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Desmantelan otra trama de hidrocarburos por un fraude de 133 millones con seis detenidos

Se trataría de un «complejo entramado empresarial» liderado por un grupo de empresarios vinculados al sector

Desmantelan otra trama de hidrocarburos por un fraude de 133 millones con seis detenidos

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha desmantelado otra trama de presunto fraude de hidrocarburos. | Europa Press

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desmantelado otra trama de presunto fraude de hidrocarburos valorado en 133 millones en una investigación dirigida por la Audiencia Nacional que deja seis detenidos, dos en Sevilla y cuatro en Madrid, así como dos entradas y registros en sedes sociales de empresas en Madrid.

Fuentes de la investigación consultadas por Europa Press han señalado que todos los implicados en la presunta trama son españoles, aunque se trata de una operación realizada por la UCO y la Agencia Tributaria independiente de la que fue detenido recientemente Víctor de Aldama, que también está acusado en el ‘caso Koldo’.

Esta última operación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, contra una organización criminal dedicada a la comisión de presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA en el comercio de hidrocarburos y el posterior blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos.

La organización sobre la que se ha actuado sería la responsable de un presunto fraude a la Hacienda Pública, en los ejercicios de 2020 y 2021, que alcanzaría los 133 millones de euros, según ha informado la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.

Funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de manera conjunta con agentes de la UCO han dado por «desarticulada esta importante organización criminal».

Dicha organización se caracterizaba por la creación de un «complejo entramado empresarial» liderado por un grupo de empresarios vinculados al sector a través del cual perpetrarían la comisión del fraude, «responsabilizando a empresas instrumentales, de manera artificial, de la liquidación de los impuestos que genera este comercio».

La investigación apunta a que estas empresas transferían los fondos correspondientes a los beneficios generados en la elusión del impuesto a cuentas bancarias de otras mercantiles ubicadas en países terceros.

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