Los ‘trans’ denuncian a Ana Rosa Quintana, Sardà y Ónega por un supuesto delito de odio
Piden a la Fiscalía «abrir una investigación» contra los periodistas que «han dañado la dignidad del colectivo»
Ofensiva del colectivo trans contra la libertad de información. Este miércoles la Federación Plataforma Trans ha enviado una carta a la Fiscalía de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación solicitando «abrir una investigación que depure responsabilidades» contra medios de comunicación y periodistas concretos, señalados con nombres y apellidos, que han criticado la ley trans impulsada por Irene Montero con motivo de la cascada de hombres que han cambiado de sexo registral a mujer gracias a la norma, algunos de ellos militares que están aglutinados en la asociación Trans No Normativos.
En el comunicado conjunto, el lobby trans pide responsabilidades contra aquellos «titulares y mensajes» que, a su juicio, «han dañado la dignidad de las personas trans y han podido vulnerar el código deontológico de los periodistas». Entre estos estarían, y así los identifican, Ana Rosa Quintana, Javier Sardà o Sonsoles Ónega.
En la denuncia presentada ante la Fiscalía, consultada por THE OBJECTIVE, la Federación Plataforma Trans, presidida por Mar Cambrollé, dice que sus miembros están «consternadas y preocupadas por el uso que algunos medios de —en concreto Mediaset España y el Grupo Atresmedia— han realizado sobre una noticia concerniente a la ley trans». Se refieren a la que reza que «37 funcionarios, policías y militares, cambian de sexo en busca de beneficios en Ceuta».
El colectivo trans señala al programa TardeAR y a la periodista Ana Rosa Quintana por comentar que «esta ley es una mierda pero no solo eso […] confunde género con sexo, anula a las mujeres». También por aseverar que «esta ley, como la del sólo sí es sí, es una chapuza». «Consideramos que este trato denigrante con la ley trans incita al menosprecio de la misma por parte de la ciudadanía y alienta al odio hacia las personas trans», denuncian desde la federación, desde donde también apuntan a Javier Sardá por añadir que «esta ley es una mierda».
En cuanto a Atresmedia, denuncian cómo en el programa de Y ahora Sonsoles se utilizaron «eslóganes sensacionalistas del tipo ‘transexuales bajo sospecha’ que incitan a la ciudadanía a la confusión y al trato desigual con respecto a las personas trans». «El enfoque que da el programa sobre la noticia poniendo el foco del problema en los ‘vacíos legales’ de la ley trans puede provocar en el espectador/a dudas con respecto a a dicha ley que fue aprobada el pasado año, impidiendo que las personas trans puedan vivir su identidad de manera libre e integrada en la sociedad», abundan en el escrito remitido a Fiscalía.
Por lo expuesto, instan al fiscal Miguel Ángel Aguilar a «abrir una investigación que depure responsabilidades, ante los hechos denunciados, ya que a través de estos mensajes se ha dañado la dignidad de uno de los colectivos más vulnerabilizados de nuestra sociedad». También se suman a la iniciativa de la FELGBTI+ de pedir que la Fiscalía investigue a los policías y militares trans porque consideran que podríamos estar ante un presunto fraude de ley.
Estos policías y militares, aglutinados en la asociación Trans No Normativos, han respondido pidiendo lo mismo a la Fiscalía por el «odio transexcluyente» de la federación: «No podemos permitir que una federación teóricamente afín nos haga perder derechos al colectivo. Basta de bulos, ataques y de intentar recortar nuestros derechos».
¿Qué más piden?
Por si fuera poco, la Federación Plataforma Trans, junto a Euforia Familias Trans-Aliadas, han remitido una carta a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) para que «valoren si el trato de la noticia que tiene que ver con 37 personas de Ceuta, militares y guardias civiles, anunciaran que se han cambiado de sexo», ya que «con titulares y mensajes que han dañado la dignidad de las personas trans y han podido vulnerar el código deontológico de los periodistas».
Asimismo han exhortado a la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI del Ministerio de Igualdad, la apertura de un expediente por considerar que los medios han podido vulnerar el artículo 27. 1 de la ley trans, que se refiere al trato digno que han de dispensar los medios cuando se refieren a colectivos ya vulnerables, sin caer en estigma y cuestionamiento de derechos.
Reacciones
«No nos corresponde cuestionar la identidad de nadie, mucho menos afirmar lo que es o no un fraude de ley, por ello hemos exhortado a quienes tienen potestad para ello», declara Mar Cambrollé, que abunda: «Ser una mujer trans no es ningún privilegio. Es enfrentarse a la exclusión laboral, es ser diana de discursos de odio en las redes sociales y ser agredida en las calles, transportes públicos y centros de ocio». «La banalización de nuestras vidas es un acto criminal», zanja.
Desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que aglutina a más de un centenar de colectivos feministas, responden a esta iniciativa denunciando «la pretensión del transactivismo de que la prensa no pueda criticar la ley trans»: «Sus gestos histriónicos para implicar a la Fiscalía solo evidencian que se creen titulares de un poder totalitario» porque «alguien les ha dejado que lo crean».