Los trabajadores de las empresas públicas acusan al Gobierno de bloquear sus acuerdos
Denuncian que se vulnera su derecho a la negociación colectiva, ya que no pueden pactar con libertad
Concentración de los trabajadores de las empresas públicas. | The Objective
Los trabajadores de las empresas públicas se rebelan contra el Gobierno. Los empleados del sector público institucional denuncian que se están vulnerando sus derechos a la negociación colectiva y a la libertad sindical. Sostienen que no pueden negociar sus incrementos salariales, fijados en los presupuestos anuales, y que sus acuerdos casi nunca llegan a implantarse porque los restringe Función Pública. Los sindicatos exigen la constitución de mesas negociadoras que actúen con autonomía y que los pactos no estén «supeditados a organismos superiores y voluntades ajenas».
El sector público institucional en España está compuesto por más de 500 empresas públicas que emplean a 300.000 personas. Tienen estatus de personal laboral y se rigen por el Estatuto de los Trabajadores y por los convenios colectivos. Los representantes de los trabajadores de estas entidades que dependen del Gobierno (entre ellas Adif, Renfe, Correos, Loterías y Apuestas del Estado o Paradores) denuncian que se están vulnerando sus derechos de negociación y representación, recogidos en la Constitución.
Esta conculcación es consecuencia de los límites y restricciones a los que, aseguran, les somete Función Pública. «Nuestros convenios y acuerdos de empresa son sistemáticamente bloqueados. El Gobierno los deja sin efecto, lo que supone, de facto, un secuestro administrativo de lo negociado por la libre voluntad de las partes», denuncian los sindicatos. Los representantes de CCOO, UGT, CSIF, USO y CGT han constituido una plataforma para dar cobertura a estos empleados públicos.
Trabas del Gobierno
«El ministerio fija pautas de negociación iniciales, de las que no nos podemos salir, y las empresas ejercen luego otro control. Los comités de trabajadores no cuentan con un marco de negociación libre, sino que actúan según lo que ha indicado el ministerio, que debe dar el visto bueno tras la negociación», explica Cristina Revuelta, portavoz de la plataforma. En su opinión, ante este escenario cualquier acuerdo se convierte «en papel mojado».
Las empresas del sector público institucional se quejan de que no pueden negociar los incrementos salariales, ya que vienen fijados por los Presupuestos Generales del Estado. Para colmo, no están representadas en el ámbito en el que se tratan, la Mesa General de la Administración General. Por eso piden al Gobierno que constituya una Mesa Negociadora del Sector Público Institucional que cuente con competencias para pactar cada año los incrementos retributivos, pero también otras cuestiones.
«Nuestros convenios de empresa o los acuerdos que podemos negociar son limitados, recortados, restringidos o cuestionados por Función Pública de forma previa y posterior a la negociación con los representantes de los trabajadores. Los acuerdos a los que llegamos los comités de empresa son bloqueados o anulados por el ministerio correspondiente», se lamentan los empleados, que han decidido realizar movilizaciones. La última, este miércoles frente a la sede de Función Pública.
Los acuerdos a los que se llegan entre la empresa y los trabajadores deben pasar el filtro del Gobierno, que en la mayoría de los casos los rechaza. Es la situación que padecen, por ejemplo, los empleados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), que el pasado junio acordaron con la empresa pública limitar la jornada laboral a 35 horas e implantar el teletrabajo. «Luego llegó Función Pública y rechazó el pacto», lamentan a THE OBJECTIVE los perjudicados. No solo eso, también se niega a actualizar convenios colectivos. La mayoría de ellos llevan varados desde hace 13 años.
«Falso diálogo social»
«Llevamos más de una década sin ver el menor fruto de un falso diálogo social que tiende a convertir a los trabajadores y a sus representantes en meras máquinas o herramientas de producción para mayor gloria de los equipos directivos de nuestras empresas y para mayor pena y desánimo de las personas que trabajamos en ellas», se quejan los miembros de la plataforma.
Los ejecutivos de esas empresas, que dependen del Gobierno, se amparan «en las restricciones presupuestarias y en la ambigüedad normativa para negarnos esas actualizaciones salariales que mitigarían la pérdida de poder adquisitivo que aseguran sufrir». También aseguran que les cierran las puertas a otras mejoras que fomenten la igualdad de género, de oportunidades y de condiciones laborales, como la conciliación, la consolidación de empleo no temporal, planes de carrera profesional y el teletrabajo.
Los representantes sindicales denuncian que se encuentran ante un vacío legal que les impide disponer de «un marco normativo efectivo» con el que poder llevar a término su trabajo para defender las condiciones de los trabajadores. Sostienen que en la pasada legislatura se comenzó una transformación en las Administraciones Públicas y en el sector público con dos objetivos fundamentales. Por un lado, modernizar los servicios públicos para hacerlos más eficientes y eficaces; por otro lado, adecuar la normativa que rige al personal que presta sus servicios en el sector público a los retos del siglo XXI.
Dicha transformación está prevista que se materialice a través del Proyecto de Ley de Función Pública, que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria, y el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, suscrito el 19 de octubre de 2022 por la Ministra de Hacienda y Función Pública, UGT y CCOO.
La modernización de los servicios
La mayoría de los sindicatos denuncian que el sector público institucional ha sido excluido del proyecto de ley, ya que no recoge, entre otras, a las sociedades mercantiles estatales, los consorcios, las fundaciones del sector público y los fondos sin personalidad jurídica.
«Eso va impedir que puedan acometer la modernización de los servicios públicos que prestan. Condenan a sus trabajadores a una inseguridad jurídica originada por un vacío legal en la mayoría de sus derechos», insisten desde la plataforma constituida por los sindicatos. Para denunciar la situación han enviado cartas al Ministerio de Trabajo y al Transformación Digital y Función Pública y llevarán a cabo diferentes protestas ante las sedes de las empresas.
