Estupor policial tras limitar Interior las multas a quienes consumen drogas en el coche

La eliminación de las multas a quienes consuman o porten drogas en su vehículo aparcado tras la nueva instrucción del Ministerio del Interior ha generado «gran estupor e indignación» entre las fuerzas de seguridad. La Secretaria de Estado de Seguridad ha fijado este criterio teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en distintas sentencias ha reconocido que los coches particulares gozan de una protección reforzada por pertenecer a la esfera privada de los ciudadanos. Por tanto, este escenario supone una excepción a la hora de aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana. A juicio de los sindicatos policiales, sin embargo, esta directriz limita la capacidad de intervención de los cuerpos policiales y supone un grave retroceso en la lucha contra el tráfico y consumo de drogas. 

La instrucción, a la que ha tenido acceso este periódico, deja sin efecto las sanciones administrativas de la conocida como ley mordaza respecto a la tenencia ilícita o al consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en el interior de los vehículos particulares utilizados «exclusivamente como medios de transporte estacionados». Interior argumenta que estas sanciones suponen «un daño para el bien jurídico protegido en el que se conforma la seguridad de las personas» tras las resoluciones del Alto Tribunal. Y deja en manos del «prudente criterio» de los agentes actuantes si el hecho es constitutivo o no de una infracción grave», teniendo en cuenta, además, que el citado texto «solo menciona los transportes colectivos». 

De acuerdo con estas apreciaciones, consumir droga en un autobús público o en el metro sí conllevaría una sanción, pero no si se hace en el aparcamiento de una vía de servicio en la carretera, por ejemplo. Es la reflexión que trasladan, precisamente, distintas fuentes policiales, las cuales advierten de que esta nueva orden desencadenará tragedias en la carretera, habida cuenta de la paradoja que encierra la directriz. «Después de fumarte dos porros y meterte cuatro rayas, te puedes marchar a casa tranquilamente. Y si por el camino matas a alguien, que les pidan explicaciones a Interior», critican. 

¿Y si el coche está en tránsito?

La jurisprudencia del Alto Tribunal, prosigue en la instrucción la Secretaría de Estado de Seguridad, considera que los vehículos privados son objetos que «por su propia naturaleza guardan estrecha relación con el concepto de intimidad y privacidad de sus titulares, en cuanto son propicios y apropiados para albergar en su interior objetos y elementos reveladores del área más íntima de la persona». Por este motivo, afirma Interior, el consumo de drogas en un coche particular «utilizado exclusivamente como medio de transporte estacionado, no se considera subsumible en ninguna de las infracciones administrativas» citadas por la ley. 

Distinto escenario se plantea si el consumo o la tenencia de estupefacientes o sustancias psicotrópicas se lleva a cabo en un vehículo en tránsito. En este caso, subraya la orden, sí podría tratarse de una conducta subsumible en el Código Penal, en concreto, de un delito contra la salud pública o de un delito contra la seguridad vial. «El principio de tipicidad de la infracción requiere que el acto castigado se halle claramente definido como infracción por el ordenamiento jurídico, razón por lo cual no resulta posible incriminar conductas que no se hallen expresa, clara y previamente comprendidas» en la norma, detalla el escrito, dirigido a todas las fuerzas de seguridad.

«Limitan nuestra capacidad de intervención»

Los cambios fijados por Interior, advierte Jupol, uno de los sindicatos mayoritarios de la Policía, «pueden tener consecuencias graves y contraproducentes para la seguridad ciudadana, la salud pública y la autoridad de los cuerpos policiales». Esta organización critica que la exclusión de sanciones administrativas en este tipo de contextos «transmite una preocupante sensación de permisividad que, lejos de resolver un problema, puede amplificarlo». 

Por otro lado, este sindicato policial enmarca la orden en «una preocupante tendencia impulsada por el Gobierno para relajar la normativa en materia de seguridad ciudadana», como demuestra la modificación que pretende llevar a cabo de la ley mordaza. «Lejos de reforzar el marco legal frente al consumo, la tenencia o el tráfico de drogas —actividades que tienen un impacto directo en la salud pública y la seguridad—, el Ejecutivo está promoviendo cambios legislativos que suavizan las sanciones, limitan la capacidad de intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y acaban por normalizar o tolerar comportamientos que deberían ser objeto de firme vigilancia».

En la misma línea, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) califica la medida de «inconcebible» y advierten de posibles tragedias en la carretera derivadas de esta instrucción «que deja sin herramientas legales a los agentes para intervenir». «A partir de ahora, cualquier persona puede consumir sustancias estupefacientes dentro de un vehículo estacionado y, acto seguido, reanudar la marcha bajo sus efectos, quedando completamente fuera del alcance de la actuación policial hasta que sea demasiado tarde». «La instrucción pone en riesgo directo la vida de miles de personas y es un retroceso en la lucha contra el tráfico y consumo de drogas». 

La Confederación España de Policías (CEP), entre tanto, critica que el Gobierno basa esta instrucción en «una supuesta preocupación por la seguridad de los agentes», cuando conllevará todo lo contrario: «podar la principal norma que utilizan los policías en las calles de España para garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia». «Interior nunca ha trasladado que le preocupaban estos extremos, prueba de ello es que han pasado siete años sin activar medida alguna que, por seguir esa línea argumental, evitase riesgos para los profesionales de la seguridad pública», censura el CEP.