Álvaro García Ortiz premia a la fiscal que logró que se archivara el rescate de Plus Ultra
María Luisa Llop solicitó en varias ocasiones que se archivase la causa
María Luisa Llop. | Alejandra Svriz
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha premiado a la fiscal María Luisa Llop, que logró que se archivara el rescate de 53 millones a Plus Ultra, con un puesto en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, la fiscal que solicitó de manera reiterada el archivo de la causa abierta a la aerolínea con capital venezolano ha sido designada para ocupar la plaza que ha dejado vacante el fiscal Marcelo Azcárraga.
Esta representante del Ministerio Público se opuso a que la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid investigase por presuntos delitos de malversación y fraude el rescate con fondos públicos a la aerolínea acordado por el Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI. Tanto es así que, según fuentes consultadas, «la fiscal parecía que ejercía de abogada defensora de Plus Ultra en lugar de defender el interés público e impulsar la acción de la justicia».
Hay que recordar que la juez Esperanza Collazos acordó, en julio de 2021, suspender el préstamo de 34 millones de euros que quedaban pendientes por pagar. Puesto que la SEPI ya había ya abonado 19 millones de los 53 millones concedidos. La instructora tomó la decisión de parar temporalmente dicho desembolso como medida cautelar hasta que la aerolínea justificase la concesión de la ayuda presuntamente irregular.
Sin embargo, en agosto de ese mismo año, aprovechando que la juez Collazos estaba de vacaciones, la fiscal Llop solicitó al juez en funciones de sustitución, Jaime Serret, que desbloquease la entrega de los fondos pendientes y que se culminase el rescate a Plus Ultra. Y este juez aprobó la petición de la representante del Ministerio Público.
Papel de la fiscal
Así, la fiscal solicitó en varias ocasiones que se archivase la causa del Plus Ultra sin realizar las diligencias de investigación oportunas para dirimir la posible existencia de delito en la que pudieron incurrir altos cargos del Gobierno. En noviembre de 2021, la Fiscalía emitió un escrito en el que expuso: «No existen en las conclusiones del informe elementos contundentes que permitan cambiar el criterio expuesto por esta parte en anteriores informes».
«Desde el escrito del Ministerio Fiscal […] de fecha 7 de junio de 2021, tenemos declarado que para determinar si la actuación por la que se siguen estas diligencias previas ha sido o no correcta, y en su caso si encaja en alguno de los tipos penales por los que se formula querella, era imprescindible conocer la normativa y si el expediente íntegro de la concesión de ayuda a la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas SL se sujetaba a la misma. Si entonces contábamos con dos informes de expertos independientes que con base en la información aportada por registros públicos avalaban la concesión de la ayuda, en este momento procesal una nueva pericia concluye: ‘se podría considerar que la compañía Plus Ultra cumpliría con la práctica totalidad de las condiciones establecidas, a pesar del amplio espectro de alguna de las mismas (…) excepto en lo referido a si la sociedad se encontraba, o no, en ‘situación de crisis’ a fecha 31 de diciembre de 2019′, añadió.
«Las dudas que sostiene el perito», prosiguió la fiscal, «sobre la situación patrimonial de la compañía a dicha fecha se refieren a la existencia de un préstamo participativo, a no haber registrado provisiones, cancelación de la deuda de los bonistas y posible situación de insolvencia […] El análisis efectuado por el perito contempla cuatro escenarios posibles dos de los cuales no permiten colegir que la sociedad estuviera en crisis en la fecha referida, evidenciando así que, al menos en esos casos, se cumplirían la totalidad de las condiciones establecidas». Y concluyó que manteniendo el “criterio expuesto con anterioridad» solicitaba el archivo de la causa.
La magistrada continuó la investigación a pesar de que ni la Fiscalía, que debía velar por el interés público, ni la Abogacía del Estado, que debería defender al Estado y no al Gobierno, se oponían a continuar con la instrucción. La instructora pudo seguir la causa porque las acusaciones populares lo solicitaron. Pero en enero de 2023, después de casi dos años de instrucción, la juez Esperanza Collazos se vio obligada a dar carpetazo a la causa tras no haber podido interrogar al representante legal de la aerolínea por acordar la imputación fuera de plazo.
La fiscal de la Audiencia Provincial Marisa Llop, que tuvo un papel clave en esta causa para que terminase en archivo, ha sido premiada con un puesto en la Audiencia Nacional y lleva asuntos mediáticos como la Operación Titella en la que se investiga a José Luis Moreno.
