Giro del caso puticlub: un «error» judicial reabre la investigación contra el jefe de la Guardia Civil
El juzgado de Santander que cerró la investigación recibió «por error» la denuncia. Ahora, otra jueza instruye la causa
El coronel Orantos, junto a la Delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones. | Delegación del Gobierno de Cantabria.
Giro en el caso puticlub de la Guardia Civil de Cantabria. Un «error» judicial ha reabierto la investigación contra el jefe del Instituto Armado, el coronel Antonio Orantes, por un delito de omisión del deber de perseguir de delitos al no sancionar a un guardia civil que supuestamente extorsionó a trabajadora en un club de alterne de Santander, según explican fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) a THE OBJECTIVE.
Tal como adelantó este diario hace un mes, el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander archivó provisionalmente la denuncia contra el mando de la Guardia Civil. Su titular, Jaime Parra, cerró el caso sin practicar ninguna diligencia sobre los hechos denunciados por la Unión de Oficiales (UO), al entender que «de lo actuado no resulta debidamente justiciada la perpetración del delito», según rezaba el auto de sobreseimiento.
Ahora, no obstante, según detallan fuentes del TSJC a este periódico, el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander mantiene abierta una investigación contra el coronel Antonio Orantes, pese a que supuestamente se había archivado. Según explican las mismas fuentes, todo se debe a una confusión.
Al parecer, el Juzgado número 1 recibió «por error» la denuncia contra el jefe de la Guardia Civil y la tramitó, cuando realmente había recaído en el Juzgado número 5, que dirige Mercedes Compostizo. «Detectado el error, es ahora este tribunal quien se encarga del asunto», concluyen, sin dar más explicaciones, desde el Tribunal Superior de Justicia.
De este modo, el archivo dictado por el juez Parra no tiene validez judicial y Compostizo es la que se encarga ahora de instruir las pesquisas. Tanto es así que la magistrada ya ha pedido a la Comandancia de la Guardia Civil en Cantabria que remita en un plazo de 10 días toda la información relacionada con los hechos hechos denunciados, «debiendo remitir copia del expediente o expedientes iniciados con ocasión de los mismos», según ha publicado El Diario Montañés.
Orden del Mérito Civil
En cualquier caso, el juez Jaime Parra tiene pendiente de resolver un recurso de reforma que planteó la Unión de Oficiales, después de que archivase el caso. En primer lugar, según reza el escrito de la asociación profesional, porque la denuncia no había recaído sobre su juzgado, y en segundo, porque no había realizado ninguna averiguación para esclarecer los hechos.
Cabe destacar que el titular del Juzgado número 1 de Santander zanjó el pleito solo unas semanas después de que el Ministerio del Interior aprobase en agosto su ingreso en la Orden del Mérito Civil de la Guardia Civil, a petición de la Comandancia de Cantabria. Es decir, a propuesta del mando al que tenía que investigar.
El coronel Orantos fue denunciado el 11 de julio por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos. La Unión de Oficiales le señala como presunto responsable de no haber sancionado a varios agentes que, ocho meses antes, se habían visto envueltos en un incidente violento en un club de carretera. Uno de esos guardias civiles, que estaban fuera de servicio y de celebración prenavideña, presuntamente llegó a extorsionar a uno de las empleados del establecimiento.
Pese a ello, siempre según la denuncia de la Unión de Oficiales, el jefe de la Guardia Civil en Cantabria solo habría abierto expediente disciplinario a una parte de los agentes que se vieron involucrados en otros hechos en el mismo ‘puticlub’, mientras que no ha tomado ninguna medida sancionadora contra otro guardia civil que se negó supuestamente a pagar a una trabajadora sexual. Para ello, enseñó, tras expresar lo anterior, su placa de la Benemérita, al responsable del establecimiento.
Extorsión
El juez Parra es el que deberá investigar ahora estos últimos hechos, pues fue en el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander donde recayó la denuncia interpuesta por la asociación profesional contra el agente que supuestamente extorsionó a la empleada del club de alterne, y no contra el coronel Antonio Orantes, tal como demuestra la misma, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE y han confirmado desde el TSJ de Cantabria.
La UO, que representa a toda la escala de mandos del Instituto Armado, interpuso dos denuncias, la mencionada, contra el protagonista; y una segunda, en el Juzgado de Instrucción número 5 contra el jefe de la Guardia Civil de Cantabria, que, tras varios meses, se encarga del caso. Fuentes de esta asociación del Instituto Armado ponen en duda «el error judicial», pues, según explican a este diario, «en los escritos se detallaba perfectamente ante que órganos debían recaer».
