El Gobierno blindó a Ábalos, Armengol y Torres pese a que Hacienda investigaba el 'caso Koldo'

El ultimátum del PSOE a José Luis Ábalos para forzar su entrega del acta y la posterior suspensión cautelar de militancia, por su negativa a dimitir, aumenta la incógnita de hasta qué punto el Gobierno y el PSOE tenían conocimiento de la investigación sobre los integrantes de la trama Koldo, entre quienes se encontraba el exasesor del exministro de Transportes. Fuentes de Moncloa niegan conocimiento alguno de la misma, así como de las andanzas de quien fuera la persona de confianza del ex número tres del PSOE, Koldo García Izaguirre. La querella que la Fiscalía ha hecho pública en los últimos días se presentó el pasado mes de septiembre y tenía carácter secreto, pero el Gobierno sí podía tener acceso a la investigación fiscal que Hacienda inició un año antes sobre uno de los cabecillas de la supuesta red corrupta, Víctor Gonzalo de Aldama.

El propio Koldo reconoció hace un año al empresario Juan Carlos Cueto, a quien los investigadores sitúan en la cúspide del entramado que controla Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas. S.L, que Aldama estaba siendo inspeccionado por la Agencia Tributaria. Según consta en la querella de la Fiscalía, el 15 de febrero de 2023, el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, se reunió con Cueto en el restaurante La Chalana en Madrid. La conversación fue escuchada por los agentes encargados del seguimiento a Koldo García por el presunto cobro de mordidas en los contratos de mascarillas adjudicados a dedo a la empresa Soluciones de Gestión, una compañía que llevaba tres años prácticamente inactiva y que se llevó 53 millones en contratos para el suministro de material sanitario desde china pese a carecer de experiencia al respecto.

En esa reunión, los propios investigados «hablaron de la inspección que Víctor Gonzalo De Aldama tiene abierta en la ONIF por las plusvalías obtenidas por medio de las empresas MTM 180 Capital SL y Deluxe Fortune SL por intermediar en la adjudicación de los contratos denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción». Cueto y Koldo se emplazaron a verse al día siguiente en el local Viena Capellanes de la calle Génova, donde mantuvieron otro encuentro de ocho minutos, tras el cual Cueto se reunió con el subteniente de la Guardia Civil, Luis Rodríguez García, destinado en Nuevos Ministerios, en un local próximo al complejo donde se ubica el departamento de Transportes, según consta en la investigación.

Investigación de la ONIF hace un año

La conversación que relatan los investigadores es clave porque se produce en el mes de febrero y ya los propios imputados dicen conocer de la existencia de un procedimiento fiscal abierto por parte de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. La persona de la máxima confianza de Ábalos ya supo hace un año que uno de los empresarios que negociaron los contratos de mascarillas en la residencia oficial del ministro, que organizó el 60 cumpleaños de Ábalos en su restaurante y que viajó años antes junto a él a México para negociar contratos en el sector aéreo en nombre de Air Europa, estaba siendo investigado por la Agencia Tributaria.

Dos años después de su abrupta salida del Gobierno en julio de 2021, y de su posterior dimisión forzada de la secretaría de Organización del PSOE, el exministro había logrado poco a poco rehabilitarse internamente en el PSOE: era un habitual de las tertulias televisivas, volvía a recuperar el foco como voz autorizada en el pasillo del Congreso de los Diputados y había ido recuperando la relación habitual con Ferraz y la cúpula del PSOE, aunque no del Gobierno. Ello le permitió situarse como número dos en las listas por Valencia a las elecciones generales del 23-J.

Ábalos y Armengol en las listas

Fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE sostienen que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, validó su incorporación a las listas porque «tiene el apoyo de su territorio» y fue en base a ello que su candidato, Alejandro Soler, se convirtió en una amenaza para que la candidata de Sánchez al PSPV, Diana Morant, se erigiera en líder de los socialistas valencianos. Algo que motivó el pacto entre Santos Cerdán y Ábalos para su integración en las listas europeas que ahora ha saltado por los aires. 

Desde Moncloa niegan haber tenido conocimiento de esa investigación de Hacienda que se inició hace un año porque «de ser así, no le habríamos incluido en las listas». Igualmente, niegan haber tenido información alguna sobre la investigación de la Fiscalía Anticorrupción o la Operación de la UCO hasta «el último momento», aunque no precisan en qué momento de este mes tuvieron conocimiento de la misma. Pero la incorporación de Ábalos como número dos por Valencia es lo que le ha permitido a Ábalos su blindaje como aforado, cuestión clave a juzgar por su atrincheramiento en el acta y su incorporación en el Grupo Mixto.

