Indignación en la Guardia Civil por la cesión de la seguridad de puertos y aeropuertos
Interior guarda silencio sobre esta posibilidad mientras el Govern da por hecho que Mossos asumirá las competencias
El presidente catalán, Salvador Illa, junto al ministro Marlaska. | EP
La inminente cesión de las competencias de seguridad en puertos y aeropuertos de Cataluña a los Mossos d’Esquadra ha provocado gran indignación en el seno de la Guardia Civil, el cuerpo que previsiblemente se verá más afectado, de confirmarse este acuerdo entre el Ministerio del Interior y la Generalitat. El presidente catalán anunció el pasado miércoles que convocaría una Junta de Seguridad a principios de 2025 para que los agentes catalanes asumiesen más competencias en las citadas infraestructuras como policía integral. Una decisión que causó sorpresa después de que el departamento de Grande-Marlaska negase ese extremo hace tres semanas.
Días antes de la celebración del último encuentro de seguridad, el pasado 5 de diciembre, Interior negó cualquier cesión de competencias fronterizas. «El Ministerio y la Consejería de Interior niegan que exista un acuerdo para la cesión a los Mossos d’Esquadra de las competencias de protección de las personas y bienes y del mantenimiento, que corresponden en la actualidad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Ahora, en cambio, fuentes de este departamento consultadas por THE OBJECTIVE evitan hacer comentarios sobre el asunto: señalan que cualquier modificación se aborda «en las juntas de seguridad correspondientes» e insisten en que, hasta momento, no hay convocatoria para ninguna otra.
Si el Gobierno cede de nuevo ante las peticiones de la Generalitat, al igual que ya lo hiciera este verano con el Ejecutivo vasco, los Mossos d’Esquadra pasarían a ejercer competencias no solo en la zona pública de los puertos y aeropuertos —donde los agentes ya estaban, de hecho, al tratarse de su demarcación territorial— sino también en la zona de acceso restringido, donde desarrollarán labores de policía judicial. Esto en ningún caso significa ceder el control de las fronteras exteriores, pues son competencias exclusivas del Estado que pertenecen a la Policía Nacional. Pero sí implica que los mossos puedan realizar controles de drogas e intervenir en incidentes de orden público.
Las competencias en las fronteras, en peligro
Cabe recordar, no obstante, que en el caso catalán, la perdida de competencias podría ir más allá teniendo en cuenta que el Gobierno, en paralelo, negocia con Junts la delegación integral de las competencias de inmigración a Cataluña a cambio de sacar adelante la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatorio el reparto de menores y aprobar los próximos presupuestos. De materializarse esa cesión, fuentes policiales advierten de que las atribuciones de los cuerpos de seguridad estatales podrían verse modificadas. Es decir, que perdiesen también las que ahora eran exclusivas del Estado como el control documental de las fronteras Schengen.
«El enfado entre los compañeros que trabajamos aquí es mayúsculo», dice un guardia civil destinado en el puerto de Barcelona. «Lo más curioso de esta historia es que los sindicatos de los mossos no quieren asumir ese trabajo porque no tienen personal suficiente. Pero bueno, el Gobierno también aprobó una partida de 15.000 millones para que aumentase su plantilla hasta los 25.000 efectivos. Aquí el objetivo es que el Estado se queda reducido a la nada». También se pronuncian estas fuentes sobre la integración de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el 112 catalán, lo que ha provocado criticas entre los socios independentistas al Govern. «Dijeron que estaríamos incluidos el viernes pasado, pero aquí no se ha dado ningún paso…».
Un plan oculto
Para la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) esta cesión confirmaría «el plan previsto desde hace años por el Ministerio del Interior para modificar el escenario policial en los puertos y aeropuertos». Primero en el País Vasco y ahora en Cataluña, donde la situación «es igualmente alarmante». «Ceder las competencias de seguridad no solo debilita la presencia del Instituto Armado en la región, sino que también compromete la cohesión y eficacia del sistema de seguridad nacional. Como ocurre con este tipo de acuerdos, siempre se priman los intereses políticos por encima de las necesidades de seguridad pública», censuran desde esta asociación.
En la misma linea, Jucil considera que esta posibilidad «no debe suponer un nuevo intento de desmantelar el papel fundamental que ejerce la Guardia Civil en Cataluña y reitera la necesidad de que no se debilite la presencia del cuerpo en áreas estratégicas para la seguridad nacional». Su secretario general, Ernesto Vilariño, defiende que el Instituto Armado «ha demostrado durante durante décadas su profesionalidad, eficacia y compromiso con la seguridad de todos los ciudadanos, también en Cataluña» y critica que «estos intentos de traspaso no obedecen a criterios operativos ni de eficacia, sino a razones políticas». «Reclamamos respeto a nuestras competencias, fundamentales para garantizar la seguridad nacional, luchar contra el narcotráfico, el tráfico de armas y otras amenazas transfronterizas».
«Frustración e indignación» entre los guardias civiles
En la Asociación Profesional de Cabos (APC) de la Guardia Civil ven con «con preocupación, frustración e indignación» la petición de la Generalitat, señala a este periódico su presidente, José Manuel Tovar. «Preocupación porque se le quiere quitar otra competencia más a la Guardia Civil. Frustración porque, sin ir más lejos, en el último pleno del consejo del Instituto Armado le pedimos a la directora que defendiera con ardor y vehemencia que no se perdieran competencias en Cataluña y nos tememos que poco o nada puede hacer para impedir que se consume».
Y, por último, indignación «porque quitar competencias a la Guardia Civil tiene como finalidad borrar del mapa regional de Cataluña a un cuerpo que representa, más que ningún otro, a las instituciones: somos un elemento vertebrador en todo el territorio nacional y quien quiere arrebatarnos las pocas competencias que hasta ahora desarrollábamos en Cataluña son unos partidos que tienen como objetivo la independencia de Cataluña. O dicho de otra forma, borrar a la Guardia Civil del mapa autonómico para tener más fácil conseguir lo que no paran de decir que quieren: la independencia».
