La cúpula policial de Granada maniobró contra dos agentes por negarse a quitar multas
La trama ordenó a varios policías que reunieran quejas contra los dos agentes por supuesto trato vejatorio
El escándalo en la Policía Local de Granada sigue desvelando oscuros entramados de poder y corrupción. José Manuel Jiménez Avilés, que hasta su dimisión ocupaba el cargo de jefe de la Policía Local, dimitió tras ser investigado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en una investigación que destapó THE OBJECTIVE. Jiménez Avilés, como revelaron unos audios exclusivos de este periódico, llegó a anular una denuncia impuesta a una concejal del Partido Popular, el partido que actualmente gobierna la ciudad, con la simple justificación de que le «salió de la polla».
Pero las revelaciones no terminan ahí. Los audios que ahora publica este periódico desvelan que la trama orquestó un plan para presionar y represaliar a dos agentes de tráfico que se negaron a retirar de manera ilegal las denuncias. Según ha podido confirmar este medio, el inspector de la Policía Local de Granada Alberto Pérez Sánchez, junto al propio Jiménez Avilés y Roberto López Tendero, subinspector y sobrino político del exjefe, urdieron un plan para crear falsas quejas contra los dos agentes, con el fin de abrirles expedientes disciplinarios y forzar su traslado a otro puesto de trabajo.
Denuncias falsas
En los audios se escucha cómo los responsables de la operación, en su afán de cambiar de destino al inspector de tráfico Álvaro Martín Espigares y a su compañero Óscar Antonio Hernández García, presionan a varios funcionarios de la Policía para que «recluten» a ciudadanos que presenten quejas contra los dos agentes, todas con el mismo contenido: acusaciones de trato vejatorio. Con ello, intentaban justificar la apertura de los expedientes disciplinarios y preparar el terreno para el traslado de los agentes.
La grabación muestra cómo el inspector Pérez Sánchez se pone en contacto con Miguel García Rubiño, exlíder del sindicato independiente de la policía (SIPLG), y le exige que varias madres del colegio en el que uno de los agentes presta servicio formulen quejas, cada una de ellas de manera individual, por trato vejatorio. Este es el pago que, según fuentes consultadas por este periódico, debe pagar García Rubiño a la trama policial por «haber ayudado a su hijo obtuviera la mejor calificación en las oposiciones para las cuatro plazas de policía local convocadas en Albolote». Unas pruebas que se han paralizado debido a la investigación judicial.
La conspiración se extiende aún más. El subinspector Roberto López Tendero, sobrino del exjefe, revela que también se debe presionar al subinspector Santiago Jesús Jiménez García para que contacte con varios vecinos y obtenga quejas similares contra los agentes, con la intención de que estos «paguen» por el favor de haber asegurado el puesto de trabajo de su «enchufado» en Albolote, Francisco José Jaramillo, que quedó en la segunda posición en las mismas oposiciones.
Finalmente, en otro fragmento revelador, López Tendero, consciente de los ilícitos en los que está involucrado, aconseja cautela: «Porque si cae el jefe, nos dan por culo a todos». Este último comentario deja entrever la magnitud de la trama, que no solo compromete a los agentes en cuestión, sino que también involucra a toda la cúpula policial en un entramado de favores y represalias ilegales.
Este caso pone de manifiesto un sistema de abuso de poder dentro de la Policía Local de Granada en el que las autoridades emplean prácticas corruptas para defender intereses personales y políticos a costa de la legalidad y los derechos de los agentes.
