El retiro dorado de los jefes de ETA en Caracas: ya cobran pensión tras ser fichados por Maduro

Las bases de datos oficiales de Venezuela permiten hoy reconstruir en buena parte el desenlace de una historia que durante años se abordó casi exclusivamente desde el plano político o judicial. Antiguos dirigentes de ETA refugiados en el país fueron integrados en el entramado empresarial público y han acabado su trayectoria como pensionistas del sistema venezolano y parte de sus expedientes administrativos archivados. Otros fallecieron en Venezuela y al menos dos regresaron a España desengañados del régimen de Nicolás Maduro.

La investigación de THE OBJECTIVE, basada en el acceso directo a registros laborales y de pensiones, permite por primera vez fijar hechos comprobables y separar la documentación oficial de los relatos genéricos sobre el exilio etarra. El análisis no se apoya en autos judiciales antiguos ni en informes de inteligencia, sino en bases administrativas en vigor, en particular las del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el organismo equivalente a la Seguridad Social española. Esos registros acreditan que varios etarras asentados en Venezuela fueron contratados por empresas y organismos públicos, regularizaron su situación laboral y cotizaron durante años bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

No existe una relación pública de fichajes firmada por el Ejecutivo venezolano. Sin embargo, los expedientes sí reflejan empleo público sostenido, cotización al sistema y salida formal en momentos clave. Los protagonistas son los lideres de la banda terrorista en Venezuela. Ese proceso de integración administrativa explica que algunos de estos antiguos dirigentes hayan alcanzado la edad legal de retiro dentro del propio sistema venezolano, un extremo que hasta ahora no se había documentado con detalle.

Pensión pública tras dos décadas de cotización

El caso más claro es el de Xabier Arruti Imaz, considerado durante años uno de los principales referentes de la estructura etarra en Venezuela. Los registros del IVSS consultados por THE OBJECTIVE lo sitúan como asegurado desde enero de 2005, con una trayectoria laboral continuada en empresas y administraciones públicas, entre ellas Gas Comunal, compañía estatal del sector energético y vinculada a PDVSA, y posteriormente una alcaldía del Estado Falcón.

El expediente refleja salida administrativa a finales de 2023 y, cumplidos los requisitos de edad y semanas cotizadas, reconocimiento de pensión de vejez en 2024, que figura activa en consultas actualizadas en 2026. Es decir, Arruti cobra hoy una pensión pública venezolana, culminando un proceso ordinario de jubilación tras años de integración en el aparato del Estado chavista. Desde el punto de vista administrativo, su itinerario es coherente: alta, cotización prolongada, cese y prestación.

Investigación judicial y expediente archivado

El recorrido de Arturo Cubillas Fontán es más complejo y exige mayor precisión. Los registros administrativos confirman su vinculación laboral con la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), empresa pública dependiente del área agraria, pero también fijan un dato clave: egreso formal en 2016.

Desde ese momento, su rastro administrativo no desemboca en una pensión activa en los registros consultados. El expediente existe, pero aparece depurado del circuito operativo: figura como cesante, sin continuidad laboral ni prestación reconocida. No hay desaparición documental, sino archivo administrativo tras la salida del sistema, un patrón distinto al de Arruti.

Este final administrativo contrasta con el peso político y judicial que Cubillas tuvo durante años. La Audiencia Nacional española lo procesó al considerarlo uno de los máximos responsables de ETA en el continente americano, atribuyéndole funciones de coordinación exterior y enlace con otras organizaciones armadas. En distintos autos judiciales se sostuvo que Cubillas habría colaborado con las FARC colombianas, facilitando contactos y entrenamiento entre militantes de ETA y la guerrilla en territorio venezolano.

El desembarco en Venezuela

Además de las trayectorias que derivaron en jubilación o en archivo administrativo, no todos los etarras llegaron ni se quedaron en Venezuela de la misma manera. Muchos lo hicieron desde Europa en contextos de huida de la Justicia española o tras acuerdos de tercerización de refugiados en los años ochenta, cuando Caracas fue destino principal de huidos que ponían tierra de por medio con las fuerzas de seguridad europeas. En ese grupo histórico se integraron figuras como Cubillas y Xabier Arruti Imaz, que llegaron en distintos momentos del exilio tras su actividad en ETA y encontraron cobijo en Venezuela.

Cubillas, por ejemplo, llegó a Caracas en un contexto de reclamaciones judiciales por parte de la Justicia española y se integró con el tiempo en organismos públicos venezolanos. Su llegada forma parte de un flujo más amplio de militantes que, ante la presión policial en Francia, España y Argelia, optaron por Venezuela como refugio. Al mismo tiempo, otros miembros de ETA recalaron en el país en busca de protección y otras oportunidades de vida, algunos con mayor discreción que aquellos que acabaron vinculados a estructuras estatales. Esa diversidad de ingresos y experiencias explica por qué los expedientes administrativos disponibles no ofrecen un relato único de integración o destino final, sino trayectorias diferentes dentro del mismo fenómeno histórico.

El exilio etarra en Venezuela también incluyó a figuras de máximo perfil como José Ignacio de Juana Chaos, condenado por múltiples asesinatos y símbolo del sector más violento de ETA. Su estancia en el país no derivó en integración administrativa ni en pensión pública, y terminó diluyéndose sin proyección ni estructura.

Lo que los expedientes no cuentan

Esa investigación —que situó a Cubillas como nexo entre ETA y las FARC en la década de 2000— motivó peticiones de extradición cursadas por España, que no prosperaron. Venezuela negó reiteradamente su colaboración en esas entregas, amparándose en su soberanía y en la nacionalidad venezolana adquirida por Cubillas.

Los documentos administrativos venezolanos permiten comprobar altas, bajas, cotizaciones y estados finales, pero no reconstruyen de forma continua la actividad real ni detallan las funciones desempeñadas en cada periodo. Hay tramos temporales sin información, cargos no explicitados y discontinuidades que introducen zonas de sombra sobre el alcance exacto de la integración de estos dirigentes en el aparato del Estado. Esa falta de trazabilidad completa no invalida los datos esenciales, pero explica por qué el final del exilio etarra en Venezuela no puede leerse como un proceso transparente.

Además de los casos documentados en los registros administrativos de régimen de Maduro, hay ejemplos de antiguos miembros de ETA cuya relación con Venezuela terminó antes de entrar en el circuito laboral estatal o de pensión. Un caso destacado es el de Koldo Zurimendi Oribe, histórico militante de ETA vinculado al comando Pasagarri, que decidió regresar al País Vasco en 2019 tras décadas de exilio. Zurimendi, que llegó a Caracas en los años ochenta, optó por volver a España argumentando dificultades económicas y la «situación amargada» del país caribeño bajo el régimen de Nicolás Maduro, donde su estancia era insostenible, pese a que durante años formó parte del mismo entorno que integró a otros etarras en la administración pública.

Fallecimientos y cierre definitivo

A la jubilación y al archivo administrativo se suman los muertos. Casos como los de Miguel Ángel Aldana Barrena, fallecido en Venezuela en 2016, o Martín San Sebastián Aguirre confirman que la estructura etarra en el país no tuvo continuidad generacional. El exilio envejeció y se extinguió entre pensiones, expedientes archivados y muertes, sin relevo ni proyección futura.

El panorama que presentan los documentos es concluyente. El exilio etarra en Venezuela no terminó en poder político ni en influencia duradera para una parte de los etarras huidos a Venezuela, pero sí para los miembros destacados. Estos terminaron integrados, regularizados y empleados por el mismo Estado que los acogió.