El director de la Guardia Civil incumple la norma y rechaza recibir a las asociaciones del Cuerpo
Los guardias civiles pidieron un pleno extraordinario a Marcos después de que les diese plantón en el último consejo
El director de la Guardia Civil. | EP
El director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha ignorado una vez más a las asociaciones representativas negándoles una reunión extraordinaria del Consejo del Instituto Armado que solicitaron hace un mes, pese a que la normativa del cuerpo da un plazo máximo de 15 días al responsable para convocarla, según denuncian a THE OBJECTIVE fuentes de la Benemérita. En unidad de acción, las siete organizaciones pidieron el pasado 26 de octubre la celebración de este cónclave después de que Marcos plantase a los portavoces de los guardias civiles en el último consejo.
Tal como adelantó este periódico, la actitud del responsable del Instituto Armado, que llegó a manifestar a los vocales de las asociaciones «que entrasen a la reunión» después de que estos últimos decidiesen abandonarla ante la ausencia de Marcos, e insistió en que «él no estaba allí para dialogar sino para dar órdenes», empujó a las organizaciones a denunciar el trato que recibían por parte de la cúpula de la Guardia Civil. Los agentes criticaron que era la primera vez que un director «se dirigía con una actitud despótica y soberbia a los representantes».
«Se trata de un hecho gravísimo», denuncian las asociaciones —Unión de Oficiales, Jucil, AUGC, AEGC, IGC, ASES-GC y la Asociación de Cabos—, refiriéndose al incumpliendo del reglamento de la Guardia Civil. Más aún, insisten, «cuando hay precedentes emitidos mediante sentencia de la Audiencia Nacional, que declaró en 2018 nula de pleno derecho la no convocatoria de un pleno extraordinario solicitado por las asociaciones», que representan a todos los agentes ante la Dirección General de la Guardia Civil.
Una «reunión de trabajo»
Con posterioridad a la caducidad del plazo —como máximo 15 días hábiles, cuando las sesiones extraordinarias se realizan a iniciativa de quienes ostentan las vocalías—, el responsable del Instituto Armando, no obstante, remitió una carta a las asociaciones para convocarlos a una reunión de trabajo para el próximo martes 28 de noviembre «con motivo de preparar el próximo pleno del Consejo». Lo que a juicio de los guardias civiles, no «indica si se refiere al pleno extraordinario solicitado o al próximo pleno ordinario de diciembre».
En cualquier caso, los agentes advierten que mantendrán la «unidad de acción» como «acicate» hasta que la Dirección General de la Guardia Civil no se comprometa a la celebración del pleno extraordinario solicitado, «con el único fin de convertir el derecho de asociación en la herramienta necesaria que todos los guardias civiles demandan para la consecución de mejoras en sus condiciones profesionales, sociales y económicas».
Con todo, las asociaciones esperan que en la reunión Leonardo Marcos se comprometa a la realización de la reunión solicitada para «hablar de la modernización y mejora del funcionamiento del consejo y en consecuencia de la vida profesional de todos los guardias civiles». Si se encuentran con una negativa, las organizaciones de la Guardia Civil no descartan llevar esta cuestión a los tribunales.
«No hay comunicación» con las asociaciones
Entre tanto, denuncian que «no existe interlocución» con la cúpula de la Guardia Civil desde hace meses. Primero, explican, tras el breve paso de la exdirectora Mercedes González, que dimitió para ir en las listas electorales del PSOE, y después con la llegada de Leonardo Marcos, quien tras «cinco meses en el cargo, ni siquiera se ha molestado en reunirse con nosotros». «Los grupos de trabajo, las comisiones, las propuestas para los textos… Hay un ninguneo total», insisten.
Una situación que se agrava, critican las mismas fuentes, después de que exista «una orden que pretende quitar competencias a la Guardia Civil». «¿Quién va a velar por nosotros si no es el máximo responsable del Cuerpo?», reivindican. Se refieren a la a norma dictada por el Ministerio del Interior que atribuye funciones de vigilancia en las fronteras aéreas a la Policía, donde, por otro lado, la Guardia Civil tiene competencias de control aduanero y fiscal, además de la seguridad ciudadana.
Este cambio, indican las mismas fuentes, puede suponer un primer paso para la salida de los guardias civiles de los aeropuertos y «una gran pérdida de operatividad del Cuerpo», pues es, en gran medida, donde los agentes pueden desarrollar operaciones a nivel internacional.
