Descontrol minero en Asturias: hay más accidentes que antes de la prohibición

El Principado de Asturias ha atribuido el accidente minero en el que perdieron la vida dos trabajadores hace una semana a un hundimiento súbito y fortuito. Las autoridades han destacado que la explotación subterránea de Cangas del Narcea no presentaba señales de riesgo, que había sido inspeccionada la víspera y que la empresa responsable de la actividad, TYC, cumplía estrictamente con todas las normas de seguridad. Sin embargo, en el sector se observa con perplejidad que la región haya sufrido dos siniestros con un total de siete víctimas mortales en cerca de medio año.

Fuentes de la seguridad minera cuestionan el relato oficial y apuntan a THE OBJECTIVE que las compañías tienden a incumplir los estrictos protocolos que regulan esta industria cuando las autoridades no fiscalizan de forma adecuada. «Solo demuestra que las autoridades no han hecho nada, ni las de Asturias ni las nacionales en Madrid, porque tener dos accidentes en Asturias, donde la minería está muy reducida, con cinco fatalidades es totalmente inaceptable», subrayan, añadiendo que se producen «más fatalidades ahora en Asturias que en los años en los que Hunosa trabajaba con minas de carbón».

Una directiva europea de 2018 obligó a clausurar las grandes explotaciones de carbón al año siguiente. Desde entonces, solo se permiten —al menos, sobre el papel— actividades a mucho menor escala como la prospección de grafito, y España ha pasado a importar carbón de países productores como Sudáfrica. Entre 2004 y 2024, la base de datos de la Vicepresidencia de Transición Ecológica recoge accidentes mortales en Asturias el 28 de mayo y el 18 de octubre de 2004; el 11 de enero y el 29 de enero del año siguiente; el 17 de octubre de 2007; y el 30 de junio de 2008.

Las fuentes consultadas manifiestan que «si hay alguna responsabilidad por las muertes, independientemente de las empresas, hay una gran responsabilidad política». Denuncian que la elevada siniestralidad «demuestra que las empresas no están trabajando bien y no hay fiscalización por parte de las autoridades», que ni siquiera enviaron a ningún inspector ni responsable a un taller reciente sobre seguridad, cuando habitualmente en otras regiones y países este tipo de formaciones cuentan con representantes tanto públicos como privados.

Además, reprochan que se concedan «medallas y condecoraciones» a los brigadistas de Salvamento Minero solo cuando se les necesita, «pero nadie se preocupa por las horas que está trabajando esta gente y deberían cobrarlas», ya que «los mandos de Hunosa tienen poder, cobran bien y tienen buenos coches, pero cuando toca pagar a las brigadas, no quieren pagarles las horas». Tal y como explicó CCOO, los 19 miembros de la Brigada Central de Salvamento Minero han pedido la renuncia a su puesto por los incumplimientos laborales, en particular, 9.000 horas extra impagadas. Tras constatar un «abandono total», han solicitado volver a sus anteriores funciones, ya que participar en este cuerpo es voluntario. Recientemente, se reunieron con la compañía sin que se haya alcanzado ningún acuerdo.

En las últimas décadas, la seguridad minera ha progresado enormemente en España, y aunque se trata de una de las industrias con mayor siniestralidad laboral, cada vez se registran menos incidentes gracias al desarrollo de las normativas y protocolos de seguridad. Si bien esta es la tendencia general, los expertos recuerdan que, sin un control suficiente, estas medidas pierden gran parte de su eficacia. El anterior accidente fatal en la comunidad, la explosión de gas grisú del pasado 31 de marzo en Cerredo, ya alimentó las sospechas de que las autoridades, por omisión, estaban permitiendo extraer carbón de forma intensiva a las empresas de forma ilegal. La consejera de Industria, Belarmina Díaz, acabó dimitiendo para facilitar la investigación de lo ocurrido.

En el caso más reciente, el de Cangas, la versión oficial apunta a una causa geológica imprevisible, que eximiría de responsabilidad tanto a la corporación, TYC, como a las instituciones encargadas de la supervisión. Según el sucesor de Díaz, Borja Sánchez, la mina subterránea había sido inspeccionada el día antes y no presentaba «ninguna señal» de riesgo de hundimiento. En declaraciones a los medios transcritas por la agencia EFE, explicó que el caso de Cerredo obligó a llevar a cabo una revisión en el ámbito de la seguridad privada, por lo que la explotación de Cangas fue sometida a «diferentes inspecciones» que concluyeron que «todo estaba en una situación normal».

El pasado domingo 23, los dos trabajadores fallecidos fueron despedidos por sus seres queridos en sendos funerales. Anilso Soares (42 años), el sexto trabajador leonés fallecido en un accidente minero en lo que va de año —todos ellos en explotaciones asturianas— fue enterrado en la localidad de Caboalles de Abajo, en la comarca de Laciana (León), mientras que su compañero Óscar Díaz (32 años) lo fue en el mismo municipio en el que ocurrió el siniestro, Cangas del Narcea, donde residía. La despedida se celebró en la Iglesia de Posada de Rengos, a solo un kilómetro de la mina en la que trabajó hasta su trágica muerte.