La Fiscalía reconoce que Álvaro García Ortiz conoció el 'caso Koldo' antes de las generales
Escándalo tras desvelar THE OBJECTIVE que la querella se retrasó diez semanas sin ninguna causa justificada
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. | Europa Press
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sabía en junio que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigado al exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, al hermano y mujer de éste y a un grupo de empresarios por el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia. Así lo han reconocido fuentes del Ministerio Público a THE OBJECTIVE tras la publicación de la exclusiva de este periódico.
Según ha podido saber este periódico, cuando el fiscal Anticorrupción Luis Pastor elaboró la primera querella del caso Koldo, el 28 de junio de 2023, se informó desde esta Fiscalía –especializada en la lucha contra la corrupción– a Álvaro García Ortiz. Seguidamente, Pastor tuvo que elaborar otro informe con fecha del 6 de septiembre –un mes y medio después de los comicios–, que fue la querella que, finalmente, presentó ante la Audiencia Nacional.
Por todo ello, fuentes de la Fiscalía aseguran a este medio que «si el fiscal general tenía conocimiento de la investigación en junio, el Gobierno de Pedro Sánchez también lo sabía» y, por ende, quizás los investigados. Esto explica, manifiestan, por qué los imputados en la causa ya sabían que tenían los teléfonos intervenidos y cuidaron sus comunicaciones deslizando nombres de rivales políticos que no constan en la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Dos escritos
Este periódico ha adelantado en exclusiva la primera querella elaborada por el fiscal Luis Pastor para judicializar el caso Koldo, donde se investiga el cobro de comisiones presuntamente ilegales en las adjudicaciones del Gobierno de Sánchez. El fiscal siguió el protocolo habitual y elevó, en junio, el borrador ante su superior jerárquico: el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón. Lo hizo para que realizara el «visado», es decir, le diese el visto bueno y avanzar así a una segunda etapa que sería la presentación de la querella ante la Audiencia Nacional. Este procedimiento no suele demorarse más de dos o tres semanas, según explican las fuentes consultadas. De hecho, la intención del fiscal Luis Pastor era marcharse de vacaciones de verano con la querella ya presentada y que los agentes continuasen su trabajo realizando las escuchas telefónicas a los investigados.
Sin embargo, fue en ese momento cuando se informó al fiscal general, Álvaro García Ortiz, sobre dicha investigación, que afectaba al Ejecutivo socialista y desde Fiscalía se decidió frenarla. Lo hizo a una semana de que empezase la campaña electoral y cuando se acaban de conformar las listas para los comicios del 23-J en las cuales se blindaba el aforamiento de algunos de los salpicados por la trama como el exministro José Luis Ábalos o la ex presidenta balear y hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol. Una vez pasadas las elecciones, la Fiscalía vio oportuno presentar la querella y, por ello, el fiscal Luis Pastor elaboró un segundo informe con fecha de 6 de septiembre. Las diferencias entre ambos escritos no radican sólo en los dos meses y medio que les separan en el plano temporal, sino en el hecho de que el primer borrador tiene una extensión nueve folios superior.
En el primer documento, de 37 páginas, se incluyen la solicitud de diligencias de la investigación, la interceptación de las comunicaciones telefónicas del exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre; los supuestos cabecillas de la trama, Víctor Gonzalo de Aldama y Juan Carlos Cueto, y el empresario Iñigo Rotaeche. Igualmente, se solicitan dispositivos de seguimiento y localización de dos vehículos y dos motocicletas a nombre de Koldo García y su mujer Patricia Úriz; dos todocaminos a nombre de Juan Carlos Cueto; otro todocamino propiedad de Víctor de Aldama; un turismo de Iñigo Rotaeche y otro más, asociado a José Luis Rodríguez García, a nombre de Comercializadora Pizarras Santa Barbara SL.
Pero en la querella presentada formalmente a la vuelta del verano de 2023, y tras la celebración de las elecciones generales, desaparece el apartado cuarto sobre las diligencias de la investigación solicitadas y concluye en el apartado tercero sobre la «relación circunstanciada de los hechos» sobre los investigados. La segunda querella, firmada el 6 de septiembre, tiene 26 páginas y en la misma se oculta la petición de interceptación de los teléfonos móviles de los investigados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Según las fuentes consultadas, esto se debe a que dicha solicitud al juez instructor se realizó en un escrito separado para evitar filtraciones. Así, la querella centra su acción penal en siete de los 20 detenidos por la UCO: Koldo García y su mujer Patricia Úriz; su hermano, Joseba García; y los empresarios Víctor Gonzalo de Aldama, Juan Carlos Cueto, Íñigo Rotaeche y José Luis Rodríguez García.
Fuentes de Anticorrupción se excusan y explican que se presentó la querella del caso Koldo en septiembre –y no en junio, como estaba previsto– porque «los investigadores de la UCO consideraron que realizar los pinchazos telefónicos en verano era una pérdida de tiempo». Añaden: «Los investigados no iban a hablar en esas fechas sobre asuntos importantes».
Sin embargo, otras fuentes de la Fiscalía, aseguran que «este argumento carece de sentido porque durante las épocas estivales los delincuentes continúan delinquiendo». De hecho, recuerdan que durante el mes de agosto la trama Koldo realizó viajes que están bajo la lupa de los investigadores, como el realizado por el propio Ábalos con Koldo García y el ginecólogo y empresario, Igacio Palomo, a República Dominicana y Guinea Ecuatorial, que había sido adjudicatario de contratos Covid durante la pandemia por valor de 636.000 euros, como adelantó THE OBJECTIVE hace dos años y medio y hoy consta en el sumario de la investigación.
