El juez premiado por Interior se aparta del 'caso puticlub' y otro investiga al agente por extorsión
Jaime Parra fue condecorado poco antes de archivar una denuncia contra el jefe de la Guardia Civil en Cantabria
El club de alterne donde sucedieron los hechos. | TO
El Juzgado de Instrucción número 1 de Medio Cudeyo (Santander) se ha hecho cargo de la investigación sobre el presunto caso de extorsión a una chica de compañía por parte de un guardia civil de la Comandancia del Instituto Armado en diciembre del pasado año, según confirman a THE OBJECTIVE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Lo hace después de que el Juzgado número 1 de Santander haya decidido inhibirse en favor del citado tribunal, señalan fuentes judiciales.
Cabe destacar que el titular del juzgado de Santander, Jaime Parra, fue el que archivó provisionalmente la denuncia contra el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cantabria, el coronel Antonio Orantos, por los incidentes que protagonizaron varios agentes en un club de alterne en el municipio de Heras, a las afueras de la capital cántabra. La Unión de Oficiales, además de denunciar al agente que supuestamente se negó a pagar los servicios a una empleada del establecimiento enseñando su placa, también lo hizo contra el mando del Instituto Armado por no investigar los hechos.
Un error de los juzgados
El juez Parra zanjó el pleito sin practicar ninguna diligencia sobre los hechos denunciados al entender que «de lo actuado no resulta debidamente justificada la perpetración del delito»; y solo unas semanas después de que el Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska aprobase en agosto el ingreso en la Orden del Mérito Civil del juez, a propuesta de la Comandancia de Cantabria, según reveló este periódico. No obstante, un «error» del TSJ cántabro reveló que este último recibió por error la denuncia contra el jefe de la Guardia Civil y la tramitó, cuando realmente había recaído en el Juzgado número 5.
En un auto, una semana después, no obstante, la titular, Mercedes Compostizo, señaló que no podía sostenerse que se hubiese incumplido el deber de perseguir delitos porque, frente a lo que sostienen los denunciantes, la documentación aportada por la Comandancia de la Guardia Civil revela que «sí se llevaron a cabo acciones investigaciones del incidente». Unas pesquisas que, eso sí, no «habían permitido la identificación del posible autor» de los hechos.
La juez argumentó que a lo largo de la pasada primavera el Instituto Armado realizó indagaciones pero quedaron «paralizadas por falta de resultado positivo». Y que, meses después, estas últimas volvieron a activarse «tras la recepción de un correo anónimo», que contenía «datos incorrectos», según trasladó la Comandancia de Cantabria a la magistrada. De este modo, añadía la resolución, «las investigaciones realizadas no fructificaron en la identificación de la persona supuesta de tales hechos».
El incidente
El Juzgado de Medio Cudeyo será el encargado ahora de dilucidar los hechos respecto al guardia civil de Tráfico que denunció la Unión de Oficiales, y que ha solicitado ya al juez personarse como acusación particular en la causa. Según la denuncia, en octubre de 2022, tras una celebración, varios guardias civiles se dirigieron al Club New Borgia, situado en Heras. A la entrada del mismo, sin embargo, se produjo una discusión entre uno de ellos y el portero del establecimiento. El primero quería entrar al club de alterne con un disfraz, pero el último se lo prohibió, lo que produjo un enfrentamiento acalorado entre las dos partes. La cuestión quedó ahí.
Tiempo después, un anónimo denunció los hechos ante otra asociación profesional, y esta lo remitió a la Comandancia de Cantabria. Fue cuando el jefe del Instituto Armado, Antonio Orantos, ordenó una investigación de lo ocurrido. En la misma, el personal del establecimiento no quiso denunciar los hechos y, al igual que hicieron los agentes implicados poco después, señalaron que no hubo ningún tipo de incidente. Aún así, la Jefatura decidió elevar parte disciplinario, considerando los hechos como graves, y propuso sanciones graves para los guardias civiles que discutieron con el portero.
Se negó a pagar
La investigación iniciada por el coronel Orantos, no obstante, dio un giro cuando el encargado del establecimiento declaró que días más tarde, concretamente en diciembre de 2022, otro grupo de guardias civiles de Tráfico acudó al local. Según rezan las declaraciones que obran en el expediente, uno de ellos subió a la habitación con una mujer, y tras no quedar contento con el servicio, «acudió a un responsable, mostrando su tarjeta de guardia civil, para que le devolvieran el dinero». El responsable, tras esto, procedió a devolvérselo.
Un comportamiento, que de acuerdo con la denuncia de la Unión de Oficiales, puede constituir un supuesto delito de extorsión, recogido en el artículo 243 del Código Penal. Pese a conocer estos hechos, sin embargo, la Jefatura de la Guardia Civil en Cantabria no ha promovido ningún parte disciplinario contra el agente que supuestamente extorsionó al empleado en el club de alterne, solo ha sancionado a los gentes que presuntamente discutieron con el portero del local. Ante esto, la Unión de Oficiales ha llevado el caso a los tribunales para depurar responsabilidades que, advierte, podrían llegar incluso a la Delegación del Gobierno.
