El DAO aprueba las investigaciones de Asuntos Internos: «No podían investigarle»
«Si quienes están arriba saben que todo pasa por ellos, ¿quién se atreve a denunciar?», se preguntan fuentes policiales
El exdirector operativo de la Policía, el comisario principal José Antonio González.
La arquitectura interna de la Policía Nacional tiene un punto ciego. Y ese punto ciego, según quienes han ocupado la Dirección Adjunta Operativa (DAO) y responsabilidades clave en Asuntos Internos, se activa justo cuando el investigado es quien debería estar informado de la investigación. Las fuentes consultadas describen un protocolo tan asentado como problemático. Asuntos Internos puede iniciar diligencias de oficio y, si aprecia indicios de delito, trasladarlas directamente a la Justicia. Pero lo habitual no es eso. Lo habitual es informar. «Lo normal es que el agente informe a su superior, el jefe de Asuntos Internos, y este al DAO», explican. No hace falta detallar cada paso ni desvelar cada indicio en la fase inicial, pero sí comunicar que se ha abierto una investigación.
Esa comunicación previa no es un capricho. Forma parte del engranaje ordinario. Cuando se va a practicar una detención, el DAO es informado con antelación para coordinar a las comisarías del lugar donde se producirá la intervención con los agentes de Asuntos Internos. El sistema está pensado para funcionar con jerarquía y conocimiento compartido. El problema —admiten estas mismas fuentes— es que ese diseño no contempla un supuesto: que el presunto investigado sea el propio DAO. «No podían investigarle». En el centro de esa inacción aparece Gema Sanz, actual responsable de la Unidad de Asuntos Internos y esposa del comisario Javier Galván, uno de los mandos promovidos durante la etapa de José Ángel González al frente de la Dirección Adjunta Operativa. Galván, considerado hombre de máxima confianza del ex DAO, dirigió Asuntos Internos antes de ser nombrado jefe superior de Policía de Madrid, ascenso que se produjo bajo el paraguas de José Ángel González. Tras su salida, la jefatura de la unidad recayó en su mujer.
El caso de la inspectora
En el caso que afecta al ex director adjunto operativo acusado por agresión sexual, José Ángel González, conocido en el Cuerpo como Jota, el cortocircuito institucional se agrava por otra vía. Tal y como publicó THE OBJECTIVE, la estructura interna no habilitó ningún canal específico para atender a la inspectora que denunció haber sufrido una presunta agresión sexual. La agente cogió la baja el 28 de julio de 2025. A partir de ese momento debía activarse un protocolo claro. Según fuentes policiales conocedoras del procedimiento, el servicio sociosanitario —encargado del control del absentismo laboral— tenía que citarla «en el mínimo tiempo imprescindible». Un equipo especializado de psicólogos debía valorar su estado, recabar informes médicos y, si apreciaba indicios de delito, poner los hechos en conocimiento de las unidades competentes o de la autoridad judicial. Ese plazo operativo no supera, en ningún caso, las cinco semanas. Nada de eso ocurrió.
El seguimiento no se realizó. No hubo entrevista psicológica, ni valoración posterior, ni elevación del expediente a Servicios Sanitarios Centrales, Tribunal Médico, Régimen Disciplinario o Asuntos Internos. El procedimiento se detuvo en seco. «Se evitó deliberadamente que el caso siguiese su curso natural y se activasen los mecanismos que podrían derivar en responsabilidades disciplinarias o incluso penales», sostienen fuentes del Cuerpo. La consecuencia es verificable: en los seis meses transcurridos entre su salida del puesto y la interposición de la querella —el pasado 9 de enero—, la inspectora no recibió seguimiento médico ni psicológico alguno por parte de la Policía, según ha relatado su abogado, Jorge Piedrafita. El expediente quedó archivado en un cajón desde el momento en que fue notificado al servicio sociosanitario. «La estrategia fue clara: dejar correr el tiempo para que no se activase esa maquinaria», afirman fuentes próximas a los hechos.
El control de los tiempos
Las mismas fuentes señalan al inspector C. G., jefe de Servicios Sanitarios de la Policía Nacional, como pieza clave en esta presunta inacción. Le atribuyen «un control absoluto» sobre los procesos vinculados a bajas médicas y psicológicas y describen una acumulación de poder interno que le habría permitido influir decisivamente en la tramitación —o paralización— de expedientes sensibles. Siempre según estas versiones, su proximidad al ex DAO habría sido determinante. El resultado práctico fue que el caso no escaló a ningún órgano con capacidad real de investigar.
Pero incluso si lo hubiese hecho, añaden otras voces consultadas, se habría topado con un nuevo obstáculo estructural: Asuntos Internos tampoco es impermeable a la cadena jerárquica. En circunstancias ordinarias, se informaría al DAO de la apertura de diligencias. Y la actual jefatura de la unidad, subrayan estas fuentes, mantiene afinidad con la cúpula operativa. El problema, por tanto, no es solo una omisión concreta, sino un diseño institucional que dificulta investigar a quien ocupa la cúspide. La unidad llamada a depurar responsabilidades depende orgánicamente de la misma estructura a la que debería fiscalizar.
Antiguos responsables de la DAO y mandos con experiencia en Asuntos Internos coinciden en el diagnóstico: la unidad carece de un cortafuegos real cuando la sospecha alcanza a la dirección operativa. La cadena de información, pensada para coordinar y evitar interferencias, se convierte entonces en un canal de alerta temprana para el eventual investigado. De ahí que varias voces dentro del Cuerpo reclamen una reforma profunda del funcionamiento de Asuntos Internos. No solo para blindar su autonomía operativa, sino para generar confianza entre los agentes. «Si quienes están arriba saben que todo pasa por ellos, ¿quién se atreve a denunciar?», se preguntan. La cuestión de fondo no es un nombre propio. Es si el sistema está preparado para investigarse a sí mismo.