Alberto Garzón renunció al fichaje por Acento un mes antes de que lo autorizase el Gobierno
La autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses llegó el 12 de marzo, cuatro meses después del cese
Alberto renunció, tras importantes presiones de sus ex compañeros, a fichar por Acento Public Affairs. | Ilustración de Alejandra Svriz
Alberto Garzón, exministro de Consumo y excoordinador federal de Izquierda Unida, renunció a mediados de febrero a un puesto muy relevante en Acento Public Affairs, la consultora dirigida por el exministro socialista José Blanco. La decisión de Garzón tuvo lugar tras duras críticas de su entorno por un hipotético salto al sector privado a los pocos meses de su cese. Lo sorprendente es que el exministro renunció a un puesto para que el que todavía no tenía el visto bueno del Gobierno.
La autorización de la Oficina de Conflicto de Intereses llegó justo un mes después, según ha podido comprobar THE OBJECTIVE a través de Transparencia. Tras su cese el 21 de noviembre de 2021, con la llegada de nuevos ministros, el pasado 12 de marzo consiguió de beneplácito para incorporarse en Acento, apenas cuatro meses después. También la Oficina de Conflicto de Intereses, que depende del Ministerio de Hacienda, ha permitido al exministro que se incorpore a Diario.es y con Alanis. Ambas autorizaciones llegaron el pasado 25 de marzo –ver regulación del alto cargo-.
En Acento han desembarcado desde su creación en 2019 decenas de altos cargos de todos los colores políticos. Sin embargo, Alberto Garzón ha sido uno de los pocos que se ha visto obligado a la renuncia tras sufrir una presión extrema de su entorno. Las puertas giratorias fueron clave para las críticas. Los ministros, a diferencia de los altos cargos, tienen la posibilidad de percibir el 80% de su sueldo público durante dos años, precisamente para que no pasen directamente a la empresa privada tras ser cesados.
Alberto Garzón y Acento
La entidad dependiente del Ministerio de Hacienda niega en muy contadas ocasiones el paso de un alto cargo al sector privado tras su solicitud. Desde 2014, la Oficina de Conflicto de Intereses ha emitido un total de 514 autorizaciones. Los altos cargos pueden recibir más de un permiso para saltar al sector privado. Agencias de comunicación, la universidad, consultoras, empresas del Ibex o de fabricación de armamento son destinos habituales tras el paso por la Administración.
El exministro Garzón mostró su renuncia como una concesión a la militancia comunista. «No quiero que mi decisión personal perjudique a mis antiguos compañeros y compañeras de militancia en su necesaria misión de lograr el mejor resultado posible en las futuras convocatorias electorales. Siempre he antepuesto el interés colectivo sobre el interés personal y considero que debe seguir siendo así», escribió en las redes. El contexto era el de unos comicios inminentes en País Vasco, Cataluña y Europa. En cualquier caso, no dudo en lamentar las críticas y algunas dinámicas tóxicas dentro de la izquierda.
Desde Acento se ofreció a Blanco el puesto de director de Prospectiva GeoPolitica. La consultora tiene como CEO y socio fundador a José Blanco, exministro y exsecretario de Organización del PSOE. Su presidente es el exdirigente del Partido Popular Alfonso Alonso. En el organigrama también están la ex secretaria de Estado de Economía, Elena Pisionero y el exministro de Trabajo, Valeriano Gómez. Además, dentro del Consejo Asesor están la exdirigente socialista Elena Valenciano y el teniente general Ignacio Bengoechea.
Pardo de Vera y Air Europa
Gracias al análisis de los datos de la Oficina de Conflictos de Intereses, THE OBJECTIVE adelantó el intento de fichar por Air Europa de Isabel Pardo de Vera, ex secretaria de Estado de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Su solicitud se produjo pocos meses después de ser cesada de su cargo en febrero de 2023. Pardo de Vera, como el resto de altos cargos, no puede fichar por ninguna empresa relacionada con sus tareas en el Gobierno durante dos años, aunque puede solicitarlo.
Finalmente, la ex secretaria de Estado aceptó declinar la oferta de la aerolínea y de otras empresas con las que, presumiblemente, surgían conflictos de intereses. Hasta el 31 de diciembre, la ex secretaria de Estado comunicó proposiciones de Revenga Ingenieros, de Cylus Cybersecurity, FTI Consulting, Air Europa y Asval. Su caso tiene similitudes con el de Alberto Garzón, ya que el anuncio de fichaje se produjo antes de la decisión del Gobierno.
Una situación diferente se dio con la ex secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas, que fue vetada por el Ejecutivo para regresar al sector privado. Artigas dejó su puesto en diciembre pasado, tras cuatro años en el Gobierno. Ahora no podrá incorporarse a la plantilla de Airbus Defence and Space por supuesto conflicto de intereses. La decisión del Ejecutivo viene dada porque Airbus y una de sus filiales recibieron subvenciones de entidades presididas por Artigas cuando era secretaria de Estado.
Registros y falta de transparencia
La nueva actualización del registro de autorizaciones de actividad tras el cese de altos cargos, clave para la transparencia, ha tardado siete meses en producirse. El pasado 22 de mayo THE OBJECTIVE alertó de que no se había modificado desde octubre de 2023, un mes antes de que tuviesen lugar de los altos cargos del anterior Gobierno.
Mientras, desde noviembre del año pasado, sigue sin actualizar el listado de ministros del anterior Gobierno que decidieron pedir la pensión compensatoria, que tiene una duración de dos años, tras abandonar su puesto. Sólo determinados altos cargos tienen derecho a estas indemnizaciones. Las personas que forman parte del Gobierno, los secretarios y secretarias de Estado o los máximos responsables de los organismos reguladores, entre otros, pueden acceder a ellas.
Tienen derecho a una pensión indemnizatoria equivalente al 80% de su retribución anual durante, como máximo, los dos años siguientes al cese. Desde el año 2012, la compensación es incompatible con cualquier otra retribución derivada de actividades públicas o privadas a raíz del Real Decreto-Ley 20/2012.
