Una asociación de fiscales pide la dimisión de García Ortiz tras la imputación de Puigdemont

La decisión de investigar a Carles Puigdemont por terrorismo amenaza con crear un cisma en la carrera fiscal. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado este viernes la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al considerar que la resolución del Tribunal Supremo «desprestigia» a la institución. Esa desautorización se suma a la calificación de inidoneidad para el cargo que realizó el Consejo General del Poder General (CGPJ) a finales de noviembre. La organización también afea que la representante del Ministerio Público rechazara investigar al expresidente de Cataluña en el caso Tsunami en contra de la mayoría de fiscales del alto tribunal.

«Después de la resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, APIF no puede sino pedir, por dignidad de la institución, la dimisión del fiscal general del Estado», afirma la asociación en un comunicado remitido a THE OBJECTIVE. Entienden que tras la decisión del alto tribunal sobre Puigdemont «queda evidenciada la actuación de García Ortiz, que desprestigia gravemente al Ministerio Fiscal como institución». La organización que preside Miguel Pallarés subraya que la postura que ha mantenido en este asunto la Fiscalía «ha sido desautorizada».

APIF considera que el caso adquiere mayor gravedad si se tiene en cuenta que la Junta de fiscales del Supremo abogaron por investigar a Puigdemont «por amplia mayoría (11 miembros frente a cuatro)». Todos ellos se mostraron a favor de atender la exposición razonada que realizó el pasado noviembre el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón. Entendían que su escrito contenía elementos suficientes para considerar que los hechos investigados se podían incluir en delito de terrorismo y que, además, había indicios para considerar al expresidente catalán responsable de ellos.

Un cisma por Puigdemont

«El Supremo no solo fundamenta su resolución en jurisprudencia referida a hechos que han sido considerados como terrorismo, sino que, además, cita la Memoria de la Fiscalía de 2020, que fijó los hechos a los que se refiere la exposición razonada del juez instructor como encuadrables dentro del delito de terrorismo», insiste APIF.

La asociación considera que apartarse en el asunto de Puigdemont de la posición que mantuvo la Fiscalía hace cuatro años debería «haber tenido un fundamento jurídico muy sólido para que encuentre justificación». En su lugar, la desautorización del alto tribunal «pone en evidencia que no hay ningún fundamento para apartarse del criterio establecido».

«Ningún cargo, en un sistema democrático, puede mantenerse en el ejercicio de su función cuando, en un asunto tan relevante, queda totalmente desautorizado por la máxima autoridad jurisdiccional de un país, y no es esta la primera vez, ni la más grave, que eso ocurre», insiste APIF. La asociación considera que la dirección del Ministerio Fiscal exige un nivel que resulta «incompatible con el varapalo recibido». Le pide que no se exponga «ni un minuto más a esta cadena de desprestigio».

APIF ya ha solicitado la dimisión de García Ortiz con anterioridad. A principios de febrero, la asociación interpuso un recurso
contra su nombramiento ante la Sala Tercera del Supremo al considerar que no era idóneo para el cargo.

El fiscal general fue renovado en el cargo en diciembre por el Gobierno. Días antes, el CGPJ concluyó por primera vez en su historia que el candidato no era idóneo para el puesto después de que el alto tribunal le condenara por incurrir en «desviación de poder» cuando promocionó a la máxima categoría de la carrera fiscal a la ex ministra socialista Dolores Delgado, su antecesora en el cargo.