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España

Unai Sordo (CCOO): «Hasta donde yo sé, los fondos UE están llegando al tejido productivo»

Lamenta la imposibilidad de aprobar unos presupuestos generales del Estado para este año 2024

Unai Sordo ( Baracaldo, Vizcaya, 1972) se refiere también al clima de crispación política reinante, lamenta la imposibilidad de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado para este año 2024, porque «no es una buena noticia», pero entiende que la economía española puede aguantar bien en este momento en el que, en todo caso, serían necesarios «pactos de país». Sordo está convencido de que, en esta coyuntura política, no llegarán tales pactos, como tampoco será fácil avanzar en la legislación laboral por ley. Con respecto a los casos de presunta corrupción que se han desvelado entorno al caso Koldo y las mordidas por las mascarillas, Unai Sordo exige que se aclaren y se judicialicen. Como ciudadano, quiere saber qué sucedió y quiénes se llevaron importantes cantidades de dinero «por no hacer nada» salvo una intermediación, cuando cientos de españoles estaban muriendo al día, durante la pandemia. En cuanto a las acusaciones del PP sobre las actividades de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, el líder de CCOO es tajante: «No sé de qué se la acusa». En su opinión, «no hay caso».

PREGUNTA.- El Gobierno está celebrando el crecimiento del empleo, mientras que desde la oposición se le critica la gestión de los trabajadores fijos discontinuos, en primer lugar, por su opacidad a la hora de contabilizarlos y porque, según argumentan, los cifras no son tan buenas como parecen. Hay menos horas trabajadas con más empleados, por ejemplo… ¿Cómo hay que entender la evolución del empleo en estos momentos ante esas dos versiones?  

RESPUESTA.- Lo primero hay que decir que los datos son históricos en el sentido que nunca en España ha habido más personas trabajando. Hemos superado por primera vez los 21 millones de personas cotizando a la Seguridad Social. Esto se ha hecho, además, con una reducción muy importante del gran problema crónico que tenía nuestro modelo laboral desde los años 80, que era el de la temporalidad que hoy en día está en torno al 12%, cuando en otros momentos históricos ha llegado a estar por encima del 30% y se ha hecho mientras se subía un 54% el salario mínimo interprofesional (SMI). Esto es indiscutible y no hay ningún dato que pueda contrarrestarlo. A partir de ahí,  España sigue siendo un país que tiene una tasa de paro del 11% y sigue habiendo muchos empleos con bajos salarios o en situación de precariedad. Por tanto, hay que trabajar más para generar mejores empleos y para generar mejores empresas que no se rentabilizan en base a pagar poco y trabajar mal. Pero los datos de empleo son incontestables y quien quiera meter alguna sombra de duda, simplemente lo que está tratando de negar la evidencia de los datos contrastados.

«Ha llegado el momento de reducir la jornada laboral»

P.- Con respecto al SMI aparecen periódicamente informes de distintos organismos que concluyen que, de no haberse aplicado esas subidas, el crecimiento hubiera sido mayor, es decir, no se hubiera destruido empleo, pero sí se hubiesen creado muchos miles de puestos de trabajo más. Y se señalan especialmente dos sectores: el campo y las empleadas del hogar…

R.- Creo que los datos son contundentes. Es decir, la mejor evolución del empleo que hemos conocido en España a la salida de una crisis ha sido compatible con una mejora de más del 50% del SMI. Este SMI mejora las rentas de más de dos millones de personas. Y esa mejora va, lógicamente, al consumo. Alguien que gana mil y pico euros solo puede aspirar a que ese salario le sirva para consumos básicos, que a la vez genera actividad y genera empleo. Si lo que se quiere decir es que para que el campo pueda generar más empleo hay que pagar 300 o 400 euros… Podemos defender directamente la esclavitud y decir que en la esclavitud habría pleno empleo. Pero en el empleo, el trabajo asalariado tiene que darse en unas mínimas condiciones: en unas mínimas condiciones salariales y unas mínimas condiciones de dignidad. Y lo que ha quedado absolutamente claro es que el mantra de que subir el SMI genera una destrucción masiva de puestos de trabajo o iba a hacer inviables las pequeñas y medianas empresas, era eso: un mantra. Los datos están encima de la mesa. Nuestro país supera las tasas de contratación y las tasas de cotizantes a la Seguridad Social de nuestra historia con el SMI más alto de nuestra historia.

