Los líderes de una asociación de la Guardia Civil se exponen a su expulsión por criticar al PSOE
Interior acusa a esta asociación de la Guardia Civil de «quebrantar el principio de neutralidad política»
Los líderes de Jucil, la asociación profesional de la Guardia Civil a la que el Ministerio del Interior investiga por «quebrantar el principio de neutralidad política» tras criticar la amnistía en un tuit el pasado domingo, se enfrentan a sanciones disciplinarias que van desde la suspensión en el servicio a la expulsión del Cuerpo, según reza la Ley de Régimen Disciplinario del Instituto Armado.
El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska anunció que emprendería «acciones legales» contra esta organización de guardias civiles por publicar en la red social X —antes Twitter— un mensaje en el que censuraba la medida que negocia el Gobierno con Junts: «La mayor felonía que se puede cometer contra una Nación es la traición de quienes tienen el deber de defenderla. El interés personal de un individuo por encima de la libertad del pueblo español», criticó Jucil, adjuntando un vídeo en el que el Pedro Sánchez defendía la amnistía en el Comité Federal del PSOE.
Interior tomó la decisión, señalaron fuentes de este área, tras varios meses en los que venía llamando «a la responsabilidad» a «determinadas asociaciones que han sobrepasado reiteradamente los límites de la defensa gremial para creerse una suerte de actores políticos, confundiendo los fines legítimos de su actividad y corrompiendo los valores de la Guardia Civil».
Ahora es la asesoría jurídica del Instituto Armado quien está evaluando las actuaciones disciplinarias y/o penales que proceda seguir contra la asociación profesional, indican desde el Ministerio. Fuentes de la Guardia Civil, sin embargo, aclaran que el régimen disciplinario no sanciona a personas jurídicas, en este caso, Jucil. Sólo se aplica a personas físicas, es decir, los agentes de la Benemérita. Por lo que se intuye que, de confirmarse el expediente disciplinario contra esta organización, serían sus responsables quienes acatarían su resolución, explican.
Falta muy grave
Quebrantar el principio de neutralidad política está tipificada en la norma que regula las sanciones de la Guardia Civil como una falta muy grave o grave. El artículo 7.2 señala como falta grave «la violación de la neutralidad o la independencia política o sindical en el desarrollo de la actuación profesional». Por otro lado, el artículo 8.21 bis apunta como falta grave «efectuar con publicidad manifestaciones o expresar opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad política o sindical, pronunciándose o efectuando propaganda a favor o en contra de partidos políticos o sindicatos o de sus candidatos».
En el primer caso, las sanciones que pueden imponerse son la separación del servicio, es decir la perdida de la condición de militar de carretera de la Guardia Civil; la suspensión de empleo desde tres meses y un día hasta un máximo de seis años y la pérdida de puestos en el escalafón. En el segundo, las medidas que se imponen son la suspensión de un mes a tres meses; la pérdida de cinco a 20 días de haberes con suspensión de funciones y la pérdida de destino.
Jucil: «No nos amedrentaremos»
Desde Jucil valoran la investigación del Ministerio del Interior como «un paso más en su intento de amedrentar, pero sobre todo de acallar, de silenciar y de impedir la libertad de expresión entre los guardias civiles, a quienes pretenden negar lo que la Constitución les concede».
Pero, advierten: «No nos amedrentaremos». «Vamos a seguir reclamando justicia para los guardias civiles, igualdad, y más representatividad en los órganos de control y gobierno de una institución a la que, frente a la que vemos cómo algunos intentan corromper, precisamente con corrupción,, los valores de un Cuerpo del que nos sentimos orgullosos de formar parte», manifiestan desde esta asociación profesional.
Enfado entre los mandos
El inicio del expediente disciplinario contra los miembros de esta asociación, por otro lado, ha causado malestar entre los altos mandos del Instituto Armado, que ven la actuación del Ministerio del Interior como un «despropósito». «Pensar que porque una asociación profesional se pronuncie sobre la amnistía se está vulnerando el principio de neutralidad política es un sin sentido», critican.
«Si hablar de la amnistía en los términos que lo ha hecho Jucil es faltar a la neutralidad política, se supone que también lo habría sido apoyar la amnistía que defiende el Gobierno». «¿Alguien piensa que si el tuit hubiera ido en ese sentido —de apoyar al Gobierno— desde Interior se estarían estudiando acciones legales?», censuran desde la Benemérita.