Políticos y espías: ¿quién maneja a quién?
El caso argentino demuestra que ambas partes tratan de hacer lo que les da la gana
Un grupo de personas asisten a la conmemoración del 25 aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina que dejó un saldo de 85 muertos. | Europa Press
Hay dos cuestiones que me preguntan con frecuencia como experto en servicios de inteligencia: ¿pueden los espías manejar a los políticos? ¿Y los políticos son los responsables de las burradas que a veces llevan a cabo los servicios secretos? La casuística es muy amplia, no es lo mismo lo que ocurre en países con una democracia asentada, aquellos otros con una dictadura o los que tienen un gobernante débil con el techo de cristal que está al albur de las manipulaciones y chantajes ajenos.
El caso que está ocurriendo actualmente en Argentina sirve como buen ejemplo para exponer algunos datos importantes. El 18 de julio de 1994, hace 30 años, un atentado terrorista de una crueldad inimaginable destruyó con bombas la sede de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) y se llevó la vida de 85 personas. Dos años antes, el 17 de marzo, otro ataque produjo la muerte de 29.
Los responsables no están en prisión porque la investigación fue desastrosa gracias a que un sector de los servicios secretos del Estado, de la Policía y de otros estamentos hicieron lo que estuvo en su mano para que no se arrojara luz sobre el caso. A pesar incluso de que el propio Israel y sus espías del Mossad llevaron a cabo sus propias indagaciones. Ellos y los investigadores honestos señalaron a un país, Irán, y a distintas fuerzas e individuos antisemitas.
La confianza en los servicios secretos en Argentina nunca ha estado a un nivel destacable. El golpe militar del 24 de marzo de 1976 y la consiguiente dictadura brutal que concluyó a finales de 1983 hizo que muchos desalmados que habían estado en los servicios secretos siguieran controlándolos y considerando que podían hacer lo que les diera la gana en defensa de su visión de cómo debía funcionar el país, sin tener en cuenta lo que estableciera la naciente democracia.
El espía arrepentido
Esa visión de intervenir en asuntos públicos sin que nadie te haya dado vela en el entierro queda perfectamente reflejada en una serie de dos temporadas llamada Iosi, el espía arrepentido. Basada en la investigación periodística de Miriam Lewin y Horacio Lutzky, materializada en un libro, cuenta al detalle cómo la policía federal infiltró en 1985 a un agente de inteligencia en la comunidad judía de Buenos Aires, cuya información fue decisiva para llevar a cabo ambos atentados. El alucinante pretexto que le dan al infiltrado para justificar su misión es la existencia de un plan llamado Andinia, por el que Israel quería establecer un Estado judío en terrenos de Argentina y Chile. Obviamente, era una teoría de la conspiración sin ningún fundamento.
Tras los atentados y la falta de interés mostrada por los gobernantes para resolver la muerte de sus conciudadanos en los atentados en Buenos Aires, intentaron dar un golpe de imagen e impulsaron el nombramiento de un fiscal especial al que liberaron de cualquier otra labor, Alberto Nisman. Hizo tan bien su trabajo, contando seguramente con información de máxima calidad filtrada por un sector colaborativo de los servicios secretos argentinos, que acusó a cinco iraníes y un libanés de Hezbolá, apoyados por Irán, de ejecutar el atentado.
El Gobierno se aprovecha de las desgracias
Nisman no era el único que disponía de esos datos, obviamente el gobierno de la nación debía tener acceso a los mismos y actuaron intentándose aprovechar de la situación para sacar réditos políticos. Pero Nisman lo descubrió y lo denunció: les acusó de encubrimiento al negociar acuerdos económicos con Irán utilizando la impunidad de los seis delincuentes como moneda de cambio.
Nisman aceptó acudir un lunes al parlamento para contar la información más delicada que poseía, esa que implicaba al Gobierno. No lo hizo. Unas horas antes apareció muerto en el baño de su casa, junto a un arma del calibre 22 y una bala. Había alertado de que se jugaba la vida, de que le matarían antes de declarar. Sin embargo, todos los sectores oficiales: policías, jueces, gobierno defendieron la teoría del suicidio.
Y lo hicieron incluso después de confirmarse que no tenía huellas de pólvora en la mano, que había dejado una nota dirigida a la chica que le hacía la casa para que le comprara comida al día siguiente y que a las 18.20 envió al vicepresidente judío de la AMIA una foto de su mesa de despacho llena de papeles.
La entonces presidente Cristina Kirchner se sintió señalada por esa muerte y para desviar la atención decidió cargarse el SIDE para evitar el juego sucio de los espías que campaban a sus anchas chantajeando a quien se les ponía delante. Desde que Javier Milei asumió la presidencia argentina ha puesto a sus hombres de confianza a controlar a los servicios y esta semana ha decidido revertir la reforma de Kirchner y volver al SIDE, aunque reorganizándolo de otra manera.
¿Quién controla a quién? Me temo que Argentina es un buen ejemplo de lo que no debería ser una relación entre gobernantes y espías. Ni los servicios secretos están para hacer lo que les dé la gana, ni para ejecutar aquellas órdenes de los gobiernos que no cumplen con las leyes establecidas.