P.- Hace unos años, sindicatos, Gobierno y patronal firmaron la Reforma Laboral que fue aprobada casi por casualidad, porque un diputado del PP se equivocó en el sentido de su voto. Ese texto sigue recurrido ante el TC. ¿Le preocupa que pueda ser anulado y los efectos que pudiera provocar esa hipotética nulidad?

R.-No, yo no tengo en ese terreno ninguna, ninguna preocupación. Creo que si hubiera sido bueno que el PP (firmante del recurso ante el TC) hubiera desistido de esa impugnación. El propio Núñez Feijóo llegó a decir en campaña que si fuera presidente del Gobierno no iba a modificar la Reforma Laboral, salvo que hubiera acuerdo con los agentes sociales. Pero es que además sería absurdo modificar lo que ha funcionado bien. Hemos mejorado las tasas de empleo, hemos reducido la tasa de paro, hemos incrementado las cotizaciones a la Seguridad social, reduciendo la tasa de temporalidad. El gran problema crónico de nuestro modelo laboral eran  tasas de temporalidad que han llegado a superar el 30% y ahora estamos apenas en el 12%. Se ha dado estabilidad a los contratos de tres millones de personas en España y esto además está demostrado que tiene una repercusión sobre el propio consumo de las familias. Lo dice C.OO y lo dice el Banco de España. Derogar esa reforma laboral sería absurdo porque ha dado un gran resultado.

«El gran reto es alcanzar el pleno empleo en un lustro»

P.- Pese al entusiasmo y cierto triunfalismo del Gobierno, las cifras son las siguientes: España sigue teniendo un 11% de paro y está entre los países de la UE con mayores tasas de desempleo y con un paro juvenil disparado. ¿Qué es lo que está fallando?

R.-Sí, España desde hace décadas tiene un problema estructural de desempleo. Hemos tenido siempre de las dos o tres tasas de paro más altas de la UE, junto con Grecia y  Portugal, en distintos momentos históricos. Es verdad que estamos muy lejos del veintitantos por 100 de paro que estuvimos hace apenas una década. Pero la aspiración de España tiene que ser llegar al pleno empleo y yo creo que para generar esa situación de pleno empleo no hay más secretos que facilitar la creación de puestos de trabajo, no por la vía del deterioro de las condiciones salariales o del dumping fiscal, sino por la vía de generar mejores empresas y mejores puestos de trabajo. España tiene una oportunidad magnífica, con el enorme canal de inversión pública y privada que se va a desplegar en estos años, un poco al calor de la transición digital, y sobre todo de la transición energética, que nos dan una oportunidad por primera vez en décadas de iniciar un cierto proceso de reindustrialización de nuestro país, vinculado a la producción de energía renovable, barata y fiable. El gran reto y el objetivo que tiene que marcarse el países el pleno empleo, en el próximo lustro.

Unai Sordo. | Víctor Ubiña

P.- Los fondos de la UE son fundamentales para encarar ese proceso de reindustrialización orientada hacia la digitalización, las energías verdes… Pero si atendemos a las quejas de la CEOE y de diversos organismos, esos fondos no están fluyendo adecuadamente, no se reparten y las empresas aseguran que apenas los han visto. ¿Le preocupa esa gestión de los fondos europeos?

R.- Aquí hay versiones distintas. Es decir, una parte de estos recursos se están canalizando. Habría que hacer una reflexión sobre la dotación de las Administraciones públicas, tanto a nivel de recursos humanos como de medios digitales, para la correcta  implementación de este tipo de recursos. Estamos en un momento en el que España, pero no solo España, otros países, están recuperando la necesidad de generar empleo en políticas industriales y políticas de desarrollo sectorial que en las últimas décadas se habían visto casi como un anatema. Hablar de planificación industrial o de planificación sectorial de inversión pública para facilitar también la inversión privada, era visto casi como intervencionismo bolchevique en la economía. Bueno, hoy en día todas las grandes economías del mundo están haciendo esto y hay que pensar si nuestros recursos públicos se quedan obsoletos después de las políticas de recortes de hace una década. Hay que hacer un refuerzo serio de la Administración pública, eliminar las tasas de reposición, mejorar la digitalización de la Administración, para facilitar la canalización de estos recursos a la economía real. Pero hasta donde yo sé, buena parte de esos recursos si están llegando al tejido productivo. Otra cosa es que el salto de inversión es el reto que tiene España para estos años, porque ahí tenemos un déficit de inversión y no es menor. En general, las empresas están demandando recursos a fondo perdido y están demandando menos los recursos financieros en muy buenas condiciones, para facilitar también la inversión privada. Y creo que es el momento de exigir también esa apuesta por la inversión a largo plazo, que es lo que va a mejorar nuestras empresas con la transición digital y con la transición en el momento en el modelo energético y es lo que va a generar empleo de calidad a largo plazo.

