Un mando de la UCO dio de alta como fuente a un investigado al que pegó un chivatazo
La Audiencia Nacional ha imputado a los dos implicados en una causa sobre otro fraude millonario en hidrocarburos
Ilustración de Alejandra Svriz
Otra trama, y otro confidente de la Guardia Civil investigado por la justicia. Como ocurriese con el caso Koldo con el comandante Rubén Villalba y el comisionista Víctor de Aldama, la historia vuelve a repetirse en una causa que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. En esta ocasión, el mando de la Unidad Central Operativa (UCO) incluyó como fuente propia a uno de los cabecillas de Gaslow, la trama de hidrocarburos desarticulada en julio de 2021. El responsable, entonces teniente y jefe del grupo de blanqueo de capitales, habría informado a este y a otros imputados sobre vigilancias, investigaciones e incluso sobre cuando iban a ser arrestados antes de que explotase la denominada Operación Larraondo.
Un informe de Asuntos Internos al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE y que fue remitido el pasado octubre a la Audiencia Nacional, detalla las labores que desempeñaba el capitán Juan S. Y. a favor de la trama. A partir del análisis de distintos dispositivos electrónicos y el testimonio de un testigo protegido que conocía toda la operativa, la Guardia Civil ha constatado que el mando, que luego ascendió a capitán, advirtió a tres miembros de la trama de que iban a ser detenidos: José Luis C.T, Antonio R. E., y Javier G.P.
Los arrestos se produjeron el 20 de julio de 2021. A pesar de que Juan S. Y. no era el instructor de las pesquisas, conocía al menos desde finales del año anterior que había en marcha una investigación contra Gaslow, la predecesora de la trama que lideraba Aldama, ya que en esa operadora participaba su socio Claudio Rivas. El juez Pedraz ha imputado al capitán de la UCO por delitos de violación de secretos, cohecho, blanqueo y organización criminal.
Era su fuente desde 2019
Los investigadores destacan que uno de los imputados, Javier G. P., fue dado de alta como «fuente viva» (informador policial) de la unidad que dirigía el capitán Juan S. P. a petición de este el 28 de junio de 2019. Una fecha en la que, apunta el dosier policial, el guardia civil sabía que el investigado desarrollaba actividad en el sector de los hidrocarburos porque entonces era el principal directivo de la operadora Gaslow, epicentro de las pesquisas.
La Guardia Civil cree que, al igual que en el caso Koldo, el mando dio de alta al imputado en el sistema para controlar si otras unidades policiales le investigaban. Además, según declaró su superior (comandante jefe de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO), el oficial nunca remitió informes sobre las reuniones que mantenía con su supuesta fuente. Algo común en estas gestiones.
Asuntos Internos considera que Juan S. Y. estaba plenamente integrado en la trama y además ha probado que recibía contraprestaciones en forma de dádivas y pagos dinerarios, algunos en criptomonedas, por todas las gestiones que hacía en favor de los investigados. Un caso que recuerda también, al menos en el modus operandi, al del ex jefe antiblanqueo de la Jefatura de Policía de Madrid, al que la unidad de Asuntos Internos pilló con 20 millones de euros emparedados en su domicilio procedentes presuntamente del narcotráfico.
Una vez que explotó la Operación Larraondo contra la trama de hidrocarburos, a la que se le atribuye un fraude de 136 millones de euros, los investigadores pusieron el foco en el capitán de la UCO. Fue un testigo protegido el que reveló el papel que supuestamente jugaba Juan S. Y. en la organización criminal. El Instituto armado inició pesquisas contra el responsable, que había prestado servicio desde enero de 2008 hasta julio de 2022 en el Grupo de Blanqueo de Capitales. Lo detuvo en diciembre de ese año, cuando ya estaba destinado en la Dirección General de la Guardia Civil, en la época en que estaba dirigida por María Gámez.
«Mañana le damos a tu conocido»
Los presuntos cabecillas de la trama habían sido detenidos un año y medio antes, el 20 de julio de 2021. El día anterior, el capitán de la UCO recibió un mensaje del responsable de la investigación avisándole de que «mañana le damos a tu conocido y a todos los de Gaslow». En realidad, el mando imputado por cuatro delitos ya había dado el chivatazo el 10 de julio, cuando Antonio R. E. le invitó a una fiesta de cumpleaños. También mantenía una amistad con él conocida por su unidad, razón por la que su compañero le advierte (según consta en el mensaje) «por deferencia». Los investigadores señalan que las detenciones estaban planificadas en esa fecha y que el dato «solo lo conocía un reducido número de personas», entre las que se encontraba el guardia civil investigado.
«Y., buenos días, me imagino que ya lo sabrás, pero por lo menos por deferencia quería decírtelo, mañana le damos a tu conocido y a todos estos de Gaslow», dice a Juan S. Y. su compañero, instructor de las pesquisas. El entonces teniente le responde: «Buenos días, no lo sabía / ya hace tiempo que no hablo con él / pero bueno, suerte». Sin embargo, la Guardia Civil ha acreditado que el mando de la UCO investigado habría estado en contacto presuntamente con dos de los implicados en la trama al menos 15 días antes de que se produjesen las detenciones, de acuerdo con las pruebas que facilitó el testigo protegido.
Entre ellas, distintas capturas de conversaciones en las que el otro investigado y fuente de la UCO, Javier G. P., y supuestamente el capitán imputado hablan sobre unas vigilancias policiales que le están haciendo. «¿Pero vienen a por mí? ¿Qué pensáis?», dice este último en un grupo de mensajería instantánea, indicando inmediatamente después que le iba a preguntar «a su amigo el guardia civil», que es como se refería a Juan S. Y. A lo que este último le dice: «En un principio no hay nada, que yo sepa, si oigo te digo… es normal dar una vuelta de vez en cuando».
Meses después, Asuntos Internos también corroboró el interés que tenía el capitán en la causa judicial contra los implicados en la trama Gaslow, tras intervenir su ordenador portátil. Los investigadores hallaron en el dispositivo correos electrónicos que el capitán de la UCO se había mandado a sí mismo con documentos relacionados con la investigación: un oficio policial dirigido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional informando sobre la presunta organización, la querella interpuesta por el fiscal, y «un legajo de más de 1.300 documentos (la instrucción judicial) que habría sido descargado por el abogado de Javier G. P.».
Grave perjuicio a las actuaciones
Según expone la investigación, y así lo atestiguó también el testigo protegido, el papel que jugó el capitán de la Guardia Civil trasladando información sobre la investigación a los implicados permitió que estos pudieran tomar medidas. Algo que «se corresponde con el resultado de las actuaciones realizadas por la UCO, de las cuales se entrevé la eliminación intencionada de elementos de prueba que, de otra manera, pudieran haber sido incautados y utilizados para el esclarecimiento de los hechos, generándose con ello un grave perjuicio a la eficacia de las actuaciones».
