El atasco en los tribunales dispara las jubilaciones anticipadas de jueces
En los primeros nueve meses del año se han jubilado 74 jueces: 33 de forma forzosa y 41 de forma voluntaria y anticipada
La sobrecarga en los tribunales dispara al 55% las jubilaciones anticipadas de jueces. | Alejandra Svriz
La sobrecarga de trabajo en los tribunales está disparando el número de jueces que se jubilan de forma anticipada por cuestiones de salud laboral. Ya son mayoría los magistrados que se retiran antes de cumplir los 70 años que marca la edad de jubilación legal de los magistrados. El 55% de los que se han jubilado durante los primeros tres trimestres del año 2023 lo ha hecho de forma voluntaria y anticipada, según datos de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) facilitados a THE OBJECTIVE.
De las 74 jubilaciones publicadas en el BOE durante los primeros nueve meses de 2023, 41 corresponden a jueces que han dejado la carrera judicial de forma voluntaria y antes de cumplir los 70 años, frente a los 33 que se han retirado por cumplir la edad de jubilación, según el último recuento actualizado por esta organización de jueces, la segunda con mayor número de afiliados en España.
«Las jubilaciones anticipadas están estrechamente vinculadas con la sobrecarga de trabajo», afirma el juez Oscar López Bermejo, miembro del Comité Nacional de la AJFV. Añade que muchos de los que se jubilan o dejan la carrera judicial antes de tiempo, lo hacen renunciando a la pensión máxima y como consecuencia del aumento de la tasa de litigiosidad en España, que se sitúa ya en 37,8 asuntos por cada 1.000 habitantes.
Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante el segundo trimestre de 2023, los órganos judiciales de toda España recibieron un 7,7% más de nuevos asuntos que hace un año y resolvieron un 4,7% menos. De acuerdo a las proyecciones del órgano de gobierno de los jueces, a finales de este año los juzgados habrán dictado un 11% menos de sentencias que en 2022 ante las dificultades para absorber la actual carga de trabajo.
Efecto dominó para los jueces
«No estamos ante una tendencia puntual por la covid, sino ante una situación endémica en algunas jurisdicciones desde hace una década. En lo Social estamos tramitando el doble de asuntos que un juez puede absorber desde el punto de vista de la salud laboral. Deberían ser unos 850 pleitos al año, pero en provincias como Málaga o Almería ya se están tramitando 1.50o y 1.600 anuales», afirma López Bermejo.
El magistrado subraya que la «avalancha» de pleitos en los juzgados está produciendo un «efecto dominó» con repercusiones en todo el sistema judicial, y no solo en lo referente a jubilaciones anticipadas. «Los juicios se están retrasando, con señalamientos para cuestiones de despidos laborales ya para el año 2025 o 2026. Es inadmisible este ritmo de trabajo. No puedes dar un servicio público rápido y eficiente. Es muy frustrante, y muchos jueces optan por jubilarse antes de tiempo», añade López Bermejo.
En los primeros nueve meses de 2023, según los datos de la AJFV, el 55% de los jueces que se han jubilado lo han hecho de manera anticipada. Aunque aún no se puede hablar de un cambio definitivo de tendencia, esta cifra supone un aumento del 9,5% con respecto a las cifras registradas durante los cinco años anteriores. Entre 2018 y 2022 se jubilaron un total de 430 jueces, de los que 230 lo hicieron por llegar a la edad legal de jubilación. Esto significa que en ese periodo de 5 años, se jubilaron de forma voluntaria y anticipada 200 jueces, lo que supone un 46,5% del total.
«No se han creado más plazas judiciales, y la tasa de reposición es insuficiente. Se necesita elevar el número de oposiciones para jueces y fiscales. Nos encontramos con que hacen falta más órganos jurisdiccionales y no se crean. Y si se crean es a modo de parche. Todo esto, unido a las jubilaciones de la generación del baby boom que se esperan para los próximos años -cerca del 33% de los jueces actuales-, hace que la gente esté desincentivada para llegar hasta los 70 años porque la carga de trabajo es insostenible», subraya el magistrado, miembro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial (CNSS).
El CGPJ, obligado a regular las cargas de trabajo
Ese organismo, presidido por el vocal del CGPJ Juan Martínez Moya, ha sido convocado de forma extraordinaria para el próximo 6 de noviembre a raíz de una reciente sentencia del Tribunal Supremo que condenó al CGPJ por no cumplir con su obligación de regular la carga de trabajo de los jueces y magistrados a efectos de salud laboral. El Alto Tribunal estimó parcialmente un recurso presentado por las cuatro asociaciones de jueces españolas.
El CGPJ, como empleador de los magistrados en términos de riesgos laborales, tendrá que establecer baremos o estudios para medir y fijar la carga de trabajo de los jueces. La tasa de litigiosidad de toda España durante los dos primeros trimestres de 2023 fue de 37,8 asuntos por cada 1.000 habitantes. Entre tanto, la ratio de jueces en nuestro país se sitúa en los 11,4 jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media de la Unión Europea (15,4 magistrados por cada 100.000 habitantes).
El panorama podría empeorar, según los cálculos de la AJFV. En un informe elaborado por el magistrado Sergio Oliva, esa asociación pronostica que la cifra total de jubilaciones en la judicatura española superará las 1.700 durante la próxima década. El 33% de los magistrados y jueces se habrá jubilado en el año 2032. Un total de 1.243 jueces, nacidos durante la generación del baby boom, se jubilará por cumplir los 70 años, pero otros 450 lo harán de forma anticipada y voluntaria.
Reclaman más plazas al Gobierno
La Comisión Permanente del CGPJ acordó el pasado mes de junio tomar conocimiento del plan estratégico de recursos humanos en la Carrera Judicial para el decenio 2023-2032. Un estudio que advierte de la necesidad de una oferta anual de entre 310 y 320 plazas de jueces durante la próxima década para garantizar el correcto desarrollo y funcionamiento de la Administración de Justicia. En total, según el CGPJ, el número de jueces y juezas que deberían integrar la Carrera Judicial de aquí a diez años asciende a 6.499, frente a las 5.799 plazas que existen actualmente (309 de ellas sin cubrir).
En su última negociación laboral con las asociaciones de jueces, el Ministerio de Justicia se comprometió a aumentar en 200 las plazas de jueces y fiscales convocadas en concurso-oposición para los años 2023 y 2024. Unas cifras que se quedan lejos de las necesidades proyectadas por el CGPJ. «La reacción de la Administración siempre es un parche. Hay que crear más juzgados para atender a la realidad de hoy. No es admisible esperar hasta 2025 o 2026 para tener un juicio y saber si un despido es nulo o no», apostilla López Bermejo.