Junto a Ábalos, Sánchez blindó también –con o sin alevosía–, a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, expresidenta balear que fue la cabeza de lista por Baleares al Congreso. Las informaciones que hoy le atribuyen haber endosado 3,7 millones de euros de mascarillas fake a los fondos europeos podrían tener recorrido judicial, aunque ello no genera preocupación en el Ejecutivo porque «fue víctima de un timo que sufrimos todos en tiempos de búsqueda de material desesperadamente». 

Moncloa exculpa a Armengol

Moncloa no ve responsabilidad jurídica ni política en la actual presidenta del Congreso de los Diputados ni manifiesta preocupación al respecto pero desliza que, en cualquier caso, «la responsabilidad sería del consejero de Sanidad que tenía las competencias». Es decir, que, a diferencia de Ábalos, en este caso no operaría la responsabilidad política. La diferencia radica en que se trata de un caso de caza mayor, como evidencian fuentes populares consultadas por este diario. Los populares creen que su caso es especialmente relevante porque «se trata de la tercera autoridad del Estado, presidenta del Congreso, que si fuera imputada por el Supremo obligaría a reelegir a los cargos de la presidencia de la cámara» que se  nombraron en la sesión constitutiva de las Cortes el 17 de agosto de 2023. 

El tercer blindaje sería el del ministro de Política Territorial, Ángel Victor Torres, cuyo aforamiento proviene de su condición de ministro y no de diputado. La cuota canaria del Gobierno no fue en listas. En su lugar, se integró en las listas el exministro de Industria Héctor Gómez. Pero fue nombrado titular de la cartera territorial el 21 de noviembre de 2023, 15 días después de la investidura de Pedro Sánchez. Fuentes socialistas auguran que el ministro está en una posición complicada y no descartan que pueda ser el siguiente en situarse bajo el foco de la trama de las mascarillas tras las informaciones que revelan que pagó 1,1 millones de euros a un intermediario de la aerolínea Plus Ultra para que importara mascarillas desde China. De éste ultimo, el Gobierno se muestra más parco en su defensa y sólo dice que «a día de hoy, con la información que tenemos, no es responsable». 

Ángel Víctor Torres

Tras pegar un pelotazo de 53 millones de euros en 2020 con los contratos de mascarillas, los ingresos de Soluciones de Gestión cayeron a 2,1 millones de euros el año siguiente. Una cantidad que cobró gracias a que el gobierno autonómico de Canarias, encabezado por el ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, le perdonó de forma presuntamente irregular el incumplimiento de uno de los contratos asignados pese a haber entregado un lote de mascarillas defectuosas durante la primera ola de la pandemia.

«El número de mascarillas afectadas por estos modelos asciende a 837.800 unidades valoradas en 2.094.500 euros», señalaba el Servicio Canario de Salud (SCS) en un informe incorporado al expediente. A pesar de ello, en una resolución firmada el 4 de noviembre de 2020 por el entonces director del SCS, Conrado Domínguez, se aprobó modificar el contrato y dar una segunda oportunidad al proveedor favorito de Ábalos. El contrato se volvería a modificar varias veces, la última de ellas se hizo para liberar un último pago de más de un millón de euros a Soluciones de Gestión. Y para dar amparo a ese último importe abonado a la empresa investigada, por entregar las mascarillas con más de un año de retraso, se apeló a un decreto que ya había sido derogado por el Gobierno un mes antes para evitar que se siguiera haciendo uso de los contratos de emergencia

Como «propuesta de compensación» para subsanar los perjuicios ocasionados por las mascarillas defectuosas, según consta en el expediente del Servicio Canario de la Salud del Gobierno autonómico encabezado entones por Torres, la compañía zaragozana se comprometió a «completar el pedido hasta alcanzar el importe de 2.094.500 euros con 550.000 mascarillas FFP2 NR modelo SBL902 del fabricante chino Anhui Suboloun Garment. Esa remesa sería entregada finalmente por Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL en febrero de 2021 al Gobierno canario, y se pagó al mismo precio pactado en abril del año anterior (2,5 euros la unidad) a pesar de que los precios de mercado habían bajado considerablemente.