Ábalos y Koldo se gastaron 1.084 euros en un parador cuatro días antes de su destitución

José Luis Ábalos finalizó su etapa como ministro con un polémico viaje a Granada. El 6 de julio de 2021, cuatro días antes de su destitución, se hospedó junto a su asesor Koldo García y su conductor en el parador de la ciudad, uno de los más exclusivos de España. La estancia costó al erario público 1.084 euros, según revela el Ministerio de Transportes tras una pregunta a través del Portal de Transparencia. En el hotel enclavado en la Alhambra coincidieron con el representante de una empresa que participó en diversas adjudicaciones de Adif, algunas de ellas presuntamente manipuladas, tal y como adelantó THE OBJECTIVE. Así lo indicaba la denuncia que motivó una investigación interna que el operador ferroviario cerró en falso hace un año, tan solo dos días después de ser revelada por este diario.

El asesor de Ábalos da nombre a un caso de presuntas comisiones vinculadas a los contratos adjudicados por las administraciones públicas a Soluciones de Gestión por valor de 53 millones de euros para comprar mascarillas durante la pandemia. El sumario también revela posibles irregularidades de Adif vinculadas a la empresa Obras Públicas y Regadíos SL (OPR). El representante legal de una UTE conformada por esa compañía y por la empresa Áridos Anfersa, Francisco Coca, se hospedó en el Parador de Granada la misma noche en la que Ábalos y García gastaron 1.084 euros a cargo del Ministerio de Transportes.

El sumario del caso Koldo destaca esta coincidencia, así como que una de las compañías de las que era representante Coca acabó transfiriendo 7.791 euros a la mujer de Koldo en 2022. Los pagos se produjeron a través de Áridos Anfersa, firma que tras aquella noche en el Parador de Granada obtuvo tres contratos públicos por más de seis millones de euros a través de la UTE que conformó con otro de los asistentes a la cita, el representante de Aritec Almonacid, Jaime Chouseiro. Los investigadores han constado que el asesor de Ábalos volvió a reunirse con él en marzo del año pasado en un establecimiento de Pamplona.

El caso Koldo

La UTE Motril-Sur, conformada por OPR y Áridos Anfersa, consiguió un contrato de carreteras por importe de 2,7 millones de euros para el Ayuntamiento de Motril el 12 de julio, seis días después de que Coca y Chouseiro coincidieran en el Parador de Granada con Ábalos y Koldo. El exclusivo hotel se levanta en un antiguo convento construido por los Reyes Católicos sobre un palacio nazarí y cuenta con unas vistas espectaculares a los jardines del Generalife.

Los investigadores destacan en el sumario del caso Koldo la alianza empresarial que entabló a partir de junio de 2021 la misma Áridos Anfersa con OPR, sociedad en la que trabaja como gerente desde 2023 el excoordinador de la delegación del Gobierno de Pedro Sánchez en Andalucía, Antonio Fernández, a quien se le ha involucrado en intercambios de mensajes con el comandante de la Guardia Civil que tenía a sueldo la trama Koldo. Motril Sur, la UTE resultante, fue adjudicataria de numerosos contratos, sobre todo de administraciones públicas desde entonces, según avanzó El Mundo.

Fuentes del sector ferroviario consultadas por este diario destacan que ese exasesor de la Delegación del Gobierno en Andalucía es hermano de Daniel Fernández, director general de OPR en el tiempo en que Ábalos dirigió Transportes. Como avanzó este diario, Obras Públicas y Regadíos SL duplicó sus ingresos en ese periodo. En 2017, esa compañía solo participaba en una obra ferroviaria adjudicada por Fomento. Cuatro años después, cuando Ábalos y Koldo dejaron el ministerio, sumaba seis contratos de Adif valorados en 107,1 millones de euros.

Tres de esos contratos a la UTE de las que formaba parte OPR fueron objeto de una investigación interna por parte de Adif. Los hechos los denunciaron trabajadores del ente público ferroviario. En los tres expedientes analizados, según acreditaron ingenieros de Ineco en un análisis externo para la investigación interna, OPR recibió una puntuación técnica superior a la que debería haber obtenido.

Valoración externa

Pese a las irregularidades detectadas por los técnicos de Ineco, Adif cerró la investigación recordando que en la única licitación en la que OPR obtuvo la mayor puntuación técnica, esa empresa quedó excluida por oferta temeraria. Se trataba del proyecto para unir directamente el muelle de carga del puerto gaditano del Bajo de la Cabezuela con la línea de alta velocidad Sevilla-Cádiz, valorado en más de 20 millones de euros.

Los denunciantes destacaban que, en un hecho insólito, la valoración técnica de las ofertas presentadas no la firmó la técnico de Adif encargada del proyecto sino sus dos superiores jerárquicos. Uno de ellos es el actual director general de Adif-Alta Velocidad, Juan Pablo Villanueva, considerado hombre de confianza de Ábalos y de la expresidenta del ente ferroviario Isabel Pardo de Vera.

Fuentes de la empresa explican a este diario que el director del proyecto es quien suele hacer la valoración técnica. En este caso, la profesional a cargo, con más de 15 años en la compañía pública, no firmó la valoración final. Es la única vez en su trayectoria profesional que no suscribía la valoración de un proyecto del que era la máxima responsable. Adif inició una investigación interna a partir de una denuncia remitida al Canal Ético por trabajadores.

Como avanzó THE OBJECTIVE, los informes incorporados a la investigación interna, realizados por ingenieros externos de Ineco, acreditaron una desviación de las puntuaciones técnicas en favor de OPR. Los peritos de la empresa pública externa concluyeron que la compañía no debió obtener la mejor puntuación técnica en ninguna de las tres licitaciones evaluadas. Además, consideraban que, en al menos en una de ellas, se habría producido «un cambio significativo» en el orden clasificatorio final de las empresas que participaron en la licitación. 

Expediente cerrado

En la licitación del ramal ferroviario del Bajo de la Cabezuela (Cádiz), los ingenieros de Ineco dan a la oferta técnica de OPR una puntuación de 33,92 frente a los 37,93 puntos que recibió de Adif. Es decir, creen que debió recibir una puntuación un 11,8% inferior a la que le dieron los directivos del ente público que firmaron la evaluación técnica. La oferta técnica presentada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por OPR y Cotodisa, que obtuvo la mejor puntuación en la licitación, debería haber caído hasta el sexto puesto de las 15 ofertas presentadas.

La valoración técnica definitiva la firmaron Villanueva y el superior jerárquico de la directora del contrato, y no la técnico a cargo del proyecto, según consta en el expediente público de la licitación. Este último acababa de reincorporarse a un cargo de subdirección después de tres años apartado por su imputación en el caso Regantes. Una causa de presunta corrupción y malversación en las obras de la alta velocidad en Murcia durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Las pesquisas provocaron que se interrogase al director general de Construcción, Juan Pablo Villanueva, cercano a Ábalos, y a dos técnicos que supuestamente habían dado órdenes para modificar al alza la puntuación otorgada a OPR en una de las licitaciones denunciadas. El ente público dio carpetazo al caso al considerar que no existían «indicios de irregularidad».

En un comunicado emitido por Adif tras el cierre de la investigación, los dos técnicos involucrados en la licitación del Bajo de la Cabezuela y el director de Construcción negaron «categóricamente» los hechos denunciados durante la investigación. No se apreció indicio alguno de falsedad en documento público en ninguno de los contratos, pese a las desviaciones acreditadas por los expertos de Ineco. No obstante, afirmaban que se reservaban el derecho a iniciar las acciones legales oportunas para «reparar posibles daños y perjuicios».