Primero de Mayo: «La reivindicación tiene que pasar por exigir medidas que lleven al pleno empleo»

P.- A menos de un mes para el 1 de mayo, ¿cuál va a ser en esta ocasión la reivindicación de las movilizaciones sindicales?  

R.- Bueno, no tenemos decidido aún el eslogan, pero, en mi opinión, la reivindicación sindical tiene que pasar por la exigencia de medidas que nos lleven al pleno empleo cuanto antes. Para ello hay que recuperar políticas industriales, relocalizar inversión industrial en nuestro país. Esto es lo que va a generar empleo a largo plazo. Hay que mejorar la regulación legal. Es el momento de reducir por ley la jornada laboral. Hemos demostrado que se podía subir el SMI, que se podía reducir la temporalidad. Es bueno reducir la jornada legal de trabajo porque esto va a generar empleo y mejores fórmulas de productividad a largo plazo de nuestras empresas y hay que mejorar la cobertura de los servicios públicos con una especial atención a todo lo que tenga que ver con la estrategia de cuidados. Tenemos una sociedad envejecida, donde la atención a los cuidados de las personas dependientes y a los niños y las niñas de cero a tres años es un elemento clave de protección social y es lo que va a facilitar también la igualdad de condiciones laborales entre mujeres y hombres en el medio y largo plazo. Yo lo situaría el pleno empleo como objetivo del país a través de política su industrial, mejor regulación con la reducción de jornada y políticas públicas, particularmente el despliegue de una estrategia de cuidados.

«La reducción del tiempo de trabajo es una reivindicación bastante compartida por la sociedad española»

P.- Esas acciones requieren legislación parlamentaria. Por ejemplo, la reducción de la jornada laboral… Pero ahora mismo, con tres citas electorales en los tres próximos meses, ¿es viable plantearse acuerdos para modificar legislación en España, con la inestabilidad y la crispación actual?

R.- Se está demostrando que no es fácil. Para sacar adelante cualquier ley, ahora mismo hace falta un apoyo parlamentario de todo lo que fue el perímetro de la investidura, que tiene que votar a favor todo el rato y no es sencillo. Está demostrado. Pero yo creo que la reducción del tiempo de trabajo es una reivindicación bastante compartida por la sociedad española cuando se le pregunta. Creo que ha llegado el momento de hacerlo. Además, creo que la posibilidad de reducir el tiempo de trabajo que ya se ha reducido en buena parte a través de los convenios colectivos. La jornada legal en España es de 40 horas semanales, pero la jornada efectiva en los convenios colectivos de media está en el entorno de las 38,30. Si lo reducimos hasta 37,30, acompañamos de una forma ambiciosa lo que ya hemos venido haciendo en los convenios colectivos. Creo que esto es perfectamente viable y las empresas del futuro no deben basarse en condiciones de trabajo durante más horas de las necesarias mediante bajos salarios ni mediante otras fórmulas que están muy desgastadas. España tiene que aspirar a concurrir en la economía global en base a otros parámetros, no donde el precio energético es una variable importantísima, por ejemplo, y donde la calidad del empleo que se genera es otra. Y en muchos de los puestos de trabajo actuales no hace falta trabajar 40 horas semanales. Dicho esto, tan importante como la reducción del tiempo de trabajo, en mi opinión, es cómo se organiza la distribución del tiempo de trabajo. Es decir, a veces no es tan importante trabajar 39 horas o 37 como quién, con qué tiempos y de qué manera decide cómo se distribuye ese tiempo de trabajo, cómo se dividen los tiempos de trabajo.

Unai Sordo. | Víctor Ubiña

P.- En la actualidad, los presupuestos de 2024 están prorrogados y ni siquiera se van a presentar. Con el panorama político que tenemos por delante, ¿cree que podemos ir a otra prórroga para 2025 y, en tal caso, piensa que sería viable la presente Legislatura?

R.- La primera noticia es mala: que no haya presupuestos generales para 2024 es una mala noticia. Hubiera sido mejor unos presupuestos que se adecuarán mejor a la coyuntura económica y social que vive España. Es verdad que las tres disputas electorales que hay por delante, de aquí a junio, hacen poco realista pensar que se fueran a pactar unos presupuestos. Los actuales presupuestos, la prórroga de los del año pasado, más los fondos de recuperación europeos, configuran un marco presupuestario lo suficientemente expansivo como para que no tenga grandes problemas de viabilidad económica para el país. Creo que no va a pasar nada grave, porque no es una buena noticia en términos políticos, pero no creo que vaya a tener grandes consecuencias económicas. Ahora hay que hacer de la necesidad virtud. Si la economía sigue como está yendo, aunque hay muchas incertidumbres y aunque las tasas de crecimiento que se van a dar no van a ser demasiado grandes, pueden provocar que se siga disminuyendo el déficit público y la deuda pública. En todo caso, hay que impulsar esa inversión que, desde el sector público, tiene que movilizar inversión privada. Nos consta que se va a movilizar esa inversión pública en los próximos trimestres, porque es la manera de modernizar nuestras empresas y generar empleo a largo plazo.

P.- ¿Como diría que son las relaciones entre la CEOE y los sindicatos ahora mismo?

R.- Son parecidas a como era en el último periodo, que fue muy productivo en materia de diálogo social. Ahora lo está siendo menos, porque buena parte de las reformas ya se han hecho, pero creo que lo que toca es dejarlas actuar. Y luego, es verdad que la realidad política influye en el marco del diálogo social. Es decir, nosotros negociamos con CEOE, a veces en el marco bipartito, y para eso no necesitamos a los gobiernos. Pero en el marco tripartito sí necesitas al Gobierno y una mayoría parlamentaria, no como esa mayoría parlamentaria, que es más difusa en este momento que en la anterior legislatura. Esto mediatiza el marco del diálogo social. Pero bueno, estamos tratando de explorar negociaciones en materia de reducción de jornada y el año pasado llegamos a un acuerdo salarial que creo que fue muy importante para España. Nos marcó un antes y un después en la evolución de los salarios y eso fue un acuerdo que hicimos CEOE, Comisiones Obreras y UGT, que creo que está dando un resultado razonablemente bueno.

P.- ¿Pero no cree que el actual nivel de crispación política paraliza de algún modo al país y a sus objetivos?

R.- Afortunadamente, se está demostrando que no, porque los datos dicen que el país está muy marcado, lógicamente, por las coyunturas generales, las coyunturas internacionales, en esos episodios de inflación que hemos que hemos tenido, pero que en términos comparados, pues España crece más que otros países del entorno. La economía en términos de empleo va bien. Sigue habiendo marcos de desigualdad muy importantes en nuestro en España, pero en términos de empleo la cosa va bien y que los deseables acuerdos políticos no van a llegar, porque en este nivel de crispación y de lectura que se está haciendo por parte de la oposición, en el momento político, no va a haber grandes acuerdos de país. Serían necesarios, pero no van a llegar. Pero en todo caso, en principio el país lleva su impulso y la economía y el empleo van razonablemente bien, pese al ambiente político.

«No sé de qué se acusa a la mujer del presidente del Gobierno. En mi opinión, no hay caso»

P.- Ahora mismo, hay dos comisiones de investigación parlamentarias en Congreso y Senado. En el Congreso los socialistas apuntan sus baterías hacia la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja. En el Senado, sobre el caso Koldo y las ventas de mascarillas en pandemia y también hacia el presidente del Gobierno y las actividades de captación de fondos de su esposa. ¿España necesita estas dos investigaciones paralelas?

R.- Hay dos cuestiones. A la mujer del presidente del gobierno todavía no sé muy bien de qué se le acusa, con lo cual esto lo dejo aparcado. En mi opinión, aquí no hay caso. A partir de ahí, yo creo que es una cuestión que no es menor. Es decir, es muy importante saber quién se ha forrado a través de mordidas en la compraventa de materiales, en un momento donde en España morían cientos de personas al día y no teníamos mascarillas. Aquí habrá una investigación penal en los casos que sea, me da igual unos que otros que tendrán que llegar a las conclusiones que lleven y si hay algún ilícito penal se penaliza. Luego hay otra cuestión, que no es estrictamente penal: las cosas que no son sostenibles desde un punto de vista ético. Como ciudadano español, quiero saber cómo se gestaron negocios para intermediar en un momento como aquel, cuando la gente trabajadora se estaba jugando la vida para ir a trabajar y había gente que se estaba llevando dinerales –me temo que por no hacer nada– en la intermediación de productos sanitarios de primera necesidad. Me parece un escándalo ético algunas de las cosas que han pasado. Y creo que hay que saber quién hizo negocios en esa coyuntura. Luego, las derivadas penales, que se resuelvan y se investigue lo necesario. Pero que estas cuestiones monopolicen toda la conversación pública me parece un problema, porque cuando se monopoliza todo en esos terrenos no se habla de otras cosas que son muy relevantes, como el modelo productivo español, la desigualdad, la tasa de paro, el cambio climático, que son elementos que tendrían que jugar un papel mucho más relevante en esa conversación pública española y que a veces se opacan por  estas cuestiones, aunque no sean cuestiones menores.

Unai Sordo. | Víctor Ubiña

«Una parte de las reivindicaciones del campo ha derivado en narrativas alocadas contra la Agenda 2030»

P.- Parece que las agrupaciones de agricultores e incluso plataformas que se organizan a través de las redes sociales están ganando la partida a los sindicatos tradicionales, CCOO y UGT. Están organizando movilizaciones y haciendo presión en la UE, en el Gobierno de España… y parece que obtienen algunos resultados…

R.- Las movilizaciones que yo una vez dije que eran movilizaciones empresariales y me cayó la del pulpo en las redes sociales… Lo que quiero decir es que son movilizaciones de pequeños productores agrarios: los que son autónomos, autónomas y que son pequeñas explotaciones, por tanto, pequeñas empresas que defienden legítimamente un interés empresarial y unas reivindicaciones con las que yo, en algunos casos, estoy de acuerdo, pero que son reivindicaciones que no responden a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras que representamos los sindicatos de clase, que son los jornaleros del campo. El 11 de abril tenemos convocada una movilización delante del Ministerio CCOO y UGT, exigiendo medidas para favorecer las producciones agrarias y a los que trabajan en el campo. Por cierto, que también nos vamos a movilizar en ese terreno. Las dos grandes reivindicaciones que han planteado yo creo que tienen bastante razón: hay que buscar cómo se aplica de una forma rigurosa la Ley de Cadena Alimentaria y se evita que las explotaciones agrarias trabajen a pérdidas. Y, por otro lado, hay que reequilibrar los acuerdos comerciales de la UE, con otras zonas del mundo, para que los productos agrarios que son importados cumplan unos estándares de calidad sanitaria equivalentes a los que exigimos a nuestros productores. Estas dos reivindicaciones me parecen razonables y las compartimos. Luego, yo creo que una parte de este movimiento ha derivado en algunas reivindicaciones o unas narrativas bastante alocadas, por plantear que el problema al campo español tiene que ver con el cumplimiento de la Agenda 2030. Me parece ridículo, cuando precisamente si a alguien está afectando nuestro país  la crisis climática, el calentamiento global, etc., es al mundo agroalimentario y al mundo agrario. Por eso no entiendo algunas reivindicaciones que ni siquiera son reivindicaciones y mensajes que creo que alguna vez tienen más que ver con narrativas políticas.

P.- ¿Por qué no ha funcionado la Ley de Cadena Alimentaria?

R.- No es que no haya funcionado. La Ley de Cadena Alimentaria ha promovido unos pagos por encima de los costes de producción para evitar que las empresas, que los pequeños agricultores, que los pequeños productores, trabajen a pérdidas. Pero siempre y cuando todo el mundo haga por cumplirla. Seguramente hay que reforzar las inspecciones para que esto sea así. Los productores también tienen que hacer valer sus derechos. Por hacer una analogía: los contratos laborales dicen cosas, pero luego a veces se incumplen. Y si el trabajador no denuncia o actúa la inspección ante un incumplimiento, pasa un poco lo mismo. Si por la vía de los hechos, una gran cadena distribuidora, por ejemplo, sigue imponiendo precios por debajo de los costes de producción a un productor agrario, ¿alguien inspecciona eso? Tiene que haber un criterio claro de cuál es el mínimo por el que vender ese producto. Por ejemplo, los agricultores franceses tienen una ley similar a la española. Lo que me planteaban, lo que me decían algunas de estas asociaciones agrarias es que la ley no estaba mal planteada y que no estaba funcionando mal. Otra cosa es que se esté cumpliendo en todos sus términos. Claro, esto es lo que hay que cotejar.

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