Marlaska no encuentra presidente para las víctimas del terrorismo: «Es un marrón»

La Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT) lleva dos meses sin presidente. La renuncia de Tomás Caballero en diciembre ha dejado huérfana a esta entidad sin ánimo de lucro que integra a todas las asociaciones bajo el paraguas del Gobierno. El propio dimisionario solicitó en su despedida a los ministerios de Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska; Hacienda; Presidencia y Educación, que eligieran a su sustituto «a la mayor brevedad», pero la tarea no está resultando sencilla. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE subrayan que nadie quiere ocupar un puesto que no está retribuido y que implica un gran desgaste: «Es un marrón».

Caballero dejó la presidencia de la FVT a mediados de diciembre, después de tres años y medio al frente. El hijo del portavoz de UPN asesinado por ETA en 1998 llegó al cargo en julio de 2020 para relevar a Marimar Blanco, aunque formaba parte de la directiva de la fundación desde 2012 como vicepresidente. A pesar de su renuncia, seguirá vinculado a la fundación como presidente del patronato que lleva el nombre de su padre. Su marcha supuso un roto para Marlaska, aunque no fue la única.

Quico Tomás y Valiente, hijo del jurista Francisco Tomás y Valiente asesinado por la banda terrorista en 1998, también dimitió. Caballero, consciente de lo que significaba estas renuncias, instó al Gobierno a que eligiera a la mayor brevedad posible a su sustituto al frente de una institución que considera «imprescindible» para no perjudicar el trabajo que desarrolla esta fundación del sector público estatal.

La búsqueda de Marlaska

La decisión depende de los ministerios de Interior, Hacienda, Presidencia y Educación en calidad de fundadores de la Administración General del Estado, según el artículo 8 de los estatutos de la FVT. Este diario ha podido saber que Marlaska ha tocado a varias personas sin éxito, un extremo que ni confirman ni desmienten en su departamento ni en la fundación, donde reconocen que el puesto está «pendiente de nombramiento».

El artículo 14 de los estatutos establece que al presidente le corresponde ostentar «la representación de la fundación ante toda clase de personas, autoridades y entidades públicas o privadas, convocar las reuniones del patronato, presidirlas, dirigir sus debates y, en su caso, ejecutar los acuerdos, pudiendo para ello realizar toda clase de actos y firmar aquellos documentos necesarios a tal fin». El texto también indica que dispone de voto de calidad «para dirimir los empates» en las votaciones del patronato.

«A Marlaska le va a costar bastante encontrar a alguien, ya que no es un cargo retribuido. Debe asistir a reuniones, representar a las víctimas en muchos actos y coordinarlo todo con el Gobierno. Nadie quiere el puesto porque es un marrón», reconocen algunas víctimas de ETA encuadradas en las diversas organizaciones. «No hay nadie que quiera ocupar el cargo», sentencia otro afectado por la banda terrorista, que subraya la importancia de esta organización en la que solo percibe salario su gerente, Isabel Moya Pérez.

La demora en cubrir el puesto que dejó vacante Caballero en diciembre llama la atención en el propio departamento que lidera Marlaska. Reconocen que el cargo es «un marrón» porque supone «más trabajo, críticas y sinsabores». Y todo, gratis. La FVT es un patronato formado por una veintena de personas, entre las que se encuentran representantes de distintas empresas colaboradoras y asociaciones de víctimas del terrorismo. Entre ellas Covite, cuya presidenta, Consuelo Ordóñez, sonó para el puesto, algo que la propia organización descarta.

Objetivos de la fundación

La FVT es una entidad sin ánimo de lucro creada el 19 de diciembre de 2001. Su primer presidente fue el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, que tras abandonar el cargo continuó ostentando la presidencia de honor hasta su muerte en 2014. Le continuaron Ana María Vidal-Abarca, Maite Pagazaurtundúa, Marimar Blanco y Caballero, que abandonó el puesto que sigue vacante hace dos meses.

El propósito de la fundación es aglutinar ayudas y colaborar con todas las asociaciones de víctimas del terrorismo de nuestro país. De acuerdo con sus estatutos, su finalidad es promover y divulgar los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos, la pluralidad y la libertad de los ciudadanos. Pretende ser, además, un vehículo útil de consulta para una mejor comprensión de la situación de las víctimas del terrorismo.

Entre sus objetivos destacan la prestación de ayuda asistencial a las víctimas del terrorismo y a sus familias; el impulso de becas y promoción de intercambios culturales; y la creación de un fondo cultural de carácter permanente en memoria de las víctimas. Su financiación, como recogen sus estatutos, es mixta, proviniendo una parte de transferencias del Estado y otra de donaciones de empresas y entidades privadas.