros por la generación de un informe facultativo con toma de datos, algo que la asociación denunció públicamente. El Gobierno se comprometió a eliminar ese tipo de tasas generadas en virtud de un decreto franquista de 1960.

Ese escenario se repite en otros niveles de la Administración. Silva recuerda el caso de Ascensión Mendieta, la nonagenaria que pudo recuperar y enterrar dignamente a su padre, asesinado una vez acabada la Guerra Civil y arrojado a una fosa común en el cementerio de Guadalajara. «El Ayuntamiento también nos cobró una tasa por la exhumación», rememora el presidente de la ARMH. La mujer puedo recuperar los restos de su progenitor gracias a la querella presentada por las víctimas del franquismo en Argentina.