El coronel de Cantabria ordenó investigar el lío del puticlub a un mando de confianza de Madrid

El jefe de la Guardia Civil en Cantabria maniobró para que la información reservada que investiga el escándalo de los guardias civiles en un club de alterne de Santander la llevase un mando de su confianza. El coronel Antonio Orantes designó a un comandante, J. M. Carazo, como instructor de las pesquisas en la Comandancia cántabra, cuando este último, en realidad, tenía un destino en Madrid desde al menos un año. Un detalle que, según revelan a THE OBJECTIVE distintas fuentes del Instituto Armado, cobra relevancia en el caso puesto que este mando ha podido mantener su puesto de trabajo en Santander gracias al responsable de la Benemérita. 

Tal como avanzó este diario el pasado lunes, la Unión de Oficiales, asociación profesional que representa a toda la escala de mandos de la Guardia Civil, ha denunciado por la vía penal al coronel por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos al no haber iniciado ningún procedimiento de sanción contra el guardia civil que en diciembre de 2022 presuntamente extorsionó a un responsable del puticlub para evitar pagar por el servicio que había recibido. Un desenlace que las fuentes consultadas atribuyen al hecho de que el jefe de la Comandancia nombrase como instructor de la investigación al comandante J. M. Carazo. 

Lo común, en estos casos, es que las pesquisas estén a cargo de los mandos naturales de los implicados, como puede ser el capitán jefe de la Unidad Operativa de Policía Judicial o el teniente coronel del Mando de Operaciones de la Guardia Civil de Cantabria, es decir, el ‘número 2’ de la Comandancia, y no bajo la dirección de un responsable externo, aseguran las mismas fuentes. 

Destinado en la Jefatura de Personal

Cuando el comandante inició la información reservada, aseguran fuentes del Instituto Armado, estaba destinado en el Estado Mayor de la Guardia Civil. Poco después, en el mes de mayo, le fue adjudicado otro puesto en la Jefatura de Personal, también en Madrid. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se ha movido de Cantabria. El jefe de la Comandancia solicitó a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) del Instituto Armado que el comandante estuviese desde mayo destinado en comisión de servicios en Santander. Una petición a la que accedieron. Todo, denuncian estas fuentes, con el objetivo final de que este mando, en el margen de un año, obtenga una vacante en la Comandancia cántabra.

«Ha estado aquí durante mucho tiempo sin que nadie supiese para qué. No tenía ningún puesto. En mayo, cuando lo destinaron a la Jefatura de Enseñanza, lo comisionaron aquí por petición del coronel, no hay ninguna vacante ni nada. En la Guardia Civil cada ascenso lleva aparejado un destino distinto. Por eso hay mucha gente que no quiere ascender, priorizan a la familia. Luego hay otros casos, como el del comandante, que se niegan a moverse», critican fuentes del Instituto Armado. Al parecer, tanto el coronel como el comandante tienen una relación muy estrecha. Ambos se conocen desde hace años porque compartieron trabajo en la Jefatura de Información de la Guardia Civil durante la peor época de la banda terrorista ETA. 

Los hechos

La polémica de este caso reside en que la jefatura del Instituto Armado en Cantabria, según la denuncia interpuesta por la Unión de Oficiales, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, solo ha abierto abierto un expediente disciplinario a una parte de los agentes que se vieron involucrados en los hechos mientras que contra otro guardia civil, que se negó supuestamente a pagar a la trabajadora sexual y enseñó, tras expresar lo anterior, su placa de guardia civil, no se ha tomado ninguna medida sancionadora.

 En octubre, tras una celebración, varios guardias civiles se dirigieron al Club New Borgia, situado en el citado municipio cántabro. A la entrada del mismo, sin embargo, se produjo una discusión entre uno de ellos y el portero del establecimiento. El primero quería entrar al club de alterne con un disfraz, pero el último se lo prohibió, lo que produjo un enfrentamiento acalorado entre las dos partes. La cuestión quedó ahí. 

Tiempo después, un anónimo denunció los hechos ante otra asociación profesional, y esta lo remitió a la Comandancia de Cantabria. Fue cuando el jefe del Instituto Armado, Antonio Orantos, ordenó una investigación de lo ocurrido. En la misma, el personal del establecimiento no quiso denunciar los hechos y, al igual que hicieron los agentes implicados poco después, señalaron que no hubo ningún tipo de incidente. 

Aún así, la Jefatura ha elevado parte disciplinario, considerando los hechos como graves, y ha propuesto sanciones graves para los guardias civiles que discutieron con el portero. Contra un oficial, presente durante la noche en el local de alterne, se proponen dos faltas graves, con sanción de tres meses de suspensión. Una propuesta que la UO considera «absolutamente desproporcionada, máxime cuando ni tan siquiera ha quedado acreditada la participación del oficial en la discusión». 

La visita al club de alterne

La investigación encargada por el coronel Orantos, no obstante, dio un giro cuando el encargado del establecimiento declaró que días más tarde, concretamente en diciembre de 2022, otro grupo de guardias civiles de Tráfico acudió al local. Según rezan las declaraciones que obran en el expediente, uno de ellos subió a la habitación con una mujer y tras no quedar contento con el servicio «acudió a un responsable, mostrando su tarjeta de guardia civil, para que le devolvieran el dinero». Este último, tras advertirlo, procedió a devolvérselo. 

Un comportamiento que, de acuerdo con la denuncia de la Unión de Oficiales, puede constituir un supuesto delito de extorsión, recogido en el artículo 243 del Código Penal. Pese a conocer estos hechos, sin embargo, la Jefatura de la Guardia Civil en Cantabria no ha promovido ningún parte disciplinario contra el agente que supuestamente extorsionó al empleado en el club de alterne, solo ha sancionado a los gentes que presuntamente discutieron con el portero del local.  Por esta razón, la Unión de Oficiales ha llevado el caso a los tribunales para depurar responsabilidades que, advierten, podrían llegar incluso hasta la Delegación del Gobierno